“Ayer fue un día luminoso de justicia en Mendoza, se ha hecho historia”, celebró Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes del histórico Juicio a los Jueces, donde cuatro exmagistrados federales fueron condenados a cadena perpetua por ser partícipes del terrorismo de Estado. Tras conocer la sentencia, Salinas compartió su satisfacción y reconoció que nunca pensaron que llegaría el día de la condena. “Estamos hablando de complicidad judicial, es muy difícil que un juez o un fiscal actúe contra sus pares”, aseguró el abogado.
Según explicó Salinas, recién en 2011 lograron destituir a los jueces, que seguían siendo las máximas autoridades de la Justicia Federal de Mendoza. “No hay antecedentes de esta condena, acá se ha condenado a todo el aparato de la Justicia Federal de la Dictadura en Mendoza”, sostuvo el abogado querellante en declaraciones a la radio La Patriada sobre la magnitud del precedente que genera esta condena.
Los jueces Alejandro Waldo Piña, Juan Antonio González Macías y Raúl Alberto Fourcade condenaron a 25 de los 28 acusados del juicio, doce de ellos a prisión perpetua, entre ellos a los ex jueces federales Rolando Evaristo Carrizo, Guillermo Max Petra Recabarren, Otilio Romano y Luis Miret, simbólicos por la enorme influencia que mantuvieron en el fuero local hasta hace muy poco tiempo.
El Tribunal siguió la línea que propuso la querella, que sostenía que los jueces tuvieron una participación criminal durante la dictadura y que no fueron culpables sólo por “omisión”. “El aporte al plan criminal que hacen los jueces era la garantía de la impunidad de que mientras sigan secuestrando, ellos les iban a seguir brindando impunidad desde la Justicia Federal”, explico Salinas.
Según la explicación del abogado, la actuación de los magistrados en connivencia con la dictadura comenzó cuando sancionaron la ley 20/840 para “reprimir la subversión”. Con esa norma se legitimó las prácticas represivas y de tortura que se llevaron adelante en los centros clandestinos de detención de Mendoza. “Trabajaban conjuntamente con las patotas del D2, ahí convalidaban las torturas. Después, ya en dictadura, cuando tuvieron que convalidar desapariciones forzadas, lo hicieron”, sostuvo Salinas sobre la actuación de los jueces.
Tanto la Fiscalía como la querella solicitaron la prisión perpetua y el Tribunal hizo lugar. “Es un gran día de justicia en Mendoza y esto tiene que llevar esperanza a todos los que trabajan para que se juzguen la responsabilidades civiles en todo el país”, volvió a celebrar el abogado querellante.
