El jueves 30 de junio, el Senado de la Nación, en una votación unánime, otorgó la media sanción al Proyecto de Ley presentado por el Ejecutivo Nacional, que dispone un nuevo plazo de ejecución del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego (PEVAF). El funcionamiento de este Programa permite a la ciudadanía entregar de manera voluntaria y anónima, las armas de fuego y/o municiones que desea descartar, gozando de la amnistía penal por delitos relacionados con la tenencia y/o portación ilegítima de armas de fuego, y a cambio de un incentivo económico. Resta, ahora, la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, para convertirlo en Ley, y permitir que el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego recobre su fuerza y plena funcionalidad.

La entrega voluntaria se efectúa en los 12 puestos de recepción fijos de Desarme Voluntario, de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), establecidos a nivel federal, y en operativos de puestos móviles previamente comunicados a la ciudadanía. Las armas de fuego y municiones entregadas se registran en la Base de Datos Informatizados del Sistema de Gestión Integral de Materiales Controlados (BNID-SIGIMAC), posterior a su verificación técnica y con la emisión de un Acta comprobante. Son inmediatamente inutilizadas, para luego ser procesadas para su destrucción final.

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego fue creado por la Ley N° 26.216, en el año 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y ha sido renovado sucesivamente, con votaciones unánimes en el Congreso de la Nación, manifestando un claro acuerdo democrático de la sociedad argentina. Su vigencia y constancia durante 17 años, constituye la política pública de desarme voluntario del Estado Argentino que ha sido implementada por el ex Registro Nacional de Armas (ex RENAR) y, desde su creación en 2015, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Entre 2007 y 2022 se han entregado voluntariamente y fueron inutilizadas inmediatamente, más de 200.000 armas de fuego y aproximadamente 2 millones de municiones convencionales a los puestos federales de Desarme Voluntario de la ANMaC y los más de 150 puestos móviles que se han realizado en diferentes provincias y municipios. La finalidad de la política pública de Desarme Voluntario se articula en:

  • a) la disminución del uso y proliferación de armas de fuego en la sociedad civil;
  • b) la reducción de accidentes, hechos de violencia y delitos ocasionados por el acceso y uso de armas de fuego; 
  • c) la sensibilización y concientización de la sociedad civil acerca de los riesgos que representa la presencia de un arma de fuego;
  • d) la promoción de una cultura de la no violencia y de la resolución pacífica de los conflictos; 
  • e) el control y la reducción de la conflictividad con el uso de armas de fuego; 
  • f) la incidencia y reducción del circulante de armas de fuego en mercados ilegales.


En ese marco de acción, la ANMaC realiza campañas de regularización de la situación registral de las personas que tengan bajo su poder armas de fuego en situación irregular; y, lleva adelante, hace casi 10 años, capacitaciones y talleres orientados a la responsabilidad penal de uso de armas de fuego, prevención de las violencias con armas de fuego, advertencia de los riesgos en el uso de armas y demás materiales controlados (municiones, pirotecnia, explosivos, etc.), gestión de la conflictividad y construcción de una cultura de resolución pacífica de los conflictos.

Existe un amplio acuerdo, tanto en nuestro país, como a nivel regional e internacional, en afirmar que la presencia de un arma de fuego en la cotidianidad de la ciudadanía, potencia las posibilidades de que un conflicto que, a primera vista pareciera no revestir peligrosidad, tenga en definitiva un desenlace fatal. Una discusión intrafamiliar cuya intensidad acrecienta y que, debido a la presencia de un arma de fuego al alcance de las manos de una de las partes, culmina con un resultado letal. Una discusión de tránsito o entre vecinos, algo tan habitual en la cotidianeidad de las personas, que termina con la utilización de un arma de fuego y un resultado irremediable.

De la misma manera, se puede afirmar sobre los riesgos de accidentes en el uso de armas que resultan en trágicas fatalidades, como su uso por niños/as y jóvenes en sus hogares o en la escuela. La presencia de armas en la expansión de las violencias, como la de género, la intrafamiliar o el bullying, entre otras, suele poner en riesgo la integridad física y psíquica de las personas, y llegar a acciones irreversibles. No son menores los casos en que la presencia de armas en los hogares puede ser peligrosa en una violación de ingreso al domicilio por otra persona, y/o en el caso de robo, y aumentan las posibilidades de que esas armas sean utilizadas para el ejercicio de violencias y la comisión de delitos, robadas e incorporadas en los mercados ilegales.

Lamentablemente, se trata de situaciones que han sucedido más de una vez y la evidencia empírica da cuenta de ello. En Argentina, entre 2017 y 2020 la tasa de homicidios dolosos promedió los 5,3 hechos cada 100.000 habitantes;1 las muertes a causa de uso de armas de fuego rondan los 8 por día; 2 y, el femicidio mediante la utilización de armas de fuego representa un promedio de 24%. 3 De acuerdo a las últimas encuestas nacionales, se estima una presencia de armas de fuego en 3,9% de los hogares argentinos, representando una cantidad estimada de 3-4 millones de armas de fuego en estado registral irregular en circulación en la sociedad.4

No obstante, se ha demostrado que el largo plazo de implementación de esta importante política pública de Desarme Voluntario, genera resultados positivos en la reducción del circulante de armas de fuego en la sociedad civil, impacta sobre la conciencia de la ciudadanía respecto a los riesgos del uso de armas de fuego y hace a la prevención de la violencia con uso de armas. Estas conclusiones surgen de las encuestas realizadas a todas las personas que han entregado voluntariamente armas de fuego, y en los todos los talleres y encuentros de capacitación y concientización que ha realizado la ANMaC. Un dato destacable, es que el 70% de las personas que entregan voluntariamente armas de fuego al Desarme Voluntario son varones, considerando también que el 99% del universo de legítimos/as usuarios/as son varones. No obstante, 2 de cada 10 encuestados han manifestado que realizaron la entrega influenciados por mujeres de su entorno más cercano, por razones de evitar accidentes y reducir riesgos en el uso.

Nuestro país ha sido pionero en América Latina y el mundo, en el desarrollo y ejecución de políticas públicas orientadas a la reducción del circulante de armas de fuego, a tal punto que Argentina ha sido galardonada con el premio “Future Policy Award 2013”, de la Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, en el marco de la Semana del Desarme del año 2013. Continuando con esta tradición, esta semana la República Argentina ha presentado el estado de situación del Sistema Nacional de Materiales Controlados y dos propuestas de acción, en la 8ª Reunión Bianual de los Estados sobre el Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el comercio ilícito de armas de fuego de la ONU (UNPoA). Los avances del Sistema Argentino han sido destacados por los Estados miembros de la ONU, como también ha surgido interés de varios países de promover ambas propuestas de creación de la Guía de Buenas Practicas de Control de Armas para la Prevención de la Violencia de Genero, y de una Plataforma de Sistematización de Información Oficial de Control de Transferencias de Armas de Fuego, dado que existe actualmente una tendencia mundial, de reforzar las legislaciones nacionales en materia de control de armas.

Disminuir la circulación de armas de fuego en la sociedad civil, regularizar la situación de tenencia de armas que se encuentran en los hogares argentinos, y, fundamentalmente, extraerlas de los mercados ilegales, constituye una prioridad insoslayable e impostergable para reducir los niveles de violencia y criminalidad en nuestra sociedad. Para eso es importante continuar ininterrumpidamente en el mejoramiento y ampliación de los alcances de las políticas, estrategias y acciones en materia de control de la proliferación de armas de fuego y demás materiales controlados; en la destrucción de materiales controlados y la reducción del circulante de los mismos en los mercados ilegales; en la persecución, conjuración e investigación del contrabando y tráfico ilícito de armas de fuego, así también, de cualquier otro delito cometido con el uso de armas; y, en políticas y acciones trasversales de prevención de las violencias con uso de armas, específicamente, las que promueven la eliminación de la discriminación de género, y la resolución pacífica de los conflictos.

Así lo hemos entendido durante los últimos 17 años, durante los cuales se ha implementado la política del Estado Argentino de Desarme Voluntario a lo largo y ancho de nuestro territorio. De esta manera, desde el Estado, con la agenda de políticas pública de la ANMaC y otros organismos públicos en diferentes jurisdicciones, en conjunto con la sociedad civil, y con el debate y sanción de nuevas leyes en el Congreso de la Nación, seguiremos contribuyendo en la prevención y reducción de las violencias, la promoción de responsabilidad ciudadana sobre el uso de armas de fuego, en pos de generar las condiciones de una cultura de resolución pacífica de los conflictos para vivir en contextos más seguros.

*Mag. Natasa Loizou, Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación


1 Ministerio de Seguridad de la Nación, Sistema Nacional de Información Criminal, 2017; 2018; 2019; 2020
2 Ministerio de Salud de la Nación, Estadísticas vitales. Información básica Argentina - Año 2019
3 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Oficina de la Mujer, “Datos Estadísticos del Poder Judicial sobre: Femicidios 2017/2018/2019/2020”, Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, CABA
4 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Encuesta Nacional de Victimización 2017