El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, imputó nuevos hechos a los dos funcionarios que representaban al momento de las denuncias a organismos nacionales, la directora del Pami local, Verónica Molina, y el por entonces director de una de las dos sedes de la Anses en Salta, Marcos Vera Ramírez. 

Los dos son investigados penalmente por los delitos de concusión agravada, malversación de caudales y peculado. Y en el caso de Vera, Toranzos solicitó acumular otra investigación, la que lo involucra entre quienes cobraron o intentaron cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) durante la pandemia de coronavirus en 2020.

En la audiencia, ante la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, el fiscal imputó por el mismo delito y en calidad de partícipe necesario, a otros dos funcionarios del Pami y a un dirigente político local. Se trata de Gustavo Emilio Gerónimo, coordinador del Modelo de Atención Personalizada; Diego Jesús Albornoz, coordinador Ejecutivo; y el ex concejal Fernando Andrés Ruarte, a quien en plena campaña electoral de 2021, en la que se postulaba a renovar su banca, se lo vio entregando electrodomésticos decomisados que la Dirección General de Aduana (DGA) había donado a la obra social de los jubilados y pensionados con el objetivo de entregar entre 1.500 afiliados “en situación de vulnerabilidad”.

De hecho, en esa ocasión, el mismo Ruarte publicó las imágenes en las que se lo ve junto a Vera y Molina, entregando los electrodomésticos en diferentes Centros de Jubilados de la ciudad.

Al referirse al marco de entrega de esos bienes, el representante del Ministerio Público Fiscal resaltó que los beneficiarios sostuvieron que en ningún momento se aludió al Pami como promotor de los beneficios, sino que todo fue promovido por dirigentes de La Cámpora, quienes pidieron a cambio su apoyo al Frente de Todos en los comicios electorales.

Esta causa se inició en octubre del año pasado a través de datos que aportó una testigo que pidió reserva de su identidad, en los que sindicó a Vera y Molina como los que pedían en persona a quienes habían ingresado bajo su gestión dentro del Pami que entregaran el 20% de su sueldo en supuesta compensación por sus designaciones para la organización política a la que pertenecen.

Según el fiscal, el hecho se comprobó con las declaraciones brindadas en el juicio por el cobro irregular del IFE a tres ex gerentes del Pami, Viviana Fernández, Emilia Juárez y Javier Eduardo Navarreta, quienes dirigían las sucursales de Orán, El Carril y Embarcación, respectivamente, y que debieron renunciar a sus cargos tras conocerse que habían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia.

En su declaración por la causa IFE, Juárez fue una de las que apuntó a los dos funcionarios, dijo que les pedieron depositar el dinero en los bolsines que utiliza el Pami para enviar documentos vía Correo Argentino y de esa manera evitar los controles de Gendarmería.

Toranzos también hizo referencia a una serie de evidencias ya colectadas, entre ellas audios y capturas de mensajes telefónicos, en los cuales se menciona el pago de aportes denunciado. Y agregó nuevas evidencias como el informe técnico realizado al teléfono de Fabiana Juárez. Al cotejar los números, se precisó que los mensajes, en los que se pedía el pago de ese aporte, pertenecían a Vera y Molina.

La fiscalía destacó que en la cuenta bancaria del ex funcionario de la Anses removido en 2021, Marcos Vera, se detectó un total de 44 transferencias de dinero de otros funcionarios del Pami por un monto de $436.964, “con la discriminación del caso”, detalló, “lo que permiten acreditar la maniobra de peculado” y la participación de Gerónimo y Albornoz en la maniobra.

En vista de estas evidencias, la fiscalía formalizó las nuevas acusaciones respecto a Gerónimo, Albornoz y Ruarte, como también se sumó otros hechos a las acusaciones ya realizadas contra Vera y Molina, por lo que pidió una prórroga de la investigación dada su complejidad.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que la defensa de Molina se opuso a la prórroga, mientras que los defensores de Gerónimo, Albornoz y Vera no hicieron objeciones. En el caso de Ruarte, su defensa recusó al fiscal y planteó la ilegalidad de la acusación. El ex concejal prestó declaración y afirmó ser inocente y acusó de imparcialidad al fiscal.

Esas acusaciones fueron rechazadas de plano por Toranzos, y la jueza coincidió con él. La magistrada sostuvo que lo expuesto, tanto por Ruarte como por su defensa, carecía de “elementos de convicción suficiente para ser analizados” por la falta de argumentos.

Mariela Giménez además le otorgó finalmente la prórroga en la investigación al fiscal y denegó el planteo del defensor de Molina y posteriormente formalizó las nuevas imputaciones para Vera y Molina, como las que se presentaron contra Gerónimo, Albornoz y Ruarte.