“Una madre tuvo que salir de La Rioja a pedir protección judicial la provincia para su hija porque no la recibió”, afirmó Élida Barrera, abogada patrocinante de la madre de Arcoiris, que denunció en reiteradas oportunidades los abusos sexuales que sufría la niña por parte del abuelo paterno y tuvo que recurrir a organismos nacionales para pedir ayuda. 

Hace unas semanas, una resolución del Juzgado Civil 103 del Poder Judicial de la Nación determinó prohibir el acercamiento del padre a la niña y a su mamá en "cualquier lugar donde se encuentren ambas". La resolución judicial fue dictada ante el informe elaborado por la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que evaluaron el caso “de alto riesgo”.

La abogada, que viene advirtiendo una serie de irregularidades en el accionar judicial, denunció, junto su abogada patrocinante Ivana Cattaneo, persecución judicial a ella y a profesionales que tuvieron intervención en el caso y que incluye el allanamiento del domicilio de la comunicadora Manuela Calvo del 5 de junio pasado. Es que en la lista de allanamientos previstos para esa semana y que quedaron sin efecto por orden de la jueza de Instrucción de Violencia de Género, Gisela Flamini, estaban Barrera y profesionales que tuvieron intervención en la causa.

La primera denuncia de Barrera radica en que el progenitor recibió el 7 de junio la notificación sobre la resolución del Poder Judicial de la Nación, no se notificó y posteriormente participó de marchas exponiendo a la imagen de la niña. “Todo lo que se está diciendo es una gran mentira porque el papá está mintiendo no solo a los jueces sino también a la sociedad completa porque desde el 7 de junio fue notificado por la policía de manera verbal y con dos testigos donde estaba su hija”, dijo al sitio fraloalarcon.com.ar.


Por otra parte, realizó una presentación ante el Juzgado de Violencia de Género y Protección de Menores Nº 1, a cargo Jésica Díaz Marano para pedir un cambio de calificación “porque los abusos han continuado y esto ha causado un grave daño en la niña”. Solicitan que sea “abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y amenazas porque en una serie de pruebas presentadas la niña cuenta que fue amenazada y el progenitor le ofreció una recompensa como llevarla a comer para que no cuente nada”. “El abuelo que es el abusador la amenazaba al decirle que a la madre la iban a meter presa o la iban a matar”, aseguró. La solicitud pide la acumulación y desarchivo del expediente 4778/2022 V.J.A. abuso sexual y la acumulación del expediente 4067 V.J.A. abuso sexual  y la detención inmediata del abuelo paterno pudo saber La Rioja/12. 

La letrada Ivana Cattaneo reiteró que el padre de la niña sabia de su paradero y sin embargo siguió con las marchas, las presentaciones y  se siguió engañando al gobierno Provincial  y a la Función Judicial.

Cattaneo apunto a la jueza de Menores,  Alicia Valdez porque intentó “apretar” a la abogada patrocinante para conocer datos del paradero de la niña en lugar de usar los procedimientos correspondientes. “La convocó un día para decirle informalmente que le diga donde estaba Arco Iris y la abogada con total espíritu de colaboración le dice que había perdido contacto y le pone a disposición el teléfono. La única novedad que tenía era que estaba en Bs As. Procede contrario a derecho y si ella tenía duda o sospechas debería indagarla y actuar como corresponde”, expresó. 

Barrera aseveró que hubo falta de intervención del representante de Niños, Niñas, Adolescentes y Personas con Capacidad Restringida Pablo Cubillo en representación de la Menor que no actuó en resguardo de la niña y “tiene una postura rígida a pesar de las pruebas aportadas de las ultimas vejaciones y lo que hizo es intentar revincularla”.

Además de recusar a la jueza de Menores, Alicia Valdez y del defensor Pablo Cubillo pidieron que “se les incaute a los celulares a los dos para saber si han recibido órdenes y porque no actuaron y presentaron los recursos pertinentes”.

Irregularidades en el allanamiento de Manuela Calvo

Ivana Cattaneo que lleva adelante el patrocinio de Manuela Calvo comentó que presentaron un pedido de nulidad sobre las actuaciones de la justicia respecto del allanamiento al domicilio de la comunicadora.

“La primera falla es que el Código de Procedimientos dice que los allanamientos no pueden ser practicados en días inhábiles y se practicó un día domingo. Ingresaron y llevaron todo sin saber la causa”. Al momento de la pericia pidieron acceder a la orden de allanamiento que expresaba: contra cómplices, autores, instigadores etc. “No decía el nombre de Manuela, el número de expediente, el motivo ni que elementos debían secuestrar. Presentamos la nulidad absoluta porque el acta de allanamiento o detención debe tener la fecha, la fundamentación o motivación y la firma del juez y no cumplía ninguno de los requisitos. Vicia todos los actos posteriores", afirmó la letrada y sumó que por el caso mujeres "políticas de La Rioja recibieron telegramas que prácticamente las hostigan”. “Hemos contestado varias cartas documentos que se están dirigiendo en violación de la ley 26485 y en el caso de la Dra. Barrera que tuvo que presentar una eximición de prisión y no sabemos el delito que le imputan”.