Como el Normal de Banfield es un colegio con fuerte tradición, una identidad marcada y egresados que incluyen al propio intendente Martín Insaurralde, el escándalo de los apremios ilegales a Lautaro Morales y de los policías corriendo chicos por los pasillos llegó al Concejo Deliberante de Lomas de Zamora. Los concejales repudiaron los hechos.
En una sesión especial los legisladores de Lomas exigieron al gobierno de María Eugenia Vidal “que informe respecto de las medidas que adoptará en respuesta a la impunidad con la que se comportan los agentes bonaerenses, quienes actuaron sin las identificaciones reglamentarias e ingresaron violentamente al establecimiento educativo, recordando las peores épocas de la historia argentina”.
Durante el debate, ante la invitación de los concejales la docente Verónica Reynoso relató que el 17 de mayo trató de hablar con los policías, “pero con su actitud de impunidad avasallaron todos los derechos, porque los directivos del Normal nunca les abrieron las puertas, y pusieron en una condición de vulnerabilidad no solo a los adultos que estábamos en ese momento sino a cientos de chicos presentes en la escuela”.
Contó Reynoso que las secuelas son graves. Además de la angustia de Lautaro “hay chicos con ataques de pánico”.
También habló Daniel Morales, el papá de Lautaro. “Por el secuestro, el encapuchamiento y las torturas psicológicas de amenazas aberrantes mi hijo quedó en un estado de temor”, dijo.
Pidió Morales “que se esclarezca y se sancione el ataque, para que ningún otro pibe tenga que pasar por lo que está pasando Lautaro”.
Sofía Montenegro, presidenta del centro de estudiantes, dijo “que ya son tres los casos de compañeras a las que las sigue un patrullero cuando salen del colegio”. Narró que las intiman unas cuadras y después se van. “La policía debería estar para cuidarlos pero los chicos no les tenemos confianza y les tenemos miedo.” Dijo la estudiante que el gobierno provincial debería informarles el nombre de los policías que entraron al colegio. “Ellos nos piden documentos y revisan nuestras mochilas pero no usan identificación. ¿Siguen siendo policías los que nos atacaron? Cuando nosotros los filmamos porque están haciendo algo irregular nos detienen y nos exigen los documentos. Pero ellos pasan por el colegio cuando entramos o salimos y nos filman como en una provocación. ¿Por qué nos filman a nosotros? ¿Qué derecho tienen?”
El concejal Claudio Menéndez, del Frente para la Victoria, presentó el proyecto por la violencia institucional cometida por la policía. “Se pueden robar un camión de bomberos en Fiorito y no va ningún móvil”, dijo. “En la Normal participaron media docena de patrulleros y de 10 a 15 policías, y todo para intentar detener a un menor de edad”, se quejó.
“Cuando los jóvenes se ponen en marcha los cambios son inevitables”, dijo el concejal peronista Gabriel Guirliddo en una nota de optimismo.
Concejales de Cambiemos aportaron una cuota de originalidad. “Estamos pidiendo policías en las escuelas y ahora las denunciamos”, fue el argumento. Siguió otro razonamiento que podría ser tomado de la insistencia presidencial en no hablar de terrorismo de Estado o, en casos como éste, de violencia cometida por el Estado: “La historia tiene que ser contada en su totalidad”.
Marcelo Pellegrini, radical integrante de Cambiemos, exhibió matices. Por un lado repudió un hecho que consideró “estremecedor, triste, con consecuencias terribles para el chico y los otros compañeritos”. Por otro lado dijo: “Me parece preocupante la falta de búsqueda de consenso en el Concejo Deliberante y me preocupan también las actitudes partidarias para lucrar políticamente con estos hechos”. Por eso no votó los considerandos del proyecto, con alusiones institucionales.
En cambio Juan Carlos Veliz, del Frente Renovador, recordó que el Normal tiene 33 desaparecidos, uno de ellos compañero suyo. Dijo que funciona “una corporación judicial y policial que no comenzó con este gobierno, porque el gatillo fácil existe hace décadas y es una herencia de la dictadura militar”. Dijo que hay policías con buen comportamiento pero otros que, como los jueces, “desarrollan un criterio propio”, y lamentó que desde la política se los respalde.
El concejal Julio Rivero, de Miles, inscribió los hechos dentro de “un ataque del gobierno a la educación pública”, junto con otras acciones similares en la provincia de Buenos Aires y en la Capital Federal, la represión a los maestros y “la represión a los jóvenes para acallar su rebeldía”.
