La Sala 2 de la Cámara Federal de La Plata confirmó una resolución de primera instancia que hizo lugar a un pedido de habeas corpus colectivo presentado por los presos del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza (CPFI) por problemas con la cantidad y calidad de los alimentos que reciben. El tribunal dispuso así que se cumpla la orden original del juez: que el Servicio Penitenciario Federal entregue a los presos comida apta para ser ingerida. La situación actual, según advirtieron los camaristas, “agrava las condiciones de detención para la población carcelaria afectada” e implica un “riesgo concreto” para la salud de los detenidos.

La causa se originó a partir de una presentación individual ante la cual el juez dispuso el secuestro de una de las viandas para que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías médicas (Anmat) la analizara.

Luego hubo una serie de presentaciones individuales de varios internos de la misma unidad que se acumularon en la misma causa, por lo que se le asignó carácter colectivo a la acción, con la asistencia en su presentación de Gabriela Maceda, titular de la Defensoría Oficial Nº 2 de Lomas de Zamora. En la causa también actuaron Guillermo Ariel Todarello y Juan Manuel Rojas Amantegui, en representación de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación.

Los peritajes determinaron que las muestras analizadas “no cumplen con las especificaciones del artículo 156 tris del Código Alimentario Argentino por superar los límites establecidos para recuento de Escherichia coli”.

De este modo, el juez federal de Primera Instancia de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, hizo lugar a la acción de habeas corpus, pero el Servicio Penitenciario Federal (SPF) apeló y el magistrado dictó una medida cautelar.

El SPF había argumentado en la apelación que “los amparados nunca dejaron de ser alimentados, como tampoco nunca sucedió un hecho médico que dejara vislumbrar defecto grave alguno en la confección, almacenamiento y distribución de la comida de los internos”.

En su resolución de hoy, los camaristas avanzaron sobre la cuestión de fondo para garantizar el derecho a la salud y ordenaron que se solucionen de manera inmediata los problemas de cantidad y calidad de los alimentos que reciben los internos en el CPFI. Los jueces César Alvarez, Olga Angela Calitri y Roberto Agustín Lemos Arias sostuvieron que “las serias deficiencias en la cadena alimenticia constatadas en el expediente han sido la causa para que el juez de grado haga cesar tales actos, que agravan las condiciones de detención para la población carcelaria afectada”. 

“La falta de elementos para la higiene de las personas que se desempeñan en la cocina, vestimenta adecuada, organización en la conservación, elaboración y distribución que impidan la contaminación de las materias primas empleadas, como en la ausencia de una cocina adecuada a tales fines”, fueron las deficiencias enumeradas.

La Sala II consideró que “el riesgo es concreto y puede abarcar a un número indeterminado de detenidos en la unidad carcelaria”. Por último, el Tribunal ordenó dar cumplimiento a las acciones propuestas por la defensa pública oficial en el hábeas corpus: el “acondicionamiento integral de la cocina central de la unidad penitenciaria, la presentación de informes” y “los procedimientos de lavado y desinfección de todo proceso relativo a la alimentación”.