Aunque prometió que no lo haría y criticó a su antecesor, Sebastián Piñera, por mantener la medida durante seis meses, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de excepción en el sur de Chile al poco tiempo de asumir su mandato. El incremento en un 122 por ciento de los ataques incendiarios desde el retiro de los militares el 27 de marzo, según datos de la Multigremial de La Araucanía, hizo que retornaran las fuerzas armadas a la zona generando un fuerte debate interno en el oficialista Pacto Apruebo Dignidad. Los mapuches mantienen un reclamo histórico al Estado chileno por tierras que consideran propias por derecho ancestral y que fueron entregadas a privados, principalmente a empresas forestales y agrícolas.
El asesinato del trabajador forestal mapuche Segundo Catril Naculqueo, de 66 años, reactivó la preocupación de las autoridades chilenas: en lo que va del año ya son siete las víctimas fatales en contexto de violencia rural en La Araucanía, un fenómeno que tiene como actores centrales a los mapuches, pero también a trabajadores, empresas y sectores de extrema derecha. Los movimientos indígenas entienden que la militarización solo eleva la tensión y defienden que son necesarias medidas transversales y de largo plazo.
"El tema de la macrozona sur se podía resolver con un diagnóstico correcto de cuál es la situación y cuáles son los intereses asociados a grupos económicos que están operando en la zona", asegura Máximo Quitral, historiador y politólogo de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. En diálogo con Página/12, Quitral agrega: "Lo segundo necesario es una agenda política que incorpore a los voceros de las comunidades que ellos determinen como interlocutores válidos para comenzar a desarrollar una agenda política. Como no existe aquello y se insiste en la militarización y en la criminalización es muy difícil, primero que se resuelva el tema, y luego que los grupos más radicales que están en el sur confíen en el Estado como un actor que pueda resolver sus demandas históricas".
La dos vertientes del pueblo mapuche
Junto a la militarización prorrogada el lunes pasado, el gobierno relanzó la política de compra de tierras, paralizada durante la gestión de Piñera, y duplicó el monto anual asignado. "El único camino para iniciar la superación de los conflictos es generar acuerdos que respondan adecuadamente a las deudas históricas del Estado con los pueblos indígenas. Impulsaremos parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades e instituciones propias, respetando protocolos indígenas y siguiendo estándares internacionales”, dijo Boric esta semana durante su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional.
Pero una parte de la comunidad mapuche sigue desconfiando de las intenciones del gobierno chileno, e incluso una organización indígena radical, la Coordinadora Arauco-Malleco, llamó a la resistencia armada. Fernando Pairican, doctor en Historia de la Universidad Católica de Chile, divide el accionar actual del movimiento mapuche en dos líneas: una "gradualista" que está "específicamente escribiendo la nueva Constitución a través de los escaños reservados y que son hombres y mujeres que pertenecen a las organizaciones del movimiento que en lo que difieren es en la forma de llevar a la práctica los derechos indígenas, pero siempre en el marco de la institucionalidad". Entre esos actores se encuentra la primera presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon.
Luego surge una segunda variante, la "rupturista", para la cual se vuelve necesario entender cómo se ha comportado la institucionalidad con el pueblo mapuche en los últimos 20 años. "Ahí yo creo que hay una violencia estructural de parte del Estado que se agudizó a partir del año 2002 con el uso excesivo de la fuerza policial y que en el año 2006 significó el ingreso de la fuerza civil, como se le llama a la policía de investigaciones, y luego ya del 2010 a 2012 se incorporó la presencia del Ejército de Chile", señala a este diario Pairican, quien entiende que en el movimiento mapuche también entra en juego un tema generacional, "personas de 20 o 30 años que han sido criados bajo este uso de la violencia y tal vez no ven en la democracia una fórmula para expresarse porque la democracia ha sido violenta con ellos".
El brutal crimen de Segundo Catril
La complejidad de la violencia en el sur de Chile se vio manifestada la semana pasada, cuando sujetos aún no identificados emboscaron y tirotearon un pequeño colectivo que transportaba a unos 30 trabajadores forestales mapuches, causando la muerte a uno de ellos e hiriendo a otros dos en la comuna sureña de Lumaco. En imágenes difundidas por televisión, el vehiculo de los forestales mostraba múltiples impactos de perdigones de escopeta en su carrocería y vidrios destruidos.
Segundo Armando Catril Neculqueo, de 66 años, estaba contratado desde hace cuatro años para una empresa que presta servicios a la Forestal Mininco. Los trabajadores como él realizan labores de restauración, es decir, recuperan tierras erosionadas o descuidadas y en esos mismos lugares plantan vegetación y árboles nativos que cultivan en sus propios viveros comunitarios.
"Lo que ocurrió con el peñi que fue asesinado responde a un tema estructural para el mundo mapuche como lo son las plantaciones forestales, y un sector del movimiento con mucho arraigo en sus comunidades ha tomado la decisión de generar una política de acercamiento con las forestales y trabajar o asociarse a ellas para la productividad", sostiene Pairican. A eso la forestal lo llamó la "Política del Buen Vecino" en el año 2002-2003 y es una de las aristas del "Programa de Verdad Histórica y Nuevo Trato" que desarrolló el gobierno de Ricardo Lagos y continuaron los expresidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.
Para el diputado opositor Mauricio Ojeda, la gente hoy "vive con miedo" porque en la zona operan bandas delictivas especializadas en el robo de madera. "El gran problema aquí es que lo que se denomina conflicto mapuche se transformó en un negocio", sostiene Ojeda, y asegura que a diario circulan por la región de La Araucanía más de 200 camiones con madera robada. Quitral aporta que "hay denuncias de que no sólo están operando comunidades en resistencia, sino que también hay otros actores que responden a vertientes de extrema derecha, que estarían presentes en la zona y que perfectamente podrían estar involucrados en el asesinato de Segundo Catril".
Rumbo al Estado Plurinacional
La Convención Constitucional que finalizó hace semanas la primera versión de la nueva Carta Magna de Chile, que debe ser sometida a plebiscito, define al país como un "Estado Plurinacional" y salda así una vieja deuda con los indígenas. Establece mayores autonomías y una justicia especial para los pueblos originarios.
Sin embargo, la reforma no sería suficiente para desterrar la violencia del país trasandino, porque según Quitral "más allá del reconocimiento de los pueblos originarios y los escaños y todo lo demás, el asunto es cómo se resuelve políticamente un permanente hostigamiento del Estado chileno a las comunidades indígenas". El politólogo sostiene que la "presión hacia las comunidades indígenas está mediatizada por elementos económicos y recursos naturales" y agrega que "lamentablemente la Constitución no se está haciendo cargo de ese punto, lo que deja abierta la posibilidad que la tensión en la macrozona sur se agudice con el paso del tiempo".
Por su parte, Pairican entiende que no se trata solo de derechos culturales, sino que los conceptos más interesantes y los que han generado más críticas en la nueva Carta Magna chilena son los de "plurinacionalidad", "autonomía" y "devolución territorial". La derecha chilena tomó esos tres elementos para encabezar una campaña que busca atemorizar a la población frente a la posibilidad de una "Constitución indigenista que favorecería a la minoría en contraste de la mayoría", en palabras del autor de La vía política mapuche, quien además explica: "El tema mapuche en el fondo también es racismo y, por tanto, si tú no lo quieres en la institucionalidad pero tampoco lo quieres fuera de la institucionalidad, dejas las puertas abiertas para que el derecho de rebelión sea legítimo".
