Ya está todo listo para la sanción de una moratoria previsional que, de no aprobarse antes del 31 de diciembre, podría dejar a cerca de 800 mil personas sin la posibilidad de jubilarse. Con la cuenta regresiva mordiendo los talones, el Frente de Todos logró avanzar con un dictamen de mayoría del plan de pagos de deuda previsional que viene con media sanción del Senado. El acompañamiento de los bloques provinciales resultó clave, ya que podría terminar de allanar el camino para la aprobación. Juntos por el Cambio, mientras tanto, impulsó su propio dictamen de minoría y especula con unificar una postura interna de cara al debate en el recinto. Los tiempos son cortos, quedan unas pocas semanas antes de que terminen las sesiones ordinarias y el objetivo del oficialismo es despedir el año con una última sesión --el 14 o 15 de diciembre-- que sancione la ley que busca regularizar la situación de miles de personas que están en edad jubilatoria pero no tienen los aportes suficientes para jubilarse. 

Debido a las condiciones de informalidad del sistema laboral argentino, 2 de cada 3 personas que se jubilan en la Argentina lo han podido hacer gracias a una moratoria previsional. Según datos de la ANSES, solo el 35 por ciento de las personas que accedieron a una jubilación en 2021 contaban con los 30 años de aportes exigidos. Frente a este panorama, y ante la perspectiva de que en julio vencía la moratoria vigente, un sector del cristinismo en el Senado decidió avanzar con un proyecto de plan de pagos de deuda que evitase que 447 mil mujeres y 295 mil varones se quedaran sin la posibilidad de acceder a una jubilación. El proyecto, impulsado por Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, fue aprobado en el Senado el 30 de junio, pero el debate se estancó en Diputados - no solo por falta de acuerdos con la oposición, sino que el propio Ministerio de Economía miraba con suspicacia el costo fiscal de la medida - y el presidente tuvo que salir con un decreto para prorrogar la moratoria hasta el 31 de diciembre. 

Ahora, a menos de un mes de que venza esa prórroga, la Cámara de Diputados avanzó finalmente con un dictamen en las comisiones de Presupuesto y de Previsión Social. "No tenemos ninguna duda que esta es una solución parcial a un problema de fondo que no estamos logrando resolver con esto. Pero se trata de no dejar desprotegidas a las víctimas, es decir las personas que llegaron a la edad de jubilarse y no tienen aportes. Esas personas que tienen derechos pero no los pueden adquirir porque a lo largo de su vida laboral sus empleadores no han completado sus aportes", afirmó Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, y remarcó: "Lo que se busca es que la gente que quedó en esta situación no sea víctima de una situación que no es voluntaria, por eso le estamos dando una salida a través de un mecanismo, el menos oneroso desde el punto de vista fiscal".

El proyecto lo que propone es un plan de pagos mensual que permita cancelar años de deuda previsional a aquellas personas que llegaron a la edad jubilatoria pero no cumplieron con los 30 años de aportes. El plan de pagos - de hasta 120 cuotas mensuales y equivalente al 29 por ciento de la remuneración mínima imponible - también podrá ser accesible para aquellos que todavía les falta hasta 10 años para jubilarse pero ya anticipan que no llegarán con los aportes. 

JxC, que no dio quórum para el debate y ya anticipó que no acompañará el proyecto del oficialismo, presentó su propio dictamen. "La única forma que haya equidad entre los que no aportaron y los que aportaron 30 años es brindar una solución que incluya una prestación proporcional que reconozca también el esfuerzo contributivo de quienes hayan aportado algunos años. La idea es que las mujeres de más de 60 años y hombres de más de 65 que hayan aportado entre 10 y 29 años se le establezca un sistema proporcional que consista en un 70 por ciento de la Prestación Básica Universal más un 1,5 por ciento por año aportado", expuso Alejandro Cacace (Evolución). El diputado cambiemita, mientras defendía el dictamen de minoría, incluyó también un reconocimiento de que la la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) - sancionada durante el macrismo y que representa el 80 por ciento de una jubilación mínima - no terminaba de reconocer con justicia a aquellos que habían realizado varios años de aportes (aunque no los 30). 

Otras diputadas de JxC, mientras tanto, subieron más el tono y acusaron al oficialismo de buscar "liquidar el sistema jubilatorio previsional". "Como se niegan a hacer una reforma laboral nuestro país vive con trabajo en negro, en donde las empresas son las verdaderas víctimas de la política. ¿Quién se anima hoy a tomar un empleado? Nadie", declaró Laura Rodríguez Machado (PRO), quien luego tuvo un cruce con la presidenta de la comisión de Previsión Social (y una de las principales impulsoras de la iniciativa), Marisa Uceda. 

"Tenemos que repensar el sistema previsional argentino, pero en este momento tenemos 800 mil personas a las que tenemos que darle una respuesta. Porque el costo de dejarlas a la vera del camino borra toda discusión respecto al impacto fiscal", sostuvo Ricardo Herrera (FdT), aludiendo a algunas de las críticas que habían surgido respecto a cómo se financiaría la moratoria (se calculo un costo de 0,3 puntos del PBI). Uno de los que destacó este punto fue el presidente del Interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, quien firmó el dictamen pero lo hizo con disidencias:  "Necesitamos que se informe cuales son las partidas presupuestarias van a reestructurar para cumplir con el eventual impacto fiscal", advirtió el diputado, cuyo acompañamiento resulta clave para poder aprobar la iniciativa. El otro acompañamiento clave, que firmó el dictamen del FdT, provino del interbloque de Provincias Unidas.

La izquierda, mientras tanto, presentó su propio dictamen de minoría, aunque en el recinto podría llegar a acompañar el proyecto del oficialismo. "Vamos paso a paso", sostienen en el FdT, en donde dedicarán la próxima semana a conseguir el número necesario para sancionar el proyecto.