Guatemala sancionó una reforma legal que endurece las penas en casos de aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y las políticas públicas y educativas que apliquen perspectiva de género y respeten las identidades autopercibidas. La ley fue aprobada el 8 de marzo, en ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

La aprobación ocurrió en vísperas de que el presidente Alejandro Giammattei oficialice la anunciada designación de Guatemala como "Capital Iberoamericana Provida".

La norma, que fue llamada "Ley para la Protección de la Vida y la Familia", establece penas de hasta 10 años de cárcel a "la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause", un delito que hasta ahora eran sancionado con una pena máxima de tres años. En tanto, será castigado con prisión de hasta 50 años quien sea hallado responsable de practicar un "aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer" y que causen la muerte de la mujer, lo que fue definido como "aborto calificado".

Además, reforma el Código Civil y establece que "se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo". De manera complementaria, también prohíbe "a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer".

La ley fue duramente cuestionada por distintos representantes de la oposición. "Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio", advirtió el diputado Walter Félix, del partido URNG. "Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso", observó, por su parte, la congresista Lucrecia Hernández, del partido Semilla. 

Esta nueva norma es "a todas luces inconstitucional" y alimentará el "estigma" y la "intolerancia", adelantó Hernández.

"Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca", celebró el diputado oficialista Armando Castillo, del partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.

"No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios", añadió por su parte la diputada Patricia Sandoval, del partido FCN, mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.