El de ayer fue un día agitado para el municipio de Rosario de la Frontera y la familia Solís. Por la mañana allanaron el edificio municipal y detuvieron a Carolina Solís, secretaria de Hacienda, y horas más tarde se enteraron que otro fiscal pidió la elevación a juicio contra el intendente, Gustavo Solís, y seis funcionarios más por el supuesto “cobro indebido de programas sociales. En esa causa ya estaban imputados desde septiembre de 2021.

Alrededor de las 11 de la mañana, un equipo de la fiscalía penal de Rosario de la Frontera, bajo las órdenes del fiscal Nicolás Rodríguez López, se presentó en el municipio con una orden de allanamiento, y una vez autorizados se dirigieron hacia algunas oficinas en busca de documentos e información, ahí estuvieron hasta aproximadamente las 14. Según el Ministerio Público Fiscal, la principal investigada es la secretaria de Hacienda, Carolina Solís Mónico, quien ya se encuentra detenida. Aunque no quisieron adelantar más datos hasta la imputación, que según informaron, será hoy.

Minutos más tarde el Ejecutivo emitió un comunicado en el que confirmaba lo sucedido aclarando que sus autoridades colaboraron en todo momento, “con todos los elementos necesarios para la realización de las medidas solicitadas”.

El secretario de Gobierno de aquella localidad, Luciano Elvira, repitió ante Salta/12 que desde el municipio que comanda Gustavo Solís siempre estarán “a disposición y colaboraremos con la justicia”. Aunque aseguró que no les informaron de qué se trataba la causa ni sabía de la detención de la hermana del jefe comunal, pero reconoció que donde más se centraron los investigadores fue en el área de Hacienda.

A su vez, explicó que los asesores legales del municipio ya se encuentran trabajando “para tener detalles sobre el contenido de la causa y la documentación secuestrada”, y así determinar cuáles serán los pasos a seguir.

El funcionario sostuvo que todo el movimiento los había tomado de sorpresa y que si bien no quería “ver fantasmas”, esperaba que sea un movimiento “netamente judicial”, y no con otras intenciones. “Queremos que todo se conozca y se transparente con la documentación correspondiente”.

“Todos los funcionarios se mostraron predispuestos a colaborar en todo momento, así como se brindó toda la documentación requerida”, reiteró Elvira, “pero más de eso no podemos decir porque no sabemos, ni siquiera sabemos a qué se refiere la causa, será el fiscal quien deba informar”, sostuvo.

A juicio

Al golpe que significó el allanamiento y la detención de la hermana del intendente y secretaria de Hacienda, se les sumó un nuevo revés horas más tarde, cuando se enteraron que el fiscal penal Oscar López Ibarra requirió elevar a juicio la causa en la que se encuentra imputados desde septiembre del año pasado Solís y seis de sus funcionarios ante el Juzgado de Garantías 2 del distrito Metán.

En esta causa están acusados Matías Tomás Antonio Iturre (secretario privado del intendente), Orlando Rubén Cárdenas (jefe de Pagos), Silvia Carolina Solís Mónico (secretaria de Hacienda) y Antonia Silvia Acosta (tesorera) como coautores de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembros, en concurso real con los delitos de falsedad de instrumento público y peculado.

Mientras que a Solís lo imputó como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe en concurso real con los delitos de peculado y falsedad de instrumento público. A José Luis Feres, como autor de los delitos de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con falsedad de instrumento público y como partícipe necesario de peculado. También están acusados Juan Alberto Saldaño y Gustavo Alfredo Villagrán, como partícipes necesarios del delito de peculado dada la cooperación que se habrían realizado en la comisión del ilícito endilgado a los demás.

La investigación, contaron, se inició en el 2019 ante la denuncia de vecinos de esa ciudad por supuestas maniobras fraudulentas respecto al cobro de planes sociales en nombre de presuntos beneficiarios que aseguran no haber percibido dinero alguno.

En la fundamentación, el fiscal penal sostiene que en el periodo de septiembre de 2016 a noviembre de 2017, mediante maniobras constantes y organizadas, se habría desarrollado una operatoria interna en el municipio de Rosario de la Frontera, mediante la inclusión y el alta de distintos ciudadanos o beneficiarios en el programa “Salta Solidaria”, previsto para la realización de distintas tareas de bien público, sin que tales personas hayan solicitado su incorporación.

Además, según la fiscalía, se detectó el faltante de una importante cantidad de dinero, y la confección de documentación apócrifa, con la cooperación en algún caso, de terceros que facilitaban el cobro del dinero del sistema bancario.

El fiscal López Ibarra resaltó una situación de permanencia en el tiempo, de regularidad de conductas, miembros y acciones dirigidas a un objetivo común, que era “la realización de distintos hechos ilícitos indeterminados y necesarios para la extracción de los fondos públicos para su beneficio o de terceros”.

Solís ya denunció persecución política por parte del gobierno provincial por no pasarse al oficialismo, cuando en 2020 la Auditoría General de la provincia, a través de Mariano San Millán, se presentó en fiscalía a denunciar irregularidades en las cuentas del municipio pero durante el período 2017, y que ya habían sido auditadas en 2018.