El Tucumán, diez policías fueron detenidos en el marco de la investigación por la desaparición de Daiana Garnica –la joven de 17 años que es buscada desde el 6 de mayo– por pedido del fiscal Claudio Bonari, luego de que se perdieran pruebas materiales claves que los uniformados debían custodiar. Además, el fiscal informó que, en lo sucesivo, para el esclarecimiento del caso, trabajará sólo con efectivos de la Policía Federal y advirtió que “en una investigación de este tipo no se puede extraviar nada, especialmente si son pruebas importantes”.

Las detenciones pedidas por el fiscal fueron acompañadas por allanamientos en los laboratorios de la policía provincial en la que estaban las muestras que desaparecieron. Los operativos quedaron a cargo de integrantes de la Policía Federal. 

“Es un tema sensible”, dijo el fiscal en referencia a las detenciones. “No se busca ensuciar a nadie pero necesitamos saber quiénes son los responsables por lo sucedido y, de ser posible, recuperar las pruebas”.

El miércoles pasado, cuando se citó a las partes del caso en la Dirección General de Investigaciones para conocer el resultado de los peritajes, se detectó el faltante de muestras recogidas en el horno de la ladrillera en la que trabajaba el principal acusado, Darío Suárez. 

Las muestras estaban guardadas en cajas con la fecha del día en que fueron recogidas. Los investigadores sospechan que la caja con las piezas faltantes, fechada el 13 de mayo, contenía restos óseos.

Si bien, hasta el momento, los peritajes realizados sobre otras pruebas levantadas por los peritos dieron resultados negativos, las muestras desaparecidas podían ser fundamentales para corroborar una de las hipótesis de Bonari.

Los diez detenidos se desempeñaban en las divisiones Laboratorio, Sanidad y Homicidios, de la policía local, y según anunció el fiscal permanecerán en esa situación “hasta que se determine quién es el responsable de lo que pasó”.

En el mismo sentido se expresó el titular del Ministerio Público Fiscal provincial, Edmundo Jiménez, quien ordenó que se realicen las actuaciones correspondientes para determinar quiénes son los responsables porque “es gravísimo lo que ocurrió”. Jiménez agregó que “los policías tienen protocolos que respetar y aquí seguramente hubo un incumplimiento de normas que se tienen que investigar”.

La denuncia por la desaparición de Daiana se radicó el  7 de  mayo, cuando sus familiares concurrieron a la policía, en Alderetes, y aseguraron que desde el día anterior, cuando acompañó a un vecino, Darío Suárez, de 40 años, a hacer unas compras, no había regresado a su casa. 

Tras cortes de rutas en el barrio, movilizaciones a los Tribunales y la Casa de Gobierno provincial, e insistencia de la familia de la joven en los medios, la presión social movilizó a la Justicia. Recién tras algunos días de desconocido el paradero de la chica, fueron ordenados rastrillajes en la casa del sospechoso y fueron desarmados dos hornos de ladrillos para retirar muestras de las cenizas.

Según una de las hipótesis que maneja el fiscal, el sospechoso abusó de la joven y luego de asesinarla se deshizo del cadáver quemándolo en el horno de ladrillos. La otra hipótesis que baraja, y que está basada en que no fue hallado un cuerpo, es que Suárez haya entregado a la adolescente a un tercero para su explotación sexual.

A la detención de Suárez, que en su declaración ante el fiscal negó haber participado en la desaparición, se sumaron las de “El Sapo” Pacheco, compañero de trabajo de Suárez, y Juan Salomón Mátar, dueño de la fábrica de ladrillos donde trabaja el sospechoso.

Bonari, además, detuvo por encubrimiento a los hermanos de Suárez, César y Miriam Suárez, Yanina Alejandra Villarreal (esposa del sospechoso) y su hermana Elena, Juana Rosa Funes (suegra del acusado), Mavi Castro (prima) y Carmen Santana (otra pareja del acusado).