El 7 de junio pasado el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos dio a conocer un crítico informe sobre el estado de Radio y Televisión Argentina, la empresa estatal responsable de administrar la Televisión y la Radio Pública. 

El Consejo Consultivo de los Medios Públicos es un organismo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual donde confluyen delegados de las provincias argentinas, universidades y representantes de organizaciones de la sociedad civil. La función principal del Consejo es realizar un seguimiento del cumplimiento de la misión de la TV Pública y la Radio Nacional e impulsar la efectiva  participación de la sociedad civil en la radiodifusión de gestión estatal.

Entre las inquietudes expresadas por el Consejo Consultivo se encuentran: la preocupación por los recientes despidos en la radio pública; la necesidad de recuperar las políticas de fomento para la producción audiovisual; la merma en las producciones propias de los medios públicos; la alarmante centralización de la producción de contenidos en la ciudad de Buenos Aires (especialmente en Radio Nacional); el incumplimiento de la cuota de programación infantil y la escasa cobertura brindada a los juicios de lesa humanidad; entre otras medidas tomadas por las autoridades de RTA desde diciembre de 2015.

Pero lo que llama la atención, además de los hechos enumerados, es que el Consejo Consultivo denuncia la negativa de las autoridades a brindar acceso a la información necesaria para las tareas del organismo, buscando impedir su funcionamiento. Esta situación coloca frente a la paradoja de contar con medios públicos sin público, ni ciudadanos. 

Si bien no sería correcto, ni conveniente, realizar una contraposición maniquea entre los conceptos de público y ciudadano, podemos diferenciarlos diciendo que somos público cuando realizamos una opción cultural (y política) a la hora de consumir ciertos productos audiovisuales y que somos ciudadanos cuando ejercemos, o reclamamos, nuestros derechos, en este caso, a la comunicación.

Ezequiel Rivero, investigador del Conicet y la Universidad de Córdoba, que indaga las variaciones en el rating de la Televisión Pública, explica que entre 2015 y 2016 el canal perdió el 40% de su audiencia según las mediciones que realiza la empresa Ibope. Esta tendencia, sin embargo, fue un poco más profunda en el área de deportes, donde la fuga fue del 42% debido a los cambios en el programa Fútbol para Todos y en el área de noticias donde los cambios en la línea editorial hicieron pasar el rating de 1,4 puntos a 0,8 en promedio. Este alejamiento del público, explicaba el Director General del canal Horacio Levin en declaraciones al diario La Nación, se debían a la fuga de las audiencias que se referenciaban con el anterior gobierno y el fin del programa de emisión gratuito de los partidos del campeonato nacional. Sin embargo, para el investigador cordobés “la explicación inicial de que la caída se debía a la fuga de ‘fanáticos kirchneristas’ pierde fuerza en la medida que después de 17 meses de gestión las nuevas autoridades no logran reponer ni seducir nuevas audiencias”.

La importancia del rating en la Televisión Pública no está (solamente) en la posibilidad que brindan estas mediciones para rentabilizar los segundos de publicidad (como en un canal privado) sino como indicador de su capacidad para convertirse en un actor relevante dentro del concentrado ecosistema de medios de nuestro país.

Ante esta situación nos preguntamos ¿Cómo interpretar estas políticas que generan bajos niveles de audiencia, casi nula participación de las organizaciones de la sociedad civil y un pluralismo “pour la gallerie” que poco incide en el debate público actual?

Nuestra hipótesis es que queda en evidencia una política que, a diferencia de los intentos de privatización de los años 90, hace “como si” construyera medios públicos mientras opta por no construir un actor relevante en el espacio mediático, bloquea la participación de la sociedad civil y relega al canal y a la radio pública a la obsolescencia comunicacional programada.

Quizás nos encontremos frente al despliegue de un nuevo tipo de políticas neoliberales que construyan un simulacro de medios públicos, para no asumir los costos políticos de su privatización, pero que persiguen los mismos fines que antaño: debilitar el debate político y la participación ciudadana en el espacio público. Una especie de republicanismo sin siquiera procedimientos democráticos que deriva en una democracia sin participación popular y medios públicos sin sentido.