Página/12 en Perú

Desde Lima

Este lunes fue un nuevo día trágico en las movilizaciones populares contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso que controla la derecha. La represión a las protestas ha dejado al menos doce muertos por disparos de la policía en la región altiplánica de Puno. Desde que las protestas se reanudaron el 4 de enero, Puno es el epicentro de las mayores movilizaciones, pero no el único lugar donde se vienen dando. Al cierre de esta nota continuaban allí los enfrentamientos y las movilizaciones masivas. 

Gran cantidad de manifestantes rodearon el aeropuerto, cerrado desde hace días. Estas son las primeras muertes desde el reinicio de las protestas en enero. En diciembre hubo 28 muertos, 22 de ellos por disparos del ejército y la policía. Y hubo 485 heridos, según un reporte de la Defensoría del Pueblo. 

Hay movilizaciones en varias ciudades y este lunes fue cerrado el aeropuerto de la región andina de Ayacucho por las protestas. Diversos bloqueos se mantienen en más de cincuenta puntos en carreteras de todo el país. Un recién nacido falleció cuando la ambulancia en la que era trasladado no pudo pasar un bloqueo. En los últimos días se han denunciado más de 300 detenciones arbitrarias en Lima.

En este contexto de agudización de las movilizaciones, este lunes el gobierno decidió prohibirle el ingreso al país al expresidente de Bolivia, Evo Morales, acusándolo de promover las protestas en Puno, zona fronteriza con Bolivia. También lo señalan, sin argumentos serios, de apoyar supuestas intenciones separatistas de las poblaciones andinas del sur. A Morales lo calificaron “una amenaza para el orden interno y la seguridad nacional”. Esta prohibición se extiende a otros ocho ciudadanos bolivianos.

El gobierno ha justificado esta insólita prohibición contra Morales en la Ley de Migraciones que señala que se la puede tomar contra quienes “amenacen o solivianten el orden interno”. Se le acusa de injerencia en las protestas por haber comentado que son una “insurgencia” contra “el Estado colonial”, y por pedir que "cese la represión". Los acusadores de Morales señalan que el proyecto Runasur puesto en marcha por el expresidente boliviano para promover la articulación de las poblaciones originarias y organizaciones populares, busca impulsar la separación de las poblaciones indígenas del sur andino del Perú.

La prohibición de que Evo Morales ingrese a Perú, absurda en sus justificaciones y expresión del autoritarismo que ha ganado espacio, se da en medio de una campaña con amplio respaldo mediático de criminalización de las protestas, que acusa de “terroristas” a manifestantes y pretende explicar la indignación popular culpando a supuestos “azuzadores” de la izquierda local e internacional. Estas acusaciones eluden que hay una clase política desacreditada, pobreza, marginación y racismo sufrido por las poblaciones movilizadas, y represión de un gobierno aliado con la derecha dejando más de treinta muertos.

“No volverá a entrar al Perú”, dijo el jefe del gabinete ministerial Alberto Otárola al referirse a Evo Morales. En tono amenazante, aseguró que el gobierno “está observando detenidamente, no solamente la actitud de Evo Morales, sino de quienes trabajan con él en el sur del Perú”. Antes que se conociera la decisión de prohibirle el ingreso al país, Evo había respondido señalando: “Damos la otra mejilla ante los ataques políticos de la derecha peruana. Pero, por favor, paren las masacres, detenciones ilegales, persecución y “terruqueo” (término usado en Perú cuando se acusa a alguien falsamente de terrorista) contra nuestros hermanos indígenas". El Perú profundo demanda una transformación de fondo.

En un comunicado, el Movimiento al Socialismo (MAS) calificó las acusaciones contra Morales como “una arremetida promovida por un grupo de poder ilegítimo manchado con la sangre de nuestros hermanos indígenas asesinados por reclamar democracia y justicia social”. Y rechazan la criminalización del proyecto Runasur.

Desde la izquierda peruana condenaron esa prohibición de ingreso al país: “Esta decisión contra Evo Morales es inaceptable, es una forma de eludir la responsabilidad del gobierno de Dina Boluarte por la crisis, es no entender que la crisis está en nuestro país. En lugar de buscar un chivo expiatorio en el extranjero, el gobierno debe asumir la responsabilidad por la crisis, buscar una salida y garantizar que no van a haber más muertos y heridos”, señaló la legisladora Ruth Luque.

Desde el otro lado, la derecha parlamentaria y mediática celebró entusiasmada la prohibición de ingreso al país a Evo, una decisión tomada un día antes que el gabinete ministerial concurra al Congreso de mayoría derechista a pedir el voto de confianza, requisito para ser ratificado. Este es un nuevo gesto del gobierno en su acercamiento a la derecha y ultraderecha, reforzando las coincidencias del Ejecutivo con estas bancadas en la víspera de la presentación del gabinete en el Congreso. El apoyo de la derecha le aseguraría al gabinete el voto de confianza.

“Son personas subversivas, delincuentes, indeseables”, atacó el legislador fujimorista Ernesto Bustamante, al referirse en una cesión del Congreso a Evo Morales. El presidente del Congreso, el general en retiro José Williams, acusado de violaciones a los derechos humanos, se sumó a los ataques contra Morales. El legislador del partido ultraderechista Renovación Popular, el almirante en retiro Jorge Montoya, presentó una acusación penal contra Morales por promover las protestas y pidio su extradición.

Mientras las protestas populares no cesan y la represión y muertes continúan, desde el gobierno y la derecha parlamentaria y mediática desvían los reflectores, dirigiéndolos contra Evo Morales.