El fiscal Luis Schiappa Pietra, jefe de la Agencia de Criminalidad Organizada, salió a rechazar de plano el proyecto de desfederalización del narcomenudeo, para que el pequeño tráfico de estupefacientes sea perseguido por la justicia provincial. El jefe de la principal agencia contra el crimen local pidió reformar la policía, no sacarle trabajo al fuero federal y fue categórico al afirmar que "la desfederalización es una mala forma de encarar el tema en este contexto, incluso fomentando el encarcelamiento de los actores menos relevantes que intervienen en los mercados criminales, como ha sucedido en otras provincias argentinas. Hay que ir a otro modelo de abordaje, incluso nacional, con claridad política criminal en cuanto a qué y cómo perseguir este mercado ilícito. Todo esto en el marco de la persecución de los excedentes millonarios que se lavan y en donde interviene ilegalmente el sistema financiero y el estado en sus diversas composiciones. Nada de esto está en los planes y en el debate sobre esta ley de desfederalización". El texto fue presentando por el senador radical Lisandro Enrico y apoyado públicamente por el fiscal general Jorge Baclini. Incluso el propio ministro de Seguridad Jorge Lagna, aceptó dar el debate luego de reunirse con sus pares de Córdoba y Salta, sobre quienes dijo que le hablaron muy bien de los resultados en esas provincias".
¿Qué piensa del proyecto del senador radical Lisandro Enrico, que propone nuevamente desfederalizar la lucha contra el narcomenudeo y pasarla a manos de fiscales provinciales?
-Pienso que este proyecto no soluciona ningún problema y, en cambio, profundiza otros. Estas iniciativas expuestas así parecen no atender a los problemas medulares de ese mercado criminal.
-¿Por qué lo dice?
-En primer lugar hay que tener claro que en términos de investigación, este no es un problema de competencias judiciales federal o provincial. Los hechos violentos conexos al mercado ilegal de drogas minorista son investigados perfectamente hoy con este esquema de competencias actual por la justicia provincial. Esta legislación no es un impedimento en absoluto y me remito a las causas judiciales por homicidios, balaceras, o extorsiones. Por otro lado es un planteo político algo contradictorio en el contexto actual ya que hoy se está debatiendo la implementación de la reforma federal y en ese marco no parece razonable que le saquen a la justicia federal gran parte de su carga de trabajo , que es aproximadamente el 70 % de los casos, y se lo entreguen a la justicia provincial. Y todo eso sin reforma federal.
-¿La actual estructura judicial provincial podría absorver todo ese trabajo?
- Esto demandaría otorgar muchos cargos de jueces, fiscales, defensores y empleados a la provincia también. Es decir un aumento de la estructura de funcionarios y magistrados sin ningún criterio cuantitativo ni cualitativo que la sostenga. Por que resulta obvio que al sistema federal lo van a tener que dotar de cargos para implementar la reforma.
-¿Qué otra objeción le haría al proyecto?
-El gran tema del que en estos proyectos directamente no se habla, es el de los problemas en la decisión y planificación de las investigaciones penales. Recuerdo haber escuchado al juez federal Carlos Vera Barros , a la salida de la reunión de jueces en la Facultad de Derecho, que ellos "trabajan las causas que llegan a su despacho". Bueno, ahí esta el problema. Qué causas, quién lo decide, quién y cómo se investiga. Las definiciones centrales de las investigaciones no pueden ser dejadas a la corporación policial. La reforma federal debe hacer responsable a las autoridades judiciales, a los fiscales y no a los jueces de instrucción, de la toma de decisiones sobre las investigaciones. Para todo esto un tema central es la relación de la policía con las fiscalías. Nosotros hoy trabajamos en algunos pocos temas muy bien con Procunar y algunos fiscales federales. Eso lo estamos revisando constantemente y creo que mucho se puede sacar de estas pocas experiencias, para ampliar y mejorar este trabajo conjunto, ya que obviamente falta mucho por hacer en esta materia. Pero diria que hoy para nosotros en varias causas no es tan problemático el tema de las competencias, por que abordamos conjuntamente con los federales el problema. Incluso llegamos a acuerdos en cuanto a la competencia concurrente en materia de lavado, más allá de los debates jurisdiccionales al respecto que no están cerrados.
-Recién hacía referencia a la policía en el marco de las investigaciones. ¿Es necesario cambiar algo en este punto?
-Entiendo que es urgente reformar la policía y nada de esto tiene sentido sin abordar esa discusión seriamente. Hoy ha quedado en evidencia que sectores importantes de la policía provincial, hablo de altas jerarquías, expuesta en muchas investigaciones, son parte del problema de las investigaciones en materia de drogas, por los vínculos con bandas narcos, por ejemplo la causa Alvarado. Y esa misma policía también trabaja para proveer casos a la jurisdicción federal. Hay que replantear esto urgentemente y estos proyectos lejos de eso consolidan el gobierno de las definiciones político-criminales en esos actores, hoy fuertemente cuestionados
Cabe recordar que el propio ministro de Seguridad Jorge Lagna había aceptado la idea, al ser consultado por este cronista el último viernes en la entrega de patrulleros en el Parque Independencia. "La verdad es que hace muchos años participé de debates como este. Me acuerdo que hubo un proyecto del diputado Mascioli y de otros diputados y no sé avanzó nunca con esta ley que tenía sus pro y sus contras, y no había experiencias positivas en otras provincias. Pero ahora ha cambiado la situación. Por ejemplo me reuní con el ministro de Seguridad de Córdoba Alfonso Mosquera y está muy conforme con la marcha de esta ley de desfederalización de narcomenudeo en la provincia. También la ministra de Salta me refirió lo mismo, así que creo que al menos necesitamos abrir el debate, es una propuesta que no tenemos que pasar de largo y que hay que debatirla. Veremos que pasa en la Legislatura y con los actores de la justicia, nosotros aportaremos nuestro opinión si llegamos a una conclusión positiva, pero creo que merece el debate" expresó Lagna.
Pero el puntapié inicial de apoyo al proyecto de Enrico corrió por cuenta del fiscal general Baclini, quien había dicho el jueves que "desde mi visión, sería importante que el MPA tenga la posibilidad de perseguir el narcomenudeo. Es una situación crítica, obviamente habría que asignar recursos específicos", señaló.
"Con nuestra distribución territorial, y potenciando la cantidad de fiscales, podríamos tener una buena persecución del microtráfico de droga. Así, dejaríamos a la Justicia federal para el narcotráfico", argumentó.
Para el jefe de fiscales de la provincia, "Santa Fe quedó como una isla", ya que las provincias de Chaco, Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba y Buenos Aires ya tienen una ley de desfederalización de las causas vinculadas a drogas. "Sería importante su aprobación, siempre que se nos dote de los recursos correspondientes", finalizó.
A su vez, Baclini explicó que en la actualidad las caídas de poderosas bandas narco como Los Monos, Los Caminos, Los Funes o la organización de Esteban Alvarado se dieron por fiscales provinciales que investigaban delitos conexos como balaceras, asociaciones ilícitas u homicidios. "De los homicidios, hay un porcentaje importantísimo vinculado al microtráfico de droga", enfatizó. Pero justamente el principal investigador de la banda de Alvarado, Luis Schiappa Pietra , quien espera escuchar la sentencia del caso el proximo jueves, se opone públicamente a la idea.
