“Coincidimos con el Gobierno de la Ciudad en que es necesario relocalizar a las familias que viven en los alrededores del Elefante Blanco, pero se tiene que hacer respetando a las personas; se les tiene que plantear una verdadera solución al problema habitacional”, aseguró en diálogo con PáginaI12 Ramiro Dos Santos Freire, defensor oficial de Primera Instancia e integrante del Ministerio Público de la Defensoría de la Ciudad. “Creemos que dentro del enorme gasto que significa la construcción de la sede del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat en ese terreno podrían haber considerado la construcción de viviendas para las familias desplazadas”, agregó.
Según explicó Dos Santos, hace cuatro años la Defensoría presentó una acción de amparo por la situación ambiental y sanitaria de los vecinos que vivían dentro y en los alrededores del edificio abandonado. “Nosotros somos los representantes de los vecinos. Muchos de ellos viven en basurales, en zonas que se inundan, no tienen agua potable y hay plagas de ratas que provocan muchísimas enfermedades”, advirtió el funcionario. A este contexto se sumó el conflicto por la demolición del Elefante Blanco, que podría haber significado una solución definitiva para muchos vecinos, aunque terminó representando un deterioro en su situación de vivienda. Frente a la falta de información presentada por parte del Gobierno de la Ciudad, la Defensoría realizó un relevamiento en la zona. “La situación real es que hay más de 100 familias sin solución habitacional. Hicimos un relevamiento del cual todavía no tenemos los números finales, pero más o menos son 70 las viviendas que quedan en pie; hay que tener en cuenta que en cada vivienda viven dos o tres familias. En total son unas 500 personas”, detalló Dos Santos. La cantidad de familias que vivían dentro del Elefante era de 150, según los censos anteriores que había hecho la Defensoría, de las cuales actualmente sólo quedan tres.
Sobre el conflicto que significa la negociación entre el gobierno y los vecinos que viven en la manzana del edificio, el funcionario afirmó que “lo que tendría que primar es el derecho a la vivienda que tienen los vecinos, como todo el mundo. Desde nuestro punto de vista lo importante es la situación habitacional de las familias. La Defensoría siempre plantea que la solución es entregar viviendas o dar créditos para que los vecinos tengan acceso a una casa”. En relación a la forma en la que el gobierno encaró la reubicación de las familias, Dos Santos indicó que uno de los principales errores “fue que no hubo un seguimiento de la gente con la que se negoció”, y que “nunca existió una planificación para solucionar el problema habitacional. Se les dio el dinero y nada más. Por ese motivo también es difícil en muchos casos saber qué pasó con las familias que arreglaron”.
Por otro lado, el defensor oficial sostuvo que la negociación entre el gobierno y los vecinos no fue justa para estos últimos. “La falta de información de los vecinos y las incertidumbres que genera toda la situación hace que la gente tome decisiones apuradas, que terminan siendo muy perjudiciales para ellos. Es un procedimiento muy poco transparente. Son negociaciones entre el Estado y personas en condición vulnerable, el propio contexto es muy desfavorable para las familias”, opinó. Para evitar que se repita esta dinámica en las negociaciones, la Defensoría planteó la necesidad de armar una mesa de trabajo para dialogar con el gobierno, que hasta el momento no se concretó. “Lo que pedimos para evitar situaciones injustas es que el juzgado arme una mesa de trabajo de la que participen el gobierno y la Defensoría, pero todavía estamos a la espera. Quizás ahora en agosto cuando termine la feria judicial se decidan a establecer la mesa”, apuntó luego, y explicó que la mesa es necesaria porque actualmente “no podemos incidir en las ofertas económicas que hace el gobierno a las familias”.
Otra de las importancias de que se establezca la mesa de diálogo es que permitiría distinguir las condiciones de cada vecino. En ese sentido, Dos Santos remarcó que “las situaciones de las familias son muy variadas. Algunas están bien asentadas, en viviendas de material construidas desde hace años y otros viven en casas muy precarias, de madera o de cartón, en las cuales la solución sanitaria es delicada”. “La gente tiene organizada su vida en el barrio; los chicos van a la escuela ahí, los padres a sus trabajos, están los centros de salud a los que asisten. No es tan sencillo como darle plata a la gente para que se vaya, se tiene que encarar el problema en su complejidad”, apuntó el funcionario.
El 28 junio último el juez Guillermo Scheibler dispuso una resolución a pedido de la Defensoría que prohibió los desalojos forzosos en la zona en conflicto y pidió al Gobierno de la Ciudad un informe socioambiental sobre la manzana 27 bis. Sin embargo, Dos Santos advirtió que esta medida “no impide que el gobierno siga negociando con los vecinos”.
Informe: J. F.
