El cierre exprés de la causa de los chats entre Silvio Robles, mano derecha del supremo Horacio Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, el ministro de Horacio Rodríguez Larreta, dejó al desnudo cómo funcionan los tribunales de Comodoro Py. Después de haber validado escuchas ilegales para encarcelar a kirchneristas –e incluso para reactivar una causa con impacto global como es la del Memorándum con Irán–, ahora esos mismos tribunales se escandalizan ante una filtración de conversaciones entre dos funcionarios públicos y denuncian –sin haberlo investigado– que se trataría de un caso de espionaje ilegal en la misma sintonía que tocan la oposición y la Corte Suprema. Eso fue lo que denunció Cristina Fernández de Kirchner después de que trascendiera la clausura de la denuncia contra Robles. “La mafia mediático-judicial, la impunidad y el absurdo jurídico a cielo abierto. Es hora de despabilarse y advertir que están conduciendo a las instituciones hacia un callejón sin salida”, tuiteó la vicepresidenta.

El 29 de diciembre pasado, empezó a circular un sitio web en el que se publicaron chats que habría mantenido D’Alessandro con distintas personas. Los mensajes que más impactaron son los que habría intercambiado con Robles, el director general de la vocalía de Rosatti y su hombre de mayor confianza. Allí se veía cómo el asesor del presidente de la Corte y el ministro de Larreta dialogaban sobre dos de los casos que el máximo tribunal tiene a su estudio: la conformación del Consejo de la Magistratura y el reclamo sobre la coparticipación que presentó el gobierno de la Ciudad.

El mismo día en que D’Alessandro debió anunciar que se tomaría una licencia temporaria en su cargo, ingresó al juzgado federal de Ariel Lijo una denuncia contra Robles por los intercambios con D’Alessandro. Quien la presentó fue Gastón Marano, el abogado de Nicolás Gabriel Carrizo –el dueño de la máquina de algodones de azúcar– en la causa por el intento de homicidio contra CFK. En ese momento, hubo suspicacias por la presentación –que volvió a actualizar la vicepresidenta a través de un tuit en el que se preguntaba hasta dónde llegará toda la trama–. Marano trabajó en la embajada de los Estados Unidos, era asesor del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI) y, por si fuera poco, había avisado que estaba de vacaciones para postergar la ampliación de la indagatoria de Carrizo por el atentado contra la vicepresidenta, pero aún así tuvo tiempo para meter una denuncia que le sirvió a Robles para conseguir un fallo favorable en tiempo récord.

La denuncia tuvo exactamente catorce días de vida: quedó radicada el 3 y se cerró el 17 de enero. Sobrevivió una semana más porque se excusaron de intervenir la jueza María Servini y el fiscal Rívolo y tuvo que mudarse al juzgado de María Eugenia Capuchetti, que está de vacaciones y la reemplaza Sebastián Ramos. Ahí hizo su entrada en escena el fiscal Carlos Stornelli para “salvar al ladero de Rosatti”, dijo CFK. Stornelli pidió archivar el tema y dijo que él ya investigaba como un caso de espionaje ilegal la filtración del teléfono de D’Alessandro.

Ramos recogió el guante y mandó la denuncia al arcón de los recuerdos. Sin investigar si hubo un hackeo o qué pasó, sostuvo que hubo espionaje ilegal. En el Frente de Todos, recuerdan que el juez no había tenido la misma velocidad para catalogar de la misma forma la bomba que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) le dejó de regalo a un funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, y que se sacó de encima rápido una investigación sobre cómo se usaban las bases de la Dirección Nacional de Migraciones para espiar los ingresos de magistrados, deportistas y políticos. También fue Ramos el juez que intervino en la precausa que la AFI macrista armó para seguir a Florencia Cocucci, la modelo que viajó con Alberto Nisman a Cancún.

“El juez no se tomó la molestia de establecer los mínimos recaudos para establecer de qué se trataba”, dice a Página/12 el diputado del Frente de Todos Leopoldo Moreau, presidente de la CBI. “En realidad no dijo que los chats eran falsos. Se trata de una conversación entre funcionarios públicos, sobre temas públicos y de naturaleza institucional con el agravante de estar en presencia del delito de tráfico de influencias. Debía investigarse más”, reclama.

La sombra del Memorándum

Stornelli jugó el papel clave para propiciar la desestimación de la denuncia sobre los chats y agitar el fantasma del espionaje ilegal. No es un fiscal más: es el fiscal que está procesado por haberle querido hacer una “cama” al exmarido de su actual pareja y una cámara oculta a José Manuel Ubeira, abogado de CFK, a través de los servicios non-sanctos de su compinche Marcelo Sebastián D’Alessio.

Pero, además, Stornelli trajo a la mesa la causa del Memorándum con Irán –que se inició a partir de la denuncia de Nisman hace ya ocho años–. Después de que el juez Daniel Rafecas, la Cámara Federal porteña y el fiscal Javier de Luca dijeran que no había delito que investigar, la causa se reabrió tras la llegada al gobierno de Mauricio Macri. Para eso, jugó un papel esencial una escucha de una conversación telefónica entre el entonces presidente de la AMIA Guillermo Borger y el canciller Héctor Timerman sobre la necesidad de hacer comparecer a los iraníes.

La escucha –que nunca se aclaró de dónde apareció– se difundió en la misma semana de la asunción de Macri, más precisamente el mismo día en que el gobierno de Cambiemos retiró la apelación contra la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. La escucha tuvo múltiples usos: se presentó como una prueba novedosa para reclamar la reapertura y se empleó como puntapié para que el juez Claudio Bonadio iniciara una investigación que le permitiría a posteriori quedarse con la causa surgida por la denuncia de Nisman.

En diciembre de 2016, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió la reapertura de la causa. Para eso, contó con los votos de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, dos asiduos visitantes de Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. De hecho, los registros muestran que Borinsky había estado en la residencia presidencial seis días antes de firmar la reapertura. El 29 de diciembre de 2016, el mismo día del fallo, el entonces presidente salió a felicitarlos y a criticar a Figueroa.

Entonces, Figueroa había quedado en minoría al afirmar que una escucha de dudosa procedencia –como la de Borger con Timerman– no se podía aprovechar como una evidencia legítima. Eso fue lo que rescató Stornelli. Curiosamente olvidó lo que habían dicho Hornos y Borinsky: los dos camaristas habían señalado que no cabía descartar el audio y que había que examinarlo de manera “concatenada” con el resto de las pruebas en la causa. Nada dijeron entonces de la ilegalidad.

“Los mismos que aplaudían el voto de los visitantes de Macri en Olivos, Hornos y Borinsky, –cuando se valieron de escuchas ilegales realizadas a Timerman, audios que no demostraban nada y que nunca nadie explicó de donde salieron– desvergonzadamente hoy recurren al voto en minoría de la jueza Figueroa en aquella misma causa que le costó la vida al excanciller, para resolver en tiempo récord y en plena feria judicial, intentando frenar como sea la investigación sobre los escandalosos chats y las conversaciones divulgadas por todos los medios entre la mano derecha de Rosatti y un ministro de Larreta”, apunta el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, en diálogo con este diario.

Próxima estación: Casación

La causa del Memorándum con Irán terminó elevada a juicio oral por decisión de Bonadio y del fiscal Eduardo Taiano. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 volvió a decir que no había delito y sobreseyó a todos los imputados. La decisión fue recurrida. “Hoy, a esta altura, hay que hacerse la pregunta del millón: ¿Qué hará la Cámara de Casación con la causa del Memorandum con Irán?”, se preguntó CFK.

La decisión está en manos nuevamente de la Sala I de Casación, integrada por Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Son los mismos jueces que la sobreseyeron en la causa del dólar futuro y que deben decidir si reabren la causa de Hotesur y Los Sauces.

El panorama puede ser complicado especialmente de la mano de Petrone y Barroetaveña. Los dos llegaron a la Casación durante el macrismo. De hecho, Petrone se inhibió de intervenir en el D’Alessiogate por su amistad con el exministro de Justicia Germán Garavano y Barroetaveña integra el Consejo de la Magistratura por la Lista Bordó –la más antikirchnerista–. El mes pasado, CFK definió a Barroetaveña como un “teledirigido” de Carlos Mahiques, el camarista que viajó a Lago Escondido junto con otros jueces, un exintegrante de la Secretaría de Inteligencia y altos directivos del grupo de medios.

La Corte también se guarda una carta en la partida con la vicepresidenta. Días atrás, el columnista de La Nación Carlos Pagni --quien reveló el archivo de la denuncia contra Robles-- recordó que los supremos tienen para revisar los sobreseimientos en la causa del dólar futuro y que podría haber novedades en marzo. De ser así, la decisión del cuarteto de la calle Talcahuano será contemporánea con el inicio del proceso de juicio político, que tendrá su punto de arranque el próximo jueves a las 11.