El conflicto en Caspalá, el pueblo jujeño designado por la Organización Mundial de Turismo como uno de los diez mejores del mundo, parece querer poner en jaque su encanto, con la violencia que el oficialismo municipal, con el comisionado Natividad Apaza, y provincial, con el gobernador Gerardo Morales, viene ejerciendo contra la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá.
Ubicado en el departamento Valle Grande, al bello pueblo de Caspalá se llega desde San Salvador de Jujuy luego de 5 horas de viaje por la ruta provincial 73. Esta poblado se caracterizó siempre por la tranquilidad, pero sus habitantes se muestran ahora asustados por la cantidad de policías que se han instalado en el pueblo luego de las represión que sacudió al pueblo el 18 de noviembre, cuando hubo cuatro detenidos y varias personas fueron afectadas por los gases lacrimógenos. La violencia institucional se desató contra pobladores que se opusieron a la destrucción de la cancha comunitaria para construir ahí el edificio de la escuela secundaria, que tiene otro terreno destinado para este fin.
Cuando todavía no terminaron los efectos de aquel día, y cuando la Comunidad está preocupada por la desaparición del poblador Sixto Balcarce, el comisionado municipal Natividad Apaza, que responde al gobernador Morales, convocó el mediodía de ayer martes a una sesión en la que acusó a la vocal (que equivale a concejala) Rosa Apaza, opositora a la gestión municipal y que está acompañando al pueblo en la defensa de la cancha de la comunidad.
En una sesión a puertas cerradas, con custodia policial, se leyó una nota firmada por Natividad Apaza y los vocales Adelina Coronel y Pedro Balcarce (de Cambia Jujuy), algunos vecinos de Caspalá, empleados municipales, y familiares que relatan que Rosa Apaza estuvo participando activamente de la protesta del viernes 18 de noviembre.
El oficialismo afirma que la vocal opositora movilizó a la gente del pueblo, y con esa "acusación" se propone destituirla. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para que Rosa Apaza responda la demanda, y se dará por iniciado un juicio político para destituirla del cargo. Luego de finalizada la sesión, el oficialismo se limitó a informar que seguirá hoy.
Tras leer el acta que firmaron los vocales oficialistas, el abogado Lucio Plaza, que asesora a la vocal Rosa Apaza, dijo que “se están violando garantías constitucionales”. “En la nota dicen que hay pruebas y que ella debe defenderse y nos dan un plazo exiguo hasta mañana para realizar la defensa. Hay plazos en la Constitución como en la carta orgánica de los municipios y que esta Comisión está violando. La denuncia es irregular, tiene vicios formales y presentaremos un escrito ante imputaciones imprecisas y la violencia política a la concejala. Mucha gente se acercó a preguntar y piden que se respete la institución”, explicó el letrado del Equipo de Arriba Jujuy.
Sixto Balcarce
En la sesión, los vocales oficialistas no se manifestaron sobre la desaparición de Sixto Balcarce, un empleado municipal que trabaja en el Registro Civil y cuyo paradero se desconoce desde hace 13 días. La familia hizo la denuncia, pero aseguran que la Policía no lo busca.
Sixto, de 56 años, fue visto por última vez en Humahuaca. Salió de Caspalá un jueves. En ese momento estaba suspendido en su trabajo por la Comisión Municipal y decidió ir a Humahuaca donde tiene una casita. Una de las hijas pensó que viajaría a la capital jujeña pero nunca llegó.
Varios compañeros dijeron que "Sixto estaba amenazado, perseguido por (el comisionado) Apaza. En otras gestiones de las comisiones municipales nunca vimos tantas suspensiones a los empleados", afirmaron.
Los empleados del municipio le presentaron una nota al comisionado pidiéndole que informe sobre la situación de Balcarce, pero no hubo respuesta. "A Sixto el comisionado lo tenía entre cejas, lo mandaba a trabajar por la tarde, le decía que saque pico y pala y vaya al enripiado. Lo quería volver loco, lo suspendía 15 días, y ahora lo había suspendido", contó un trabajador municipal. “A Sixto lo tenían contra las cuerdas, lo suspendían, lo amenazaban y ya había contado a varios trabajadores, y estaba mal psicológicamente”, comentó un compañero de trabajo.
Todavía conmocionada por la represión del 18 de noviembre, cuando se intentó iniciar la construcción de la escuela secundaria en el predio de la cancha comunitaria y una movilización de vecinas y vecinos lo impidió, la comunidad salió a marchar ayer, a pesar de la primera lluvia de primavera. Esta vez exigió que se busque Sixto Balcarce.
La minka de la cancha
Tras el daño provocado por el sismo de 2020 la cancha fue el lugar de refugio, esa cancha que hoy el gobierno provincial pretende expropiar de hecho a la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá para construir una escuela secundaria, a pesar de que hay otro terreno adquirido por la Comisión Municipal, en otra gestión, para destinarlo específicamente a esa obra.
La marcha de ayer confluyó en la cancha con la bandera del Club Femenino Caspalá, con carteles repudiando "las mentiras" del comisionado. Ahí están los vestuarios y el salón de la Comunidad, esa estructura es la que el comisionado ordenó que se demuela para que ingresen las máquinas de la empresa constructora. Se supone que la obra se iniciará el lunes. La comunidad reclama que se respete su derecho a la consulta libre previa e informada.
El lunes último, en la inauguración de la Escuela Profesional N° 10, Patricias Argentinas, el gobernador Gerardo Morales ratificó que se avanzará en la obra en la cancha comunitaria: “está muy mal lo que hacen los de Caspalá de oponerse a la construcción de una escuela, que vamos a construir le guste a quien le guste”, sostuvo en una posición que recordó a la que mantuvo cuando en 2021 reprimió a vecinos del Centro Vecinal de Campo Verde, en la ciudad capital provincial.
El nivel secundario de Caspalá tiene 22 alumnos, en primer año son 4 estudiantes, de manera que el crecimiento de la matrícula es mínimo. A ese argumento la Comunidad suma otros y pide que haya un diálogo con las autoridades por entender que están avasallando sus derechos legítimos, e insiste que no se opone a la construcción de la escuela, sino que considera que se debe realizar en el predio que las misma Comunidad adquirió para ese fin, que está en el centro del pueblo.
Un poblador caspaleño, Pablo Cruz, tiene las escrituras de las tierras que pretende expropiar el gobierno de la provincia para hacer la escuela. Dijo que se enteró de esta pretensión "por los medios" porque "nunca me notificaron, en una oportunidad, hace 2 años, Natividad Apaza me lo dijo en la calle y le expliqué que la dueña es mi madre y que ella decide. Me dijo 'hacelo vos', pero él nunca quiso hablar con mi madre. La única notificación que recibí fue el domingo y me tuve que ir a Jujuy para que mi abogado me defienda, no es correcto que un domingo me avisen para estar el lunes”. “Es un capricho de él, que quiere sí o sí la cancha actual, quiere hacer la escuela para decir que no tenemos espacio deportivo y (entonces) capaz dice 'vamos a expropiar'”.
Hace años, la comunidad niveló a pulmón la cancha que ahora pretende usar el gobierno de Jujuy. Con el correr del tiempo hicieron los vestuarios, la tribuna y en ese espacio se juegan partidos de fútbol y se llevan a cabo otros encuentros deportivos.
En esa cancha se juegan campeonatos departamentales de fútbol femenino y masculino, es un símbolo de distracción para la comunidad. Para retirar las piedras de ese terreno la Comunidad organizó hace años una minka, un trabajo colectivo.
“Integro la comisión de fútbol femenino de Caspalá, yo entiendo que se necesita la escuela pero hay un lugar para que se construya a la escuela. Natividad Apaza te trata sin respeto, se cree dueño de Caspalá”, relató Mabel Coronel.
Contra el comisionado
A más de 12 días de la represión en este pueblo del valle de altura, la Comunidad recuerda con tristeza lo que considera un atropello del comisionado municipal. Y acusa, varios pobladores afirmaron que Natividad Apaza integró la administración municipal con miembros de su familia.
Los pobladores se reunieron en la casa de Lucía Apaza, presidenta de la Comunidad Aborigen Pueblo Kolla Caspalá, y relataron las penurias que padecen con el comisionado, hablaron de abuso de autoridad, persecución política, maltrato laboral.
"El comisionado y el hermano en la Comisión nos tratan mal, nos levantan la voz, y nos mandan a hacer trabajos pesados, no nos deja que vayamos al baño. Hemos presentado notas sobre lo que vivimos. El comisionado me dijo: 'hago lo que quiero'. No tienen consideración”, sostuvo la empleada municipal Leonidas Chapor.
Precisamente ayer se cumplieron 2 años del sismo que sacudió a Caspalá y como testigos de esa jornada de miedo, las rajaduras de las casas y la iglesia permanecen a la vista. Tras un relevamiento de las edificaciones dañadas el Ministerio de Desarrollo Social de Nación envío materiales de construcción para reparar las edificaciones, pero los vecinos dicen que solo fueron entregados a familiares y amigos del comisionado.
"Me dieron un poco de cemento, hierro y no hay más. El comisionado me dijo: 'eso es cosa tuya, por qué no te comprás'. No quiere entregar el material que le han dado. (Cuando el sismo) nos cuidamos en la cancha y ahora quiere sacarnos", afirmó Julia Cruz.
"No recibí nada, mi casa está partida, tengo dos hijas discapacitadas y corro riesgo ahí. Tengo la carpeta del gobierno, pero no me dieron nada. Le pregunté al comisionado y me dijo 'tu marido trabaja, no te da vergüenza pedir', y no volví nunca más”, contó otra pobladora, Verónica Coronel.
En ese escenario que dejó la represión hoy Caspalá tiene 50 efectivos de la Policía de la Provincia, entre los que hay integrantes de la división Infantería, hombres y mujeres que cuidan el obrador de la empresa constructora.
