Un escándalo monopoliza las conversaciones en el Consejo de la Magistratura y en los tribunales desde que una funcionaria del organismo descubrió que en la oficina a su cargo, donde se guardan las declaraciones juradas de bienes de jueces y juezas, habían sido abiertos 24 sobres lacrados, del total de 11.500 que hay allí. Los documentos contienen datos patrimoniales tanto de acceso público como otros que son reservados. Quien revolvió el material, no se llevó nada. Otro punto llamativo es que no parece haber relación entre los nombres elegidos, excepto en un caso: fueron abiertos los sobres de los tres jueces que integran el Tribunal Oral Federal 2, que es el que está en la etapa final del juicio de "Vialidad" e incluye a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo pronto, el presidente del Consejo, Horacio Rosatti, ordenó una investigación interna y convocó a una reunión para el martes a puertas cerradas. A la vez se abrió una causa penal por violación de secreto, en el juzgado de Daniel Rafecas, en la que el fiscal Ramiro González ordenó las primeras medidas y declaraciones testimoniales. 

El hecho de que entre los sobres abiertos están los de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del TOF2 que juzga a CFK, fue aprovechado por medios afines a la oposición. Aunque puede ser interpretado de distintas maneras, les alcanza con instalar alguna idea de sospecha. Como se trata de un juicio muy débil, donde no aparecieron ni menciones a la vicepresidenta sobre supuestos sobreprecios y direccionamiento en la concesión de obras en rutas a favor de Lázaro Báez, en algunos despachos de tribunales suponen que el interés de embarrar la cancha o generar alguna advertencia (suponiendo que haya existido una elección estudiada de las declaraciones patrimoniales a violar) viene más bien de la derecha que aspira a una condena. Otros, en cambio, tienden a leer todo lo contrario en lo ocurrido. O a verlo como algo de otro orden: por ejemplo, un ataque a la nueva conducción del supremo Rosatti. O el fruto de una disputa interna más amplia que escaló, en un cuerpo que está atravesado por la convivencia de operadores judiciales, políticos y de sectores de inteligencia. 

La realidad es que hay muchos más casos de jueces y juezas "afectados", además de los del tribuna oral del juicio de la obra pública: de la Cámara de Casación fueron abiertas las declaraciones de Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Guillermo Yacobucci. También fue blanco el juez Ariel Lijo. Hay una jueza civil también en la lista, Agustina Díaz Cordero, que trabajó para el Ministerio de Justicia durante le gobierno de Mauricio Macri, y que es consejera de la Magistratura. También camaristas laborales y secretarios/as de tribunales como Casación y el Tribunal Oral Federal 1. La sospecha es que los documentos fueron fotografiados, al menos en 24 casos donde los sobres fueron visiblemente abiertos. La información reservada que contienen incluye domicilios, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, detalles patrimoniales de familiares, entre otras cosas.    

¿Qué pasó? 

El 21 de junio último una empleada de la Oficina de Declaraciones Juradas, María Victoria Villarreal, al llegar a las 8.28 a trabajar a la sede del piso 8º de Sarmiento 877, advirtió que la puerta de la cocina estaba entreabierta, pese a que la habían cerrado el jueves 16, último día hábil anterior. Sólo tienen llave de acceso quienes trabajan allí, explicaría luego la titular del área, María Victoria Pérez Bayonzo. La puerta de acceso de la cocina al despacho de la secretaria también tenía signos no habituales: la cerradura del medio estaba trabada, y la superior tenía una sola vuelta, aunque suelen dejarla con dos. Para abrirla llamaron al encargado de superintendencia, Alberto Yáñez. El escritorio tampoco estaba como lo habían dejado. 

A raíz de los sucesos, el secretario general del Consejo, Mariano Pérez Roller, hizo una denuncia penal, que le tocó a Rafecas. El fiscal González, antes de impulsar la acción, le pidió al Consejo que informara si habían hecho alguna inspección para saber si faltaban elementos, si se forzaron cerraduras, si se pudo determinar si alguien entró al edificio el fin de semana largo y si había cámaras de seguridad. Rosatti mandó a hacer un relevamiento, y algunos de los primeros elementos detectados fueron: que como hubo un problema informático en todo el Poder Judicial el 16 de junio, a las 14.21, los registros fílmicos quedaron interrumpidos hasta el día 22 a las 9 de la mañana; se hallaron "marcas y/o manchas oscuras cercanas a la cerradura, un tornillo salido de una de ellas y la tapa de la caja térmica para la luz de la cocina, abierta y con las llaves térmicas levantadas". El asunto central fue que encontraron 24 sobres de las declaraciones juradas de 2021 "abiertos y alterados" y otros nueve cerrados "que por su aspecto podrían haber sido manipulados".  Se constató, además, lo esperable: que no había ningún expediente por el cual se ordenara la apertura de los sobres en cuestión. 

Medidas judiciales

Mientras el juez Rafecas comenzó a informar oficialmente a los magistrados/as afectados/as lo sucedido, el fiscal González firmó este viernes las primeras medidas de prueba. Quiere saber, como primer paso, si hay alguna forma de registro de quiénes entran y salen del edificio y de la oficina de Declaraciones Juradas. Si hay un listado, la Dirección de Recursos Humanos deberá entregarlo, tomando el período del 16 al 21 de junio. A la vez pidió precisiones sobre el sistema de vigilancia y custodia del edificio, el criterio de ingreso de personas y cuál es el personal que se ocupa de eso. Deberán declarar como testigos el encarado de superintendencia, la agente Villarreal y la prosecretaria Pérez Pérez Bayonzo. Como no hay filmaciones del edifico, la fiscalía pide rastrear todas las cámaras públicas y privadas de la zona. A Monitoreo Urbano de CABA le requirió resguardar las imágenes. También le dio intervención a la Policía de la Ciudad para buscar información de las antenas de la zona. González incluso aspira a identificar a quienes entraron a la oficina de Declaraciones Juradas no sólo por cámaras sino rastreando el tráfico de comunicaciones por las llamadas "celdas" que cubren el área en cuestión. 

En el Consejo

En medio de un enorme revuelo, en el Consejo de la Magistratura se abrió una investigación interna que fue encomendada al Cuerpo de Auditores, que designó a tres personas para ocuparse del tema. Todo apuntaba al que el tema recién sería tratado en plenario recién el viernes que viene. Pero Rosatti finalmente convocó a un encuentro el martes, a puertas cerradas. La cuestión de las declaraciones juradas y su custodia es una de las más sensibles en el organismo. Los magistrados y magistradas no son afectos a mostrar su patrimonio. Este episodio desató una ola de nerviosismo inusitada.