La detención de un ex funcionario muy cercano a Michel Temer vuelve a complicar al presidente brasileño. Se trata del ex ministro Geddel Vieira Lima, miembro del entorno del mandatario, apresado ayer en el marco de una investigación por corrupción. Vieira Lima fue acusado de cometer fraude contra el banco Caixa Económica Federal –una de las más importantes entidades financieras del Estado– a favor de empresas privadas y a cambio de sobornos. También se sospecha que realizaba maniobras para obstruir la acción de la Justicia en ese asunto. Además, la Comisión de Etica de la Presidencia brasileña investigará a los ministros de Ciencia y Tecnología, Gilberto Kassab, e Industria, Marcos Pereira, a quienes los directivos de JBS mencionaron como beneficiarios de comisiones ilegales pagadas a cambio de maniobras políticas que favorecieron a ese grupo. El destino político de Temer comenzará a vislumbrarse en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, cuyos 66 miembros tendrán su primera reunión sobre el caso hoy y debatirán la denuncia por corrupción que la Fiscalía formuló contra el presidente brasileño.

La captura de Vieira Lima coincidió ayer con la decisión de la Comisión de Etica de la Presidencia de iniciar una investigación sobre su actuación como ministro de la Secretaría del gobierno de Temer, puesto al que renunció el año pasado cuando quedó acorralado por un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Vieira Lima, uno de los cuatro lugartenientes de Temer, renunció el año pasado a la Secretaría de Gobierno luego de haber sido acusado de presionar al Ministerio de Cultura para que cambie la legislación sobre patrimonio histórico y le permita construir un edificio en un área preservada en el estado de Bahía.

Su aprehensión se basó en la delación de Joesley Batista, del frigorífico JBS, quien dijo que le pagaba sobornos a cambio de resolverle cuestiones económicas en diferentes niveles del Estado. Vieira Lima fue detenido en Bahía acusado de participar de fraudes a favor de JBS durante su cargo de vicepresidente de Empresas en el banco público Caixa Económica Federal, entre 2011 y 2014, durante el gobierno de Dilma Rousseff.

En el proceso que debe enfrentar hoy Temer, el primer escollo que la denuncia debe sortear para llevarlo a un juicio penal y hasta a su eventual destitución será la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados. En la primera de las 15 sesiones que puede consumir el asunto, el presidente de la comisión, Rodrigo Pacheco, nombrará al diputado que actuará como instructor del caso, que se fundamenta en denuncias hechas por ejecutivos de JBS, en el marco de un proceso de colaboración judicial.

Según directivos de la poderosa empresa del sector cárnico, Temer recibió sobornos a cambio de favores políticos que hizo para ese grupo desde 2010 y esas prácticas siguieron a partir de mayo de 2016, cuando asumió la Presidencia tras el inicio del proceso que acabó con la destitución de la anterior mandataria, Dilma Rousseff.

El cargo de instructor de esa comisión es considerado clave en medios políticos, ya que el informe que elaborará quien tenga esa responsabilidad guiará los trabajos de la comisión e incluso la votación definitiva en la Cámara de Diputados. Si finalmente se recomienda recibir la denuncia en esa instancia, la Corte Suprema tendrá vía libre para iniciar un proceso penal contra el mandatario, quien en ese caso sería suspendido del cargo durante los 180 días que podría durar el proceso que, si concluye que el mandatario es culpable, acabaría destituyéndolo.

El diputado Pacheco, miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que lidera el propio Temer, mantuvo ayer en reserva el nombre del instructor que nombrará hoy, pero reiteró que será alguien con una relativa independencia. A pesar de su cercanía con el jefe de Estado, Pacheco dijo que es vergonzoso para los brasileños ver al presidente denunciado por supuesta corrupción y garantizó que, si las hubiera, resistirá a las presiones políticas que puedan intentar influir en el caso.

La base política de Temer cuenta con 40 diputados entre los 66 miembros de la comisión, pero aún así en el oficialismo se teme que algunos legisladores díscolos puedan sumarse a la oposición y votar a favor de recibir la denuncia.

Por esa razón, los líderes de los partidos que apoyan a Temer se concentraron ayer en reuniones en las que instaron a sus diputados a mantener la unidad frente a una denuncia “basada en hilaciones”, según afirmó Roberto Mansur, subjefe del oficialismo en la Cámara baja. La minoritaria oposición hizo lo propio y, según la diputada Erika Kokay, del Partido de los Trabajadores (PT), si se escoge como instructor del caso a un parlamentario de la coalición de gobierno, los adversarios de Temer harán todo lo posible para obstruir el trabajo del comité y presionarán por la aceptación de la denuncia.