La Misión de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos de Argentina aterrizó en Perú hace unos días. El informe preliminar publicado después de la visita y las entrevistas con organizaciones sociales, sindicales, campesinas, indígenas trajeron a la luz lo que miles de manifestantes denuncian en las calles: el gobierno de Dina Boluarte mantiene medidas represivas contra las movilizaciones populares.

“Hay una respuesta del Estado peruano frente a la protesta social que es absolutamente abusiva, desproporcionada, que viola derechos fundamentales de los ciudadanos que se manifiestan”, explicó el abogado Pablo Garciarena de la Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos XUMEK. El grupo viajó a los principales puntos de la protesta social en Perú: Ayacucho, Juliaca, Ica, Cusco y Lima.

Imagen: EFE

Las masacres en Ayacucho y Juliaca

En la región de Ayacucho, ubicada al sur del país, investigaron lo ocurrido en la masacre del 15 de diciembre de 2022 cuando terminaba una movilización pacífica que recorrió el centro hasta llegar al aeropuerto donde las fuerzas públicas iniciaron la represión.

Nueve personas murieron ese día y una más murió el 21 de diciembre después de varios días de hospitalización. Además, tres de las víctimas ni siquiera estaban participando en las manifestaciones. Christopher Ramos Ayme, tenía 15 años, trabajaba en el cementerio que está ubicado frente al aeropuerto cuando le dispararon por la espalda.

Edgar Prado Arango era vecino de la zona. Aunque no estaba participando en las movilizaciones, Edgar se acercó para asistir a los heridos cuando le dispararon. Raúl García Gallo, de 35 años también fue asesinado ese día.

Principales hallazgos de la Misión: Criminalización de los manifestantes

En el informe preliminar la Misión de Solidaridad Internacional reveló que los familiares de las víctimas reciben amenazas anónimas. Son criminalizados y revictimizados por el gobierno nacional y regional. Esta retórica es ampliada por los medios de comunicación y tiene como resultado el temor de las familias a acercarse y brindar su testimonio.

“Las muertes de sus familiares no sólo ha afectado emocional y psicológicamente, sino que ha empeorado su condición económica ya que todas las familias son de sectores populares que viven en condiciones precarias. En ninguno de estos casos el Estado ha brindado contención”, subrayan en el informe preliminar.

Imagen: Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos de Argentina

La Misión también denuncia la ausencia absoluta de las autoridades para brindar algún tipo de ayuda psicológica o económica a los familiares de las víctimas que son acusados de ser “terroristas”.

El grupo destacó la persecución judicial y la criminalización a la que están expuestos los manifestantes y líderes sociales. 

“Esto lo corroboramos con el armado de causas judiciales donde se imputaban delitos tales como terrorismo, financiación del terrorismo, apología al terrorismo. También delitos comunes como desobediencia, resistencia a la autoridad, disturbios, daños”, indicó Garciarena de XUMEK.

“Es un combo con fines de disciplinamiento de las organizaciones sociales”, precisó el abogado en referencia a la persecución judicial de los dirigentes que protestan en las calles. “Lo pudimos verificar y resulta claro en varios casos”, añadió.

Entre los manifestantes criminalizados, Garciarena cuenta el caso en Ayacucho donde fueron detenidos cinco dirigentes y dos jóvenes que participaban en el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa). “Se encuentran detenidos hace más de un mes y medio. 

La imputación es delito de terrorismo cuando la única actividad que se encuentra verificada que estaban haciendo era participando en una marcha”, remarcó Garciarena.

18 muertes en un día

La ciudad de Juliaca fue el escenario de uno de los episodios más violentos de la represión: el 9 de enero fueron asesinadas 18 personas, 204 fueron heridas y al menos 61 personas recibieron disparos de armas de fuego y otras sufrieron lesiones permanentes por los proyectiles de gases lacrimógenos lanzados a la cara y al tórax.

Cuando los manifestantes realizaron una misa en conmemoración al primer mes de la masacre tuvo lugar una nueva represión por parte de la Policía Nacional. 23 personas resultaron heridas, a una de ellas le tuvieron que amputar la mano luego de que la policía le lanzó un explosivo, confirmó la Misión en su informe preliminar.

Otro dato es que la mayoría de las personas heridas no supera los 30 años de edad. Uno de los heridos, un niño de 11 años, sufrió un disparo de bala de plomo en la pierna.

Temor y desconfianza a las autoridades

La criminalización de los manifestantes llega a tal punto que “de todos los casos relevados de violencia estatal, casi en la totalidad, la mayoría de las víctimas no había hecho la denuncia judicial por temor, por desconfianza”, explica Garciarena. 

Hacer una denuncia o ir al hospital tras ser herido en una marcha pueden traer consecuencias para las víctimas.

“Incluso en los hospitales, los familiares que denunciaban la violencia estatal terminaban después judicializados ellos mismos, imputados por haber participado en las marchas”, relató.

Imagen: AFP

Mientras que “el Ministerio Público Fiscal sí avanza las investigaciones contra los manifestantes por supuestos delitos de terrorismo, hay una desconfianza generalizada de las víctimas”, remarca Pablo Garciarena.

“Por la innumerable cantidad de testimonios, se puede concluir además que el accionar de la Policía Nacional del Perú estaba, también, concretamente dirigido a matar con el de armas de fuego” incluyendo el uso de armas de guerra como los fusiles AKM, precisa el informe. Los testimonios también dieron cuenta de la presencia de francotiradores.

“La militarización y el despliegue incluso de verdaderas zonas de fortines, definen un escenario donde a la población desarmada e indefensa se le aplica un tratamiento de guerra destinado a aterrorizar y matar”, precisa el informe.

"El derecho a la vida no se suspende"

En línea con la criminalización denunciada, la Misión confirmó que el Poder Judicial de Perú decidió deben ser las Fiscalías Especializadas en Criminalidad Organizada quienes intervengan, remplazando así la intervención de las Fiscalías de Derechos Humanos.

"Se aborda la protesta social como un acto criminal, no como un derecho constitucional consagrado también en los tratados internacionales de derechos humanos”, reza el informe preliminar.

Imagen: EFE

Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte anunció una nueva ampliación del Estado de Emergencia.  Garciarena advirtió que se utiliza la declaración de emergencia “para darle una apariencia de legalidad a la cuestión represiva”. 

Para amedrentar y atemorizar a la población “desalentarla a que participe y efectivamente pueda ejercer su derecho a la protesta”, explica Garciarena. El abogado resaltó que “el derecho a la vida y el derecho a la integridad física no se suspenden con un Estado de emergencia”.

Entre las conclusiones preliminares del grupo llaman a que el Estado de Perú sea investigado “por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a jóvenes de barrios populares, estudiantes, mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente”.