En un operativo que estuvo a cargo de la División de Prevención y Lucha contra la Trata, la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y la AFIP en tres fincas en Metán y El Galpón detectaron que había 70 trabajadorxs rurales temporarios en condiciones de precariedad y no registrados.

A fines de junio y principios de mes pasado, también se habían detectado situaciones de explotación laboral en una empresa productora de limones en El Galpón, tras una denuncia pública de cosecheros indígenas migrantes de Formosa, quienes se encontraban en condiciones deplorables, alojados en un hotel en construcción de Metán. 

La directora General de Abordaje Integral de la violencia por motivos de Género que depende de la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Laura López Ahanduni, participó de estos operativos y dijo a Salta/12 que asistió a 70 trabajadorxs. Explicó que su labor consiste en brindar un "primer asesoramiento, con equipo interdisciplinario, a las personas". En este caso realizaron entrevistas que son confidenciales respecto a su situación y se les dieron a conocer los recursos estatales existentes. 

La funcionaria informó que interviene la Fiscalía Federal de Delitos Complejos y que se excusó de dar referencias de los dueños de las fincas en que hay una investigación en curso. Indicó que se trata de diferentes propietarios.

En esas tres fincas los organismos advirtieron distintas irregularidades, como la ausencia de servicios básicos: agua potable, luz, alimentación, falta de registración y de elementos adecuados para poner en marcha las tareas. En el recorrido de los establecimientos, constataron condiciones edilicias muy precarias en las que se exponía a las y los trabajadores a distintos peligros e inclemencias climáticas. 

López Ahanduni indicó que la contratista de estos trabajadores era la firma Dynamic Agroservices, con domicilio legal en Tucumán, mientras que el señalado como propietario de la empresa es Pablo Padilla, dueño de Padilla Citrus, cuyo sello aparece en el lugar de trabajo.

Protocolo de asistencia 

Respecto a los trabajadores indígenas de Formosa, López Ahanduni detalló que realizaron asistencia y que gestionaron el traslado de un grupo a Formosa, en coordinación con el punto focal de aquella provincia. 

La funcionaria dijo que hay un protocolo de asistencia para los casos de víctimas de trata. Explicó que al detectarse la situación de explotación en la jurisdicción de Salta, brindan una primera asistencia y cuando las víctimas son oriundas de otras provincias, se gestiona el retorno asistido al lugar de origen. 

Aunque López Ahanduni afirmó que uno de los recursos que se les ofrece a las víctimas de trata laboral es ingresarlas en el programa Potenciar Trabajo, uno de los trabajadores indígenas de Formosa refirió que siguen sin cobrar los salarios adeudados por la empresa, y que desde el Estado no les dieron ninguna asistencia económica ni plan social. El cosechero dijo que se encuentra "sin un peso" y subsiste mediante las colaboraciones que le hacen a su cuenta de Mercado Pago algunas personas que se solidarizan.

López Ahanduni indicó que hicieron una intervención con un otro grupo de Formosa que se quedó trabajando en la empresa donde se detectó la explotación laboral. Refirió que tomaron contacto y tuvieron en cuenta "la voluntad" de los trabajadores de seguir  trabajando en la empresa. Dijo que en ese caso se les brindan los recursos del Estado para que cuando adviertan una situación irregular o no adecuada, se comuniquen con las fuerzas de seguridad. "Se logró que les brinden mejores condiciones de alojamiento, higiene, comida y alimentación", aseguró la funcionaria.

"No podemos obligar a la persona a que se retire del lugar y que haga algo en contra de su voluntad", explicó. Aún así, aclaró que "no se puede negar la situación de explotación a la que son sometidas". 

La funcionaria especificó que la Administración Federal de Ingresos Públicos es el organismo competente para realizar las inspecciones y verificar las condiciones laborales con el empleador. 

Respecto a lo llamativo de que no haya imputados al haberse verificado la explotación laboral en la empresa de limones, y que sigan con su producción sin recibir sanciones, López Ahanduni dijo que "cada caso es diferente, depende de lo que arroje la investigación" que compete a la Fiscalía Federal. Esta causa se tramita en la Unidad Fiscal Federal de Salta, con la intervención de la auxiliar fiscal Vanina Pedrana. 

Los organismos instan a quienes conozcan o sospechen de un caso de trata de personas a comunicarse con la línea nacional, gratuita y anónima 145, o con la línea de emergencias 911. También, por asesoramiento y asistencia se puede llamar al teléfono (0387) 4225227, o acercarse al Polo Integral de las Mujeres, en la calle República de Siria 611 de Salta Capital.