El Gobierno español aprobó este lunes la Ley Trans, que permite el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de informes médicos ni psicológicos. La convalidación de esta norma en Consejo de Ministros llega en la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTBI y un año después de la aprobación del anteproyecto.

La ley, que ahora pasará a ser tramitada en el Congreso de los Diputados, permite el cambio de sexo en el registro sin informe médico ni psicológico a partir de los 12 años, aunque entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial, mientras que entre 14 y 16 la asistencia de padres o tutores, y desde los 16 no habrá limitaciones, se informó oficialmente.

Esta normativa "les reconoce el derecho a ser quien son sin que medien testigos", afirmó en rueda de prensa la ministra de Igualdad española, Irene Montero.

Cómo será el procedimiento

El proceso se iniciará con la comparecencia de la persona interesada ante cualquier oficina del Registro Civil. Allí recibirá un formulario para manifestar la disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de nacimiento y la solicitud para que se proceda a la rectificación.

En esa primera comparecencia, el funcionario o funcionaria informará de las consecuencias jurídicas y del régimen de reversión a la persona que solicita el reconocimiento en el registro.

Tras recibir toda esta información y si está conforme, la persona trans deberá suscribir la primera solicitud para rectificar el sexo que figura en su inscripción de nacimiento. En un plazo máximo de tres meses, el Registro Civil deberá citarle de nuevo para que, finalmente, lo ratifique.

Firmada y presentada la solicitud, el funcionario o funcionaria comprobará la documentación del expediente y dictará una resolución en el plazo máximo de un mes a contar desde la fecha de la segunda comparecencia.

En el documento, se incluirá el nombre propio que se desea que figure en adelante, salvo en el caso de que la persona quiera conservar el que ha usado hasta ahora y sea conforme a los principios de libre elección del nombre propio previstos en la normativa reguladora del Registro Civil.

Al respecto, Montero precisó que el proceso para el cambio de nombre y sexo durará un máximo de cuatro meses. En ese período, las personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones "por lo que son, sin miedo, sin culpa".

Eliminación del requisito de diagnóstico y tratamiento médico

El nuevo procedimiento acorta y facilita el proceso obligatorio hasta ahora, según el cual una persona que quisiera cambiar de sexo debía recibir un diagnóstico médico o psicológico que acreditara su disforia de género -antes conocido como Trastorno de la Identidad de Género-. Además, dicha persona debía haber recibido un tratamiento de hormonas de al menos dos años.

La norma se adapta así a la decisión de la OMS de 2018, que dejó de considerar la disforia como enfermedad, por lo que dejaba de ser necesario cualquier tratamiento médico. También el Consejo de Europa instó en 2015 a los países miembros a desarrollar procedimientos rápidos y basados en la autodeterminación para cambiar el nombre y sexo en los registros.

Cambios y modificaciones

En principio, la primera versión de la ley dejaba fuera a las personas trans extranjeras con residencia legal o fueran solicitantes de asilo, sin embargo, con la modificación realizada, las personas trans migrantes finalmente podrán cambiar sus documentos expedidos en España en caso de que no puedan realizarlo en su país de origen.

Asimismo, el texto permite que las mujeres lesbianas y bisexuales procedan a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas, y determina que las instituciones pongan en marcha protocolos de acompañamiento contra el acoso transfóbico para el alumnado trans.

También, se incluyó un régimen de infracciones y sanciones por actos de discriminación a las personas LGTBI, con multas desde los 200 euros por insultos o pintadas a un máximo de 150.000 euros por prohibir el acceso a un bar o al alquiler de una vivienda a una persona del colectivo.

En paralelo, la normativa prohibió las terapias que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona, y garantiza a las lesbianas, bisexuales y trans con capacidad de gestar el acceso a las técnicas de reproducción asistida.

Sin embargo, el proyecto dejó fuera la creación de una tercera casilla en el registro y el documento de identidad, reivindicaciones de las personas no binarias.

Un paso adelante

Al comunicar la noticia, la ministra Montero señaló que España "se sitúa una vez más a la vanguardia" de los derechos LGTBI, después de que el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el matrimonio homosexual en 2005.

En tanto, activistas de los derechos LGTBI aplaudieron el texto y señalaron que "esta ley es un hito histórico en derechos del colectivo LGTBI, es un avance indiscutible que vamos a cuidar y trabajar para mejorar hasta el final".

Hasta 2007, en España las personas trans solo podían cambiar sus datos tras haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo y a través de una sentencia judicial favorable. Desde entonces, han sido más de 6.000 personas las que han ejercido este derecho.

El nuevo texto fue aprobado en segunda vuelta en la víspera del Día Internacional del Orgullo LGTB+ y un año después de que lo hiciera por primera vez. Durante todo este periodo, el todavía anteproyecto de ley generó diversos debates sobre la autodeterminación de género que incluye para las personas trans y que generó las desavenencias entre los dos partidos socios en el Gobierno.