Las dos plantas de faena de la empresa Cresta Roja en las localidades de El Jagüel y La Unión permanecieron cerradas y con personal de Gendarmería e Infantería de la Bonaerense en el interior de la fábrica por segundo día, mientras los 1200 trabajadores, entre ellos los 52 nuevos despedidos, continúan denunciando un lock out patronal y el incumplimiento de la conciliación obligatoria vigente.
A la espera de los resultados de la audiencia que se desarrolla en el Ministerio de Trabajo, Darío Sánchez, uno de los representantes despedidos, desmintió las acusaciones de "desafiar la autoridad" y "generar situaciones de violencia física", que lanzó la empresa a través de varios medios para justificar la decisión. Las partes mantenían una reunión en el Ministerio de Trabajo nacional, donde los trabajadores llevaron el reclamo por la reincorporación y las indemnizaciones adeudadas hace más de un año.
"No entendemos cuáles son los motivos de la empresa para decir que somos violentos. Lo que hacíamos era llevar los reclamos de los compañeros ante la empresa. Hubo discusiones elevada de tono, pero hubo violencia contra alguien" , lamentó Sánchez en diálogo con PáginaI12 sobre las acusaciones de la empresa difundidas a través de varios medios nacionales.
"Están tratando de ensuciarnos para justificar los despidos", insistió Sánchez, quien había sido elegido como representante del sector de menudos en la empresa de faena. Entre los 52 nuevos despidos están todos los trabajadores que habían sido elegidos como representantes por sector luego de que se decidiera desautorizar a la Comisión Interna anterior, pero aún no contaban con el aval legal de las elecciones gremiales.
"Si llevar adelante los reclamos de los compañeros es actuar de manera violenta, nosotros deberíamos estar denunciados. Si fue así, que presenten las pruebas", indicó a la espera de lo que se resolviera en la reunión en el Ministerio de Trabajo. "Cuando sepamos qué se resuelve, haremos una asamblea para seguir con el plan de lucha", aclaró a este diario.
Los trabajadores no sólo reclaman la reincorporación de los despedidos sino que también la de los 400 que quedaron en la calle luego de que la familia Rasic, anteriores dueños de la firma, declararán la quiebra y el Gobierno de Mauricio Macri negociara la reapertura de la fábrica con nuevo dueño y gran parte del personal fuera. Sánchez recordó que los nuevos dueños "no pagan las indemnizaciones" por los años trabajadores en la anterior firma y el incumplimiento ya lleva cuatro prórrogas. "Sólo pagaron un porcentaje bajo de las indemnizaciones para aquellos que tenían menos de diez años en la empresa", precisó.
Sánchez también alertó por los 1200 trabajadores que no están entre los nuevos despidos y llevan dos días sin trabajar. "La empresa permanece cerrada y la postura es dejar a los 52 despedidos en la calle. Los compañeros que están sin tareas nos respaldan y están dispuestos a no trabajar, por eso la empresa dice que no trae camiones para faena". "La empresa no quiere que los que éramos representantes volvamos a entrar", denunció.
