El presidente catalán, Carles Puigdemont, anunció ayer la fecha y la pregunta del referendum de secesión con el que la norteña región pretende romper con España. Será el 1° de octubre y los ciudadanos deberán responder si quieren que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república. 

“Siempre presentamos propuestas y todas, sin excepción, fueron rechazadas o recortadas gravemente”, argumentó el líder independentista en el momento de llamar a los catalanes a votar en un referéndum unilateral, después de que fracasara todo intento de consulta pactada con el Estado. Al fijar la fecha del referéndum, Puigdemont no dejó constancia escrita, con lo que evita un veto inmediato por parte del Ejecutivo español del conservador Mariano Rajoy. No obstante, el vocero del Ejecutivo español, Íñigo Méndez de Vigo, advirtió que cualquier acto firmado tendrá consecuencias legales. “Que nadie tenga duda que ante cualquier actuación que pase de un anuncio, el gobierno garantizará el ordenamiento jurídico”, aseguró el ministro, encargado de responder en nombre del Ejecutivo español durante la habitual conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Se esperaba que fuera el propio Rajoy el que diera una respuesta política, pero el presidente del gobierno prefirió mantener una línea moderada con la intención de situar la decisión de Puigdemont en el nivel de un acto de propaganda independentista. “La posición del gobierno es que ese referéndum no se va a celebrar porque es ilegal, pero seguimos con la mano tendida para debatir, sin fecha de caducidad”, sostuvo Méndez de Vigo. “Lo que esperamos es que (Puigdemont) venga a debatir al Congreso de los Diputados, es lo justo y necesario”, añadió el vocero, reiterando el ofrecimiento de Rajoy al presidente catalán, que fue rechazado porque cualquier propuesta de referéndum secesionista sería volteada por las fuerzas constitucionalistas que son mayoría en el Parlamento español. 

Puigdemont hizo el esperado anuncio por medio de una declaración solemne en el Palacio de la Generalitat (la sede del gobierno catalán), donde estuvo acompañado por todo su Ejecutivo, los diputados de la coalición independentista Juntos por el Sí, y algunos de sus socios de la anticapitalista CUP (Candidatura de Unidad Popular). “Hoy todo el mundo sabe que no es el marco legal lo que impide el referéndum. Todo el mundo lo ha visto de la boca de Rajoy: que dijo ‘no quiero’”, remarcó Puigdemont. El presidente catalán insistió en que el problema es real y profundo y que su gobierno persiguió un acuerdo hasta el último día para poder celebrar un referéndum pactado con el Estado español, pero se llegó al final de la legislatura y no tuvieron respuesta. Por ese motivo, aseguró que ratifica su compromiso de que Cataluña ejerza su legítimo derecho a la autodeterminación celebrando un referéndum el 1° de octubre.

La pregunta que se hará a los ciudadanos será: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”, apuntó. “La respuesta será un mandato que este gobierno se compromete a aplicar”, sentenció Puigdemont, quien asumió la presidencia de la norteña y poderosa región de España a principios del 2016 tras llegar a un acuerdo con la CUP sobre un plan que preveía que Cataluña se independizara de España en 18 meses. 

En la introducción al histórico anuncio, el vicepresidente catalán y líder de la fuerza independentista más importante de Cataluña, Oriol Junqueras, acusó al gobierno de Rajoy de violentar los derechos democráticos fundamentales y ejercer antidemocráticamente sus funciones, tras recordar, entre otras cosas, que el Ejecutivo español negó en 18 ocasiones que los catalanes decidan su futuro. 

Las fuerzas políticas catalanas no independentistas coincidieron en que el gobierno catalán tomó un camino hacia ninguna parte y, tras augurar que la consulta no se celebrará, reclamaron elecciones anticipadas. “Esto se solucionará con urnas de verdad, que nos permitan cambiar de gobierno y no de pasaporte”, afirmó Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, luego de remarcar que se traspasaron líneas que no deberían haberse traspasado.   Tampoco la izquierda aliada a Podemos, liderada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, apoyó la vía unilateral: “Siempre hemos defendido un referéndum con garantías como una solución real y democrática para Cataluña. Seguiremos trabajando para hacerlo posible”, escribió Colau en su cuenta de Twitter.  

Para el gobierno español por ahora no cambia nada, aunque tampoco queda claro cómo evitarán que Cataluña vuelva a sacar las urnas, como ya lo hizo con la consulta simbólica del 9 de octubre del 2014. “Los pensamientos son libres, y el gobierno responde con la razón, y constatando la soledad del gobierno catalán”, insistió Méndez de Vigo, tras años de un conflicto que llegó a la recta final, con consecuencias imprevisibles. “Es una escenificación que muestra que cada vez son menos, que sólo están los más radicales y muestra el fracaso de buscar más aliados”, añadió el Ministro de Educación español, al valorar el anuncio de Puigdemont. En ese sentido, Méndez de Vigo destacó “el portazo de la Comisión de Venecia”, en referencia a los expertos del Consejo de Europa que dijeron al gobierno catalán que un referéndum debía celebrarse de acuerdo con la ley española.

 Con el calendario marcado en rojo, el Ejecutivo español esperará a que se firme el decreto de convocatoria del referéndum para revocar la decisión ante el Tribunal Constitucional, como viene haciendo con cada una de las medidas adoptadas en el último año y medio para avanzar hacia la secesión. 

La mayoría de catalanes apoya la celebración de un referéndum, pero pactado con el Estado, según los sondeos. En tanto, la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (público catalán), reveló un aumento de los contrarios a la independencia, que son un 48,5 por ciento frente al 44,3 por ciento que está a favor.