“Estoy resignada a que la Justicia no investigue, porque me quieren acusada, no de víctima”. La frase de Cristina Fernández de Kirchner patentiza una realidad: hoy la causa por la tentativa de asesinato de la vicepresidenta es manejada por la Sala I de la Cámara Federal, la llamada Cámara M (por macrista) que prácticamente le dijo a la jueza María Eugenia Capuchetti que, con los tres imputados -Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo- mande todo a juicio cuanto antes, sin investigar las conexiones, el financiamiento, quién estuvo detrás. 

Pero, además, CFK dejó en claro que la tremenda tentativa de matarla no fue protagonizada por indignados sino que “una primera conclusión es que esos presuntos indignados tiraban teas a la Casa Rosada y eran pagados por empresarios vinculados al anterior gobierno, alguno de los que endeudó a la Argentina”. La referencia obvia fue a Caputo Hermanos, la empresa ligada a Luis Caputo, ex ministro de Mauricio Macri, que le transfirió 13 millones de pesos a Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal.

Sin respetar el orden cronológico, estas fueron las definiciones de CFK:

1. No eran indignados

“La primera conclusión que saqué es que esos presuntos indignados e indignadas que agredían, que insultaban, que esperaban, que tiraban teas encendidas a la Casa Rosada, etc... no eran indignados, era gente pagada. Gente pagada por empresarios que se identificaron con el anterior gobierno, con el macrismo, alguno de ellos funcionario que endeudó a la República Argentina. Lo cierto es que esos indignados que eran reproducidos por la televisión y por algunos programas como 'qué indignada que está la gente con los K, con la clase política, con los políticos', porque en definitiva hablaban de gente que, bueno, no estaban enojados con la política, recibían millones de pesos para hacer eso. A uno de ellos se le encontró 50 mil dólares en el allanamiento, así que córtenla con lo de los indignados rentados, que no va más esta mentira en la República Argentina”.

El propio juez de la causa que investiga a Revolución Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, vinculó en los procesamientos a los integrantes de la banda con el atentado: son los que crearon el clima, dice el magistrado, que propició el intento de magnicidio. Y los abogados de CFK, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, sostienen que ese grupo y la familia Caputo armaron un simulacro de provisión de muebles por 13 millones de pesos, 5 millones en negro y 8 millones en blanco. La idea es que el dinero en negro fue para financiar a Revolución Federal. En los chats y los vivos en redes sociales, el grupo insistía en que "se necesita un héroe, un San Martín", alguien que vaya y le dispare a CFK, tal como ocurrió.

2. Gerardo Milman y Miss Argentina

“La segunda cosa positiva, por así decirlo, es que en definitiva esa fuerza política que dice que va a darles seguridad a los argentinos, descubrimos que durante su gestión en seguridad pusieron a conducir la Escuela de Inteligencia y la Dirección Nacional de Inteligencia para la Política Criminal a una Miss Argentina. ¡Mirá vos! Yo la verdad que cuando la vi pensé que debía ser como en las películas de James Bond que la espía siempre es la más linda, bueno, pero no es así”.

La referencia fue a Carolina Gómez Mónaco, exMiss Argentina 2012 que asombrosamente fue designada por el hoy diputado del PRO Gerardo Milman al frente de la Escuela de Inteligencia Criminal pese a no tener ningún antecedente en la materia. Y la hermana de la modelo también recibió su designación en la Dirección de Inteligencia Criminal, nada más y nada menos que para manejar los fondos oficiales y reservados.

CFK hizo mención al hecho porque Milman estuvo con Gómez Mónaco en la confitería Casablanca, frente al Congreso, dos días antes del ataque contra ella y un asesor de un diputado del Frente de Todos lo escuchó decir: “Cuando la maten, voy a estar en la Costa”. El asesor se presentó a la Justicia y lo ratificó bajo juramento.

Lo impactante es que al mismo tiempo que Milman la designaba en el Ministerio de Seguridad, Gómez Mónaco inauguraba un lujoso centro de estética, a metros del Obelisco. Según la denuncia presentada por el abogado Yamil Castro Bianchi, Gómez Mónaco no tenía, ni remotamente, los recursos como para poner en marcha semejante emprendimiento.

Curiosamente, hasta ahora, el PRO no dijo nada de aquella designación de la Miss Argentina en el ministerio de Patricia Bullrich.

3. El partido judicial de Comodoro Py

“Una Justicia que, ya estoy resignada, no va a investigar nada porque me quieren de acusada, pero no de víctima. Les sirvo de acusada, pero no de víctima a ese Partido Judicial”.

La referencia es a todo el aparato judicial. Pero respecto del atentado contra CFK, el papel protagónico lo tiene la Cámara M: Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens --los dos primeros, trasladados a dedo por Macri y el último, arquero del equipo que jugaba en la quinta del expresidente--. Esos magistrados intentan frenar cualquier profundización de la investigación. Hay que mandar esto a juicio, le dijeron --en palabras más técnicas-- a la jueza Capuchetti-. O sea, la Sala M quiere cerrar todo en los detenidos Sabag, Uliarte, Carrizo, y relegar todo lo relacionado con las conexiones de quienes actuaron en Juncal y Uruguay. 

Hay pruebas de que en los días anteriores se hizo inteligencia; hay vínculos con Revolución Federal; hay relaciones con el ala de Patricia Bullrich del PRO. Pareciera evidente que Milman tenía datos de la existencia de la tentativa de asesinato, no sólo por el episodio de Casablanca, sino porque presentó un extraño proyecto en la Cámara de Diputados, el 19 de agosto, hablando de que podría haber “un falso atentado contra Cristina Kirchner”.

En cuanto a tenerla como acusada, la ofensiva se aceleró en las últimas semanas, con la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y gran parte de los tribunales de Comodoro Py, en línea absoluta con el macrismo. No sólo desempolvaron la causa conocida como Dólar Futuro, pese a que un peritaje demostró que no hubo perjuicio para el Estado, sino que vuelven a la carga este mes con el Memorándum de Entendimiento con Irán y Hotesur-Los Sauces, dos expedientes en los que hubo sobreseimientos. La acusación por las obras viales en Santa Cruz se derrumbó en los tres años de juicio y, aún así, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola preparan una nueva ofensiva para el 14 de noviembre. Y el aparato de Comodoro Py ya ha hecho saber que, en la causa de los cuadernos, no le importan las tachaduras, correcciones y el dictado del contenido en las anotaciones del exchofer Oscar Centeno, porque igual seguirán adelante con ese juicio.