El fiscal federal Eduardo Villalba resaltó que la trata de personas ha mutado a "formas más sutiles", en las que las víctimas no se reconocen como tales. El fiscal hizo esta afirmación al referirse a las jornadas de “Intercambio entre fiscales sobre buenas prácticas y desafíos en la gestión de casos de trata de personas en el sistema procesal acusatorio”, que concluyeron con el compromiso de los participantes de crear un manual de buenas prácticas para el abordaje de esta problemática y la persecución penal del delito, así como la asistencia integral a las víctimas. 

"El delito de trata ha ido mutando hacia formas más sutiles. Ya no encontramos el famoso viejo cabaret con personas sin documentos y privadas de la libertad física. Encontramos formas más sutiles de captación: (mediante) el trabajo, trabajos de servicio doméstico, cultos, etcétera. Eso conlleva a que sea muy difícil determinar si estamos ante un caso de trata", explicó el fiscal Villalba en declaraciones a Salta/12. 

Ante ello, consideró de vital importancia el trabajo conjunto que vienen realizando en Salta entre la Fiscalía Federal y la provincial, desde hace tres años, bajo el sistema acusatorio. 

"El abordaje conjunto permite saber si existe o no existe trata", a partir de delitos vinculados, algunos que son de incumbencia provincial, con la trata, que es de competencia federal. "No existe otra forma de abordar el delito. Aún en la modalidad de la trata dura, la víctima no se percibía víctima, ahora con mucha más razón, se trata de cadenas invisibles que encadenan a la víctima con su captor. Esas cadenas no son percibidas por la víctima", sostuvo Villalba. 

En ese sentido en las jornadas se debatió "sobre la necesidad de mejorar los recursos interdisciplinarios y fomentar un mayor diálogo con organismos, ya sea del estado nacional o provincial, a fin de obtener una asistencia integral", informó el Ministerio Público Fiscal Federal.

En las jornadas participó también el procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, quien puso de relieve el éxito de la colaboración mutua entre los operadores de ambos organismos y consideró acertados los artículos 90 y 123 del Código Procesal Penal Federal (CPPF), que instituye el proceso acusatorio -hoy de vigencia plena en Salta y Jujuy-, cuyos contenidos promueven y ordenan la cooperación entre los fiscales de ambos fueros.

"Acá en Salta hemos empezado con temas de drogas y se ha profundizado hacia la temática de trata. Estamos por celebrar un acuerdo que consagre esa buena tarea. Por otro lado, fue muy relevante durante toda la jornada la experiencia de los fiscales jujeños y salteños en la aplicación del Código Procesal Penal Federal, que es un sistema único que existe en Salta y Jujuy y ha sido establecido por el legislador para que empiece en estas provincias con la intención de que luego avance en el resto del país", manifestó Villalba.

El fiscal explicó que el Código Procesal Penal Federal actual prevé las garantías al imputado pero también "hacia la víctima en su máxima expresión". "No nos olvidemos que la crítica que tenían los códigos anteriores es el olvido a la víctima. El Estado le expropia la aflicción a la víctima y luego no le rinde cuentas (...) El código trae un capítulo especial de la víctima y una obligación por parte de los actores del proceso penal, fundamentalmente el Ministerio Público de la Nación, de rendirle cuentas e informarla constantemente y protegerla. Ello sin prejuicio de que en Salta existe un defensor de la víctima que también actúa conjuntamente con el Ministerio Público", explicó.

Villalba sostuvo que el CPPF consagra las garantías de un juez imparcial y crea la obligación de castigar la trata. "Existe una obligación del Estado argentino de afrontar este delito, descubrir a los responsables y castigarlo", sostuvo. Resaltó en Salta el acompañamiento de los jueces federales de Garantías en respetar los plazos establecidos por el CPPF.

Las jornadas se realizaron la semana pasada con el auspicio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y bajo la dirección del fiscal general Marcelo Colombo y la fiscala federal Alejandra Mángano, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Villalba y los fiscales Ricardo Toranzos, del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta (UFISA), y Federico Zurueta, responsable de la misma área en Jujuy, aportaron experiencias de éxito respecto a la gestión y avance en las investigaciones.

Toranzos apoyó la necesidad de contar con profesionales en la asistencia a la víctima, tanto para no recaer en acciones de revictimización, como para no estigmatizar al imputado.

También participaron fiscales de Tucumán, Córdoba, Rosario, Mendoza y Buenos Aires, entre otros distritos, quienes compartieron aportes dirigidos a superar "los diferentes desafíos" que les surgen en la gestión de casos de trata, en especial los vinculados a la competencia jurisdiccional.

La especialista en Protección de la OIM, Laura Estomba, destacó el valor de este encuentro, que se desarrolló en el marco del plan anual de Apoyo al Programa Nacional de Lucha contra la Trata de Personas en Argentina. “Estamos intercambiando experiencias, desafíos y buenas prácticas en materia de investigación de los casos de trata de personas bajo el sistema acusatorio, lo cual ayudará en la confección de un manual de investigación”, sostuvo.

Reparación y asistencia integral

“Los fiscales y las fiscalas estamos obligados por resoluciones internacionales a tener en cuenta una perspectiva de trabajo con enfoque centrado en los derechos de la víctima y la restitución, por lo que las causas penales no pueden reducirse solamente a una pretensión punitiva, por lo que no sólo se debe buscar que los tratantes vayan presos, sino que la pena incluya la reparación a las víctimas”, manifestó Mángano.

La fiscala puso énfasis en que la reparación “debe ser de carácter integral, en la cual esté incluida la reparación económica, pues se trata de un delito que tiene claramente esa finalidad, aunque también debe haber restituciones de orden laboral, vivienda y trabajo, entre otros”.

En ese sentido, también se abordó la necesidad de “empatía” con la víctima, "la cual debe incluir un reconocimiento no sólo formal, sino humano, con acciones que permitan conocer a la persona afectada más allá de su dolor", informó el Ministerio Público Federal.

Algunos de los puntos que se destacaron fueron la importancia de las entrevistas a las víctimas y el respeto por los tiempos de cada una, ya que el grado de afectación no es uniforme. Se puso énfasis en la gestión de la asistencia, "la cual no debe centrarse en lo básico, como ropa, comida y un lugar transitorio para vivir, sino que debe ir más allá en busca de que la persona reencause de vida a través de un trabajo u otros aportes que le devuelvan su dignidad".