Los referentes del comité se reunieron con diputados y dirigentes políticos locales para denunciar la ilegalidad de la detención, ya que más de dos meses después de la primera detención, la justicia provincial aún no revisó la orden de prisión preventiva de Rojas y mantiene sin resolver la de su familia.
La jueza de Garantías Cristina Pietrasanta, a pedido de la fiscal Gabriela Chaves, lo que sí hizo rápidamente fue rechazar el pedido de detención domiciliaria, que Rojas había solicitado por problemas de salud y por las malas condiciones del penal Agua de las Avispas (donde será visitada mañana por integrantes del comité), que no tiene calefacción a pesar de estar al pie de la Cordillera. "La jueza que ha tocado es una verdadera desgracia porque no puede resolver con independencia y repite todo lo que pide la fiscal Chávez", lamentó el abogado de la Tupac Horacio Báez, en diálogo con PáginaI12.
Báez, junto con su colega Alfredo Guevara, ha reclamado en reiteradas oportunidades la revisión de las detenciones ordenadas por la fiscal Chávez, cosa que debería haber ocurrido dos días después de las detenciones. Recién a fines de mayo —después de una recusación y de que tres magistrados se declararan incompetentes— la causa recayó en Pietrasanta, quien hace dos semanas comenzó a convocar las audiencias de revisión. La última será la de Rojas, prevista para el 26 de junio, a dos meses y medio de su detención.
"Jujuy fue el laboratorio represivo y de persecución política que se replicó en Mendoza y en todo el territorio nacional”, denunció Estela Díaz, coordinadora general del comité, quien agregó: “En todo el país hay comités: adonde vayan Mauricio Macri, Gerardo Morales y Alfredo Cornejo le vamos a decir que con presos políticos no hay democracia”.
La ex diputada Mara Brawer también estuvo presente en el acto en las escalinatas de los tribunales y aseguró que “en Mendoza se repite lo que sucede en Jujuy: detenciones arbitrarias, meramente políticas, donde no hay elementos para la prisión preventiva ni rige el principio de inocencia. Es una clara violación a los derechos humanos”.
Las 20 denuncias contra Rojas, su familia y otros 40 cooperativistas de la Tupac Amarú impulsadas por la fiscal Chaves se encuadran en la cuestionada figura de "asociación ilícita". "Imputan asociación ilícita desde 2007, desde la creación de la organización. La fiscal estima que el única motivo de la creación de la Tupac fue para cometer delitos y considera a los 20 presidentes de cooperativas y los 20 delegados como integrantes de la asociación ilícita. Es todo infundado", denunció Báez ante PáginaI12. Además, resaltó que la decisión de la jueza de continuar la investigación, cuando debería ser tramitada en el fuero federal, encuadra en una actitud de "prevaricato".
El diputado jujeño y referente de la Tupac Juan Manuel Esquivel, a su turno, fue el responsable de transmitir los “saludos y el abrazo profundo de la compañera Milagro Sala” para Leonela, Carla y Ramón Martínez, las hijas y marido de Nélida Rojas, a quienes los integrantes del comité visitaron esta tarde. “Nacimos en la resistencia y conocemos las políticas neoliberales. Sabemos qué tenemos que hacer. Con presos políticos no hay democracia”, repitió Esquivel.
Mañana a las 9,30, el comité visitará a Rojas en el penal, donde la dirigente de la Tupac soporta temperaturas bajo cero al pie de la Cordillera. "Nélida tiene 62 años, fue operada 3 veces de la columna y hace pocos días tuvieron que derivarla al hospital para realizarle un chequeo de corazón. Pedimos la detención domiciliaria en dos oportunidades pero la Justicia lo rechazó", señaló el abogado de la Tupac.
