Reducir la participación del trabajo en el reparto de la renta nacional

El objetivo es el desempleo

El alza de la desocupación en el gobierno de Cambiemos es el resultado buscado del proyecto político de un sector minoritario que concibe al trabajador como un costo de producción.
Imagen: Guadalupe Lombardo

Lejos de tratarse de un error de cálculo o de mala aplicación de las medidas, la evolución del desempleo a partir de la llegada del gobierno de Cambiemos, es el resultado buscado del proyecto político de un sector minoritario que concibe al trabajador como un recurso del proceso productivo, y por lo tanto, un costo más de la producción.

Un somero análisis de la situación actual refleja de manera contundente que generar trabajo digno, no es un objetivo político del actual gobierno, que, por el contrario, exhibe su compromiso con el interés de quienes pretenden la precarización laboral como medio para mejorar sus márgenes de ganancia y consolidar un modelo de acumulación que sólo enriquece a unos pocos. 

Los últimos datos sobre empleo y desempleo publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reflejan que la desocupación ha aumentado, confirmando las expectativas que generaba Mauricio Macri desde antes de ser electo presidente de la Nación, respecto a una nueva forma de considerar el trabajo en el ordenamiento político, económico y social del país. 

Lejos de ser un efecto no deseado del nuevo rumbo económico, el inconfesable “objetivo desempleo” que certeramente ejecuta el gobierno nacional, apunta a reducir la participación del trabajo en el reparto de la renta nacional y quebrar la incidencia de los trabajadores en la discusión sobre las pautas y condicionantes del crecimiento económico y la distribución del ingreso. 

Bajo el objetivo principalísimo de reducir la inflación, se llevan a cabo medidas que deterioran fuertemente la demanda de trabajo; la contracción monetaria, la suba de tasas de interés y la apertura comercial son, en rigor, las medidas más efectivas del “objetivo desempleo”. 

Sin embargo, el gobierno ha desarrollado otras iniciativas que dan muestra de su compromiso y creatividad a la hora de cumplimentar este objetivo tácito, por ejemplo: el Ministerio de Trabajo se alejó deliberadamente de su rol mediador entre empresarios y trabajadores; la legislación laboral se encuentra claramente amenazada por una tendencia flexibilizadora; las organizaciones vinculadas al trabajo están siendo amenazadas y denostadas (con o sin fundamentos); se repiten las presiones para frenar u obstaculizar las paritarias libres, y los despidos masivos en el sector público nacional apenas asumió el gobierno resultaron un claro efecto demostración para que el sector privado se anime a hacer lo propio.   

Las violentas declaraciones en contra de una reconocida personalidad del mundo del derecho laboral le pusieron un toque de polémica verborrágica al debate. Pero más allá de lo anecdótico del asunto, resulta indicativo que el propio Presidente de la Nación se haya puesto al frente de la lucha contra los derechos de los trabajadores.

El efecto de esta clara vocación política en contra del trabajo no podía tener otro resultado: en el primer trimestre de 2017, la tasa de desocupación abierta para los 31 aglomerados llegó al 9,2 por ciento, pero este registro fue ampliamente superado en los Partidos del Gran Buenos Aires (11,8 por ciento), Gran Catamarca (10,8), Mar del Plata (10,4) y Gran Rosario (10,3). 

Desde el Indec afirman que la variación del índice es estadísticamente significativa, pero la situación admite otros calificativos más alarmantes. Dado que el Indec retomó la divulgación del índice de desempleo a partir del segundo trimestre de 2016, no se conoce la variación de la desocupación desde que asumió el gobierno de Cambiemos. Una forma de vislumbrar el éxito del “objetivo desempleo” es considerando la tasa de desocupación publicada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo perteneciente a Naciones Unidas), que para el 2015 informaba un índice del 6,5 por ciento. En efecto, entre el 9,2 por ciento publicado recientemente por el Indec para el 2017, y el índice de la CEPAL de 2015, la variación estaría superando el 40 por ciento.

El informe del Indec también refleja una nueva caída en la tasa de empleo (relación entre la Población Ocupada y la Población Total) llegando en el primer trimestre de 2017 al 41,3 por ciento (el menor registro desde que el organismo retomó la publicación de las estadísticas sobre empleo).

Cualquier discusión sobre las estadísticas no podrá soslayar que el rumbo económico que emprendió el gobierno, y que defiende a capa y espada, castiga a los sectores más vulnerables de la población, al mismo tiempo que amenaza con seguir deteriorando el poder adquisitivo de los salarios y recortando derechos a los trabajadores. Por lo tanto, la discusión es estrictamente política: si no se ha presentado un plan coherente para combatir el desempleo, ni se han aplicado medidas concretas generar trabajo genuino desde el mercado interno y la producción nacional, no hay razón alguna para sostener que el gobierno tiene al empleo como objetivo político de su gestión.

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