En cuatro días, fueron y volvieron de Bariloche a Buenos Aires, pasaron por cuatro lugares de detención, fueron separadas de sus familias, de sus hijos y se les impidió tener contacto con sus abogados. Ese fue el derrotero que debieron atravesar cuatro mujeres mapuche de la Comunidad Lafken Winkul Mapu que fueron detenidas por orden de la jueza federal Silvina Domínguez en Villa Mascardi y que este sábado –después de pasar un día en el penal de Ezeiza– fueron trasladadas nuevamente al sur del país.

El martes pasado, siete mujeres mapuche fueron detenidas en una serie de allanamientos que ordenó la jueza Domínguez en seis predios distintos en la zona de Villa Mascardi. A las fuerzas federales, la magistrada le ordenó “hacer cesar el delito” –sin especificar cuál sería–, que se detenga a todas las personas que estaban en esos lugares y que realizaran una amplia inspección para secuestrar armas, celulares o artefactos electrónicos. La orden de allanar se conoció el mismo día en que el Ministerio de Seguridad, al mando de Aníbal Fernández, oficializó la creación de un comando unificado de fuerzas federales para Villa Mascardi para prevenir hechos violentos en relación al reclamo de tierras.

Inicialmente las siete mujeres fueron alojadas en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el aeropuerto de Bariloche. La decisión de la jueza fue no dejar a las mujeres detenidas en una dependencia de las fuerzas de seguridad, por lo que pidió cupo al Servicio Penitenciario Federal (SPF). Lo hizo antes de indagarlas e informarles qué delitos les imputaba –algo que no suele ser habitual–.

Dentro de las detenidas, dos eran mujeres lactantes –Betiana Colhuan y María Celeste Ardaiz Guenumil– y una tercera, Romina Rosas, cursa un embarazo de 40 semanas. Como el SPF solamente tenía lugar para lactantes en la Unidad 31 de Ezeiza, Domínguez decidió que ellas permanecieran en Bariloche y trasladar a sus otras cuatro compañeras, Andrea Despo, Luciana Jaramillo, Florencia Melo y Débora Vera. Jaramillo es, además, madre de dos pequeños hijos –de cuatro y ocho años–.

El traslado a Buenos Aires se materializó en un avión de la Policía Federal Argentina (PFA). Las mujeres estuvieron largas horas detenidas en la sede de la calle Cavia de esta fuerza. Luego fueron trasladadas a la Unidad 28 del SPF y finalmente llegaron el jueves por la noche al Complejo V de Ezeiza.

Un pedido contra la detención

En el ínterin, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto con la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) presentaron un hábeas corpus ante la justicia federal de Lomas de Zamora. En su presentación ante el juez federal Federico Villena, las organizaciones decían que el traslado ordenado por la jueza Domínguez era ilegal, que la magistrada no justificó por qué no decidió otras alternativas –por ejemplo, dejarlas en la PSA, ponerles un dispositivo electrónicas o dejar que transiten el proceso en libertad– y, además, impidió que ejercieran su derecho a la defensa al impedirles tener contacto con sus abogados defensores.

El viernes, la fiscal federal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona fue hasta el Complejo IV de Ezeiza para tomar contacto con las detenidas. Antes de entrar, se encontró con referentes de los pueblos originarios que estaban pidiendo por su libertad. Durante casi dos horas, Incardona habló con las mujeres mapuche detenidas. Le relataron que no supieron que las trasladaban a Ezeiza hasta que las subieron al avión y que hicieron todo el viaje inmovilizadas con esposas. Ni se las retiraron para ir al baño, lo que les impidió higienizarse como es debido –plasmó la fiscal en el acta que confeccionó después de la visita a Ezeiza–. Las mujeres también le contaron que se habían entrevistado con una funcionaria del Ministerio de Justicia y con otras dos del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad –Carolina Varsky y Aymara Choque–.

El traslado de las cuatro mujeres desató una crisis en el gabinete nacional que derivó en la renuncia de Elizabeth Gómez Alcorta al Ministerio de Mujeres. “Estoy convencida de que el encarcelamiento, la denegatoria de la excarcelación para todas ellas y aún más a una mujer embarazada de 40 semanas, la incomunicación y el traslado a más de 1.500 kilómetros de su lugar de residencia constituyen violaciones evidentes a los Derechos Humanos”, escribió Gómez Alcorta al presentar su dimisión.

Cambio de opinión

Para este sábado estaba prevista una audiencia para analizar el hábeas corpus a la que también habían sido convocados el Ministerio Público de la Defensa, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT). La oficina de América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también había pedido participar y Villena había aceptado. Sin embargo, la sesión en la que probablemente todas las partes –incluída la fiscalía– iban a pedir que se conceda el hábeas corpus en favor de las detenidas debió suspenderse porque el juzgado federal de Bariloche decidió nuevamente trasladar a las mujeres hacia allá.

“Encontrándonos próximos a que cesen los motivos que a mi entender hicieron necesarios sus traslados al Complejo Penitenciario Federal IV y que obedecía esencialmente a asegurarles a las detenidas un espacio acorde, entiendo que esta ciudad es el lugar en donde las mencionadas podrán estar en mejores condiciones en razón de las personas que pudieran auxiliarlas mientras dure la detención impuesta”, explicó Domínguez en un fallo de dos carillas.

“Un trato antiterrorista y racista”

Según el oficio al que accedió este diario, la jueza Domínguez fundó el nuevo traslado de las cuatro detenidas en el hecho de que se abrirían nuevos cupos en la sede de la PSA de Bariloche porque estaban en trámite tres pedidos de detención domiciliaria –para las tres mujeres que tienen hijos/as– y porque Rosas está internada. Desde que la detuvieron, la muchacha comenzó con un trabajo de parto. Como denunció el CELS, Rosas está en una habitación de un hospital con dos uniformados y con una cámara que la graba permanentemente. “La escena solo puede leerse en el marco de la violencia obstétrica, la tortura y el trato humillante”, sostuvo el organismo.

“Creemos que se les está dando un trato antiterrorista y racista”, afirma en diálogo con este diario Diego Morales, el director de Litigio del CELS, que remarca una serie de arbitrariedades que marcaron el trámite de la causa. Entre muchas otras, el tiempo que las mujeres estuvieron detenidas sin conocer qué delitos les imputaban.

Recién fueron indagadas a última hora del viernes. La jueza las acusa de “haber turbado la posesión” en predios de Villa Mascardi, que los pueblos originarios reclaman como ancestrales. No solo las imputaciones son imprecisas sino que se trata de delitos excarcelables, lo que torna aún más grave la mortificación que sufrieron las siete mujeres mapuche que están presas desde el martes.