La estancia del magnate Joe Lewis fue escenario de un allanamiento que duró desde el atardecer del lunes hasta las 8 de la mañana del martes. Lo encabezó la jueza Silvina Domínguez, según pudo reconstruir Página/12, en la causa donde se investiga el tour judicial-político-médiatico a Lago Escondido. En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares --entre ellos el del presidente y administrador de la empresa "Hidden Lake SA", de Lewis--, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento. En el expediente se busca determinar quién pagó todos los gastos del viaje y si se trucharon comprobantes para aparentar que todo fue abonado por los jueces y funcionarios que participaron, y que en el aeropuerto de Bariloche tuvieron la bienvenida de empresarios de medios. Los delitos que se investigan son dádivas --tal vez cohecho--, tráfico de influencias, falsedad ideológica y violación de deberes de funcionario público. 

Tanto el allanamiento en la mansión de Lewis como el que se hizo el viernes pasado en el hangar y las oficinas en el aeropuerto de San Fernando de la empresa Flyzar, que trasladó a los invitados, van en la misma dirección. Como mínimo, jueces y funcionarios no pueden recibir regalos ni invitaciones de privados porque lo prohíben la Ley de Ética Pública y otras tantas normas. Luego habrá otro gran capítulo: por qué son determinados jueces los que viajaron, a qué empresas o también funcionarios beneficiaron o intentaron beneficiar alguna vez los magistrados. Es muy evidente que el viaje es parte de una lógica de uso del aparato judicial a disposición del poder político, económico y mediático. No fueron a aprender a pescar con mosca fuera de temporada, como pareciera que en algún momento intentaron tramar, ni parece convincente que hayan querido ir a retozar juntos en la montaña. 

Viajeros

El viaje a Lago Escondido, territorio que Lewis está acusado de usurpar, fue revelado por este diario el 17 de octubre. Tres días después se abrió una causa judicial en Bariloche, a partir de una presentación del abogado Marcelo Hertzriken Velasco. La fiscalía a cargo de Cándida Etchepare tomó medidas preliminares y la semana pasada emitió un dictamen, después de que se filtraran los chats de los integrantes del charter judicial que al parecer armaron un grupo de Telegram el mismo día que Página/12 reveló el cónclave. También pidió ser querellante el Ministerio de Justicia. El documento de Etchepare confirmó la existencia del viaje y sus dudas sobre el intento de ocultar delitos. Imputó, de hecho, a los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, a su hijo Juan Mahiques -jefe de los fiscales porteños-, al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, el exfuncionario de inteligencia Leonardo Bergroth, experto en campañas digitales Tomás Reinke, y a los directivos del Grupo Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey. 

Etchepare aparecía mencionada en los intercambios filtrados. Mahiques hijo decía -según los chats filtrados- que estaba en gestiones con ella. En teoría hablaban de lograr determinadas medidas y que la causa pasara a los tribunales de Comodoro Py o directamente se cerrara. La semana pasada la fiscal se reunió con el procurador interino, Eduardo Casal, y negó acuerdo alguno. Ya al diario Río Negro le había dicho que ni siquiera conocía a los personajes. Según tuiteó el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, "no la pudieron intimidar" como para torcer el rumbo del dictamen.

Operativos 

El allanamiento del lunes en la estancia de Lewis estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y contó con la presencia de la jueza Domínguez, hasta la mañana del martes, cuando terminó. Todo lo que se llevaron los investigadores puede ser crucial: tanto los celulares de quienes trabajan allí y del titular de Hidden Lake, Nicolás Van Ditmar -quien se encargó incluso de recibir al contingente en el aeropuerto-, como las grabaciones de cámaras para corroborar quiénes estuvieron y qué sucedió allí, como toda la documentación contable y facturas. Van Ditmar había entregado a pedido de la Justicia facturas por la estadía por 605 dólares a nombre de los jueces y funcionarios, pero no de los particulares, Bergroth y Reinke, que pueden ser tranquilamente invitados y no tienen que rendir cuentas. La fecha, además, es posterior. La estadía fue entre el 13 y el 15 de octubre pero los comprobantes son del 28 de ese mes. Habrá que contrastar con lo que se encontró en el lugar. La fiscalía ya había pedido que la AFIP hiciera un análisis contable.  

En el procedimiento en el aeropuerto de San Fernando, en dependencias de Flyzar, la Unidad Operativa de la Policía Federal se llevó documentos y dispositivos para ser analizados. Etchepare ya había señalado también sospechas sobre los comprobantes de los pasajes, con fechas disímiles, aunque pagados en el momento y al contado, por montos de entre 60 mil y 120 mil pesos, que no coinciden --según verificó este diario-- con el de un charter privado, que ronda los 36 mil dólares. El material es analizado por la División Pericias Informáticas y Electrónicas y la División Requerimientos judiciales de Imágenes Investigativos, ambas de la Policía Federal. Esta fuerza a través de su unidad operativa en Bariloche también participa de la pesquisa. Habrá que ver a quién le encomienda la jueza el análisis de los celulares y las cámaras, entre otros elementos cruciales. 

También habrá que ver si entra en el análisis de la causa la relación entre los jueces que viajaron y los beneficios que pudieron brindar desde su función. Como ya se señaló, Mahiques falló a favor de Lewis por la prescripción de la causa sobre el predio de Lago Escondido. Cayssials, según publicó El Destape, tiene 82 expedientes ligados al Grupo Clarín, 24 de los cuales tuvieron movimientos posteriores al viaje en cuestión, algunos con resultados favorables a la empresa.