Desde Santa Fe

El diputado de la UCR Fabián Palo Oliver se verá hoy cara a cara con la ministra de Gobierno Celia Arena y el secretario de Justicia Gabriel Somaglia tras sus denuncias públicas -y en la Cámara- de un operativo para designar 36 jueces comunitarios, varios de ellos con vínculos políticos con la Casa Gris y el Partido Socialista. Palo Oliver volverá a pedir que Omar Perotti retire los 36 pliegos porque el concurso “está viciado” y es de “nulidad absoluta”. Y una de las pruebas que ofreció es que el gobernador tiene la facultad de elegir a uno de la terna de concursantes que eleva el Consejo de la Magistratura –que preside Somaglia-, pero cuando no designa al primero debe explicar por qué. “Debe fundarlo”, insistió el legislador. Y en este caso, entre los 36 nominados, Perotti propuso sólo a siete que salieron primeros en la prueba de oposición, 27 segundos y dos terceros. “En 29 casos, el gobernador no cumplió con el requisito que lo obliga a fundamentar porque no eligió al primero del concurso”, reveló el radical.

Arena y Somaglia deberán dar explicaciones en Diputados, pero en el segundo turno. La jornada política comenzará a las 11, con el ministro de Economía Walter Agosto que informará a los presidentes de bloques y a la comisión de Presupuesto y Hacienda sobre otros temas: el presupuesto 2023, que tiene media sanción del Senado, y la ley tributaria.

A las 16, la ministra de Gobierno y el secretario de Justicia informarán sólo a los jefes de bloques también sobre dos asuntos: el cronograma electoral. Y los 80 pliegos de magistrados y fiscales que envió Perotti, entre ellos los 36 jueces comunitarios. Legisladores del arco opositor pidieron una interpelación en el recinto, pero el Frente Progresista y el oficialismo decidieron que sea a puertas cerradas. Así que es posible que se realice en la Sala de Acuerdos, a metros de la mesa de entradas.

Acerca del presupuesto 2023, Perotti reclamó a la oposición que deje de lado “chicanas y demoras” y apruebe la ley en el período ordinario que termina en diciembre. “Ojalá la política entienda que la gente necesita respuestas. Nos quieren ver trabajando juntos, codo a codo, sin chicanas ni demoras" y poner "el esfuerzo en darle respuestas al día a día. Eso tiene que estar por encima de cualquier instancia, más allá de que el año que viene sea un año electoral”. El gobernador mandó el proyecto a la Legislatura en tiempo y forma, antes del 30 de septiembre, como exige la Constitución de Santa Fe. “La lógica de cumplir ese plazo” es que “las Cámaras tengan tiempo suficiente en octubre, noviembre y diciembre para analizarlo y aprobarlo”.

El asunto más discutido son los 36 jueces comunitarios que propuso Perotti. Las impugnaciones en el Consejo de la Magistratura a los designados por el gobernador “no fueron contestadas”, dijo Palo Oliver. Y hasta el lunes, la comisión bicameral de Acuerdos había recibido otras “20 impugnaciones”, pero lo que trascendió es que la comisión “no va a convocar a los impugnantes. No los va a escuchar”, agregó.

En la sesión del jueves, Palo Oliver dijo en el recinto que el concurso de los jueces comunitarios está “viciado” y es de “nulidad absoluta” porque “no se cumplió el decreto 593/2014 (del ex gobernador Antonio Bonfatti) y su modificatoria el 268/19 (del ex gobernador Miguel Lifschitz). Digo decreto 593/14 porque aunque parezca increíble, el secretario de Justicia (Somaglia) planteó, deliberadamente, para confundir a la opinión pública, o lo que es peor, por ignorancia, que el decreto 593/14 no está vigente, que fue derogado por el 268/19. Y eso no sólo es inexacto, sino que el decreto 268/19 lo que hace es modificar cinco artículos del 593/14 en el proceso de impugnaciones”.

A pesar de lo que dijo Somaglia, “los dos decretos están vigentes”, señaló Palo Oliver. Y denunció que “no se cumplió con un principio básico que es garantizar el derecho de igualdad de todos los concursantes a realizar impugnaciones. El concurso tiene tres etapas: la prueba oposición (el examen escrito), una evaluación de antecedentes y la entrevista”. Pero no se publicaron las notas de las segunda y tercera etapa (antecedentes y entrevista), ni la calificación global (orden de mérito). “Somaglia omitió decir que nunca se publicó esta nota global. Y esto ha impedido que el grueso de los concursantes tenga la posibilidad de impugnar”, apuntó.

Palo Oliver relató cinco casos de los propuestos como jueces comunitarios:

*María Ana Menghini (San José del Rincón). “Sacó 67 puntos en el examen escrito y quedó número doce de la lista. Pero después de la evaluación de antecedentes y la entrevista, mágicamente, apareció tercera. Una de las impugnantes que sacó 92 puntos en el examen escrito, ni siquiera llegó a integrar la terna porque la ubicaron cuarta. En la prueba de oposición era segunda. Es una profesional con posgrado y más de 22 años litigando en distintos fueros y ni siquiera llegó a la terna. Y esta concursante integró la terna y el gobernador envió su pliego”. Menghini fue concejal socialista en Rufino hasta diciembre de 2019.

*Martín Ceschi. (La Criolla). Sobrino del administrador de Vialidad Provincial Oscar Ceschi. “Sacó 60 puntos en el examen escrito, el mínimo para pasar a las otras instancias. Acá hay una doble situación de privilegio”, dijo Palo Oliver. “El que salió primero es el actual secretario del Juzgado. La reglamentación establece que debe considerarse ese hecho. El Consejo de la Magistratura lo ubicó en el primer lugar, pero el gobernador mandó el pliego de Ceschi. ¿Qué pasó en el medio? Tiene una sola explicación: el dedo, el favoritismo, los privilegios”, denunció.

*María Emilia Sapuppo (Puerto San Martín). “Actualmente es secretaria del Juzgado Comunitario de Maciel. En este caso sí se tuvo en cuenta ese hecho porque tampoco fue el mejor examen. ¿Saben por qué?”, preguntó Palo Oliver. “Porque está vinculada a un senador de la provincia (Armando Traferri) y hasta hace poco fue presidenta de una fundación” vinculada a ese legislador.

*Pablo Rangel (Empalme Villa Constitución). “Este es un caso que debería avergonzar. La secretaria del Juzgado Daiana Giordana sacó 98 puntos” en el examen escrito. “Pero el gobernador mandó el pliego de Pablo Rangel. Que alguien explique cómo la Secretaria del Juzgado que saca 98 puntos en la prueba de oposición no se envía su pliego para ser jueza comunal. Que lo expliquen. Yo les digo por qué. El acomodo político, los privilegios”.

*Andrea Zurbrigen (Recreo). “También es militante del PJ. Es la esposa de Francisco Dallo, el subsecretario de Registros de Personas Humanas y Jurídicas, que dependen de Somaglia”, dijo Palo Oliver en los medios. “Su marido concursó, sacó 100 puntos, que es bastante poco común y después desapareció de los listados. Supongo yo que era porque terminaron eligiendo a su esposa que no tuvo el mismo desempeño en el concurso”.