Los golpes que sufrió Fernanda Sánchez Salé en noviembre de 2021 fueron solo el principio. Mario Parisí le provocó 20 lesiones constatadas. "En noviembre de 2021 recibí una brutal golpiza de parte de mi pareja en ese momento, Mario Héctor Parisí Flores, golpes de puño, cachetones, patadas, escupidas y hasta una herida con un cuchillo (katana) en mi espalda", relató la mujer. El agresor estaba a cargo -en el momento de los hechos- de la Unidad Conclusiva de Causas, era supervisor del procedimiento de Flagrancia y coordinaba la asistencia Jurídica del Colegio de Jueces de la provincia de San Juan. Un alto funcionario judicial. “¿Vas a llamar a la CAVIG?”, le decía mientras le pegaba. Se refería a Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. “Tenía mucho miedo y vergüenza. No sabes lo que a mí me ha costado. Lo he pensado mucho por el miedo, la vergüenza, pero ahora no tengo miedo”, dice Fernanda. Tras la paliza, sobrevinieron encubrimientos y decisiones judiciales que la siguen.  

El 27 de marzo se cumple el plazo para que el juez Benedicto Correa decida si acepta la probation en la causa por lesiones leves en contexto de violencia de género, que ya fue rechazada por otro magistrado, en primera instancia. El fallo Góngora, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es claro: la suspensión del juicio a prueba no debe aplicarse en los casos de violencia de género. “El estado argentino se compromete a investigar con celeridad la violencia de género y además, el Código procesal de la provincia de San Juan dice que los delitos basados en discriminación y de violencia familiar no admiten la probation”, plantea el abogado Reinaldo Bedini.

La tarde del agresión, Fernanda concurrió a la justicia, que demoró más de 24 horas en hacer un allanamiento, aunque ella contó sobre el uso de una katana (cuchillo que se utiliza en artes marciales) para herirla y la tenencia de otras armas del acusado. Lo fueron a buscar a las 19 del día siguiente. "Le dieron tiempo para que acomodara todo", dice Fernanda. A partir de allí, y pese al escándalo público, Fernanda se ve obligada a seguir defendiéndose como si fuera la acusada. 

“La causa es verdaderamente escandalosa”, plantea el profesional que representa a Fernanda, quien afirma: “No sólo siento que Parisí se ha burlado de mí, siento que voy sufriendo muchas burlas de todos los demás”.

El funcionario judicial tenía quienes lo protejan: el médico Jorge Luis Gil visitó el 25 de noviembre –el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias machistas- a Fernanda para ofrecerle 4660 dólares y pasajes a Colombia y México, con el objetivo de que cambie la denuncia, y afirme que ella inició la agresión. Al teléfono estaba otro amigo de Parisí, Juan Pablo Ortega, el relator de la Corte de Justicia sanjuanina. Lo puso en altavoz. La mujer denunció esta intromisión en su casa, y esto les valió a los dos amigos una imputación por encubrimiento, también al agresor, por violar la prohibición de acercamiento, a través de sus amigos. 

¿Cómo siguió esa causa? El juez de Garantías Matías Parrón absolvió a Gil y Ortega por ser muy amigos de Parisí. En términos técnicos, "por el beneficio de la excusa absolutoria". Los fiscales Claudia Salica y Roberto Ginsberg se habían opuesto. También Bedini, el abogado de Fernanda, rechazó esa resolución. "Lo discutí porque esto puede encuadrarse como tráfico de influencias, abuso de poder, coacción", le dijo el abogado a Las12.

En la misma resolución, en relación a Parisí, como la orden judicial que establecía la perimetral no incluía un apercibimiento, se consideró que no había violado la prohición de acercamiento. Tras el escándalo, Ortega renunció en agosto del año pasado a su cargo en la Corte. 

De la agresión original pasó más de un año. Y la causa por violencia de género sigue atrapada en las dilaciones defensistas. "Un año es un montón, cuando acá las causas se resuelven súper rápido por el sistema acusatorio", plantea la denunciante. Justamente, Parisí es un funcionario destacado del poder judicial. Lo sigue siendo, aunque al momento de la última audiencia estaba en uso de licencia psiquiátrica por 20 días. 

Y solicitó, a través de su defensa, que le otorguen la suspensión del juicio a prueba, o probation, además de un resarcimiento económico. "Lo que quiere es que no le queden antecedentes penales y zafar de esa forma. Quiere entregarme 300 mil pesos, en tres veces, como resarcimiento, y hacer unas tareas comunitarias, que él mismo ha dicho cuántas horas quiere cumplir", se indigna Fernanda. El objetivo del acusado es no llegar a juicio. 

El juez de Garantías, el mismo Parrón, rechazó la propuesta, ya que el procedimiento está explícitamente prohibido en causas por violencia machista. Parisí apeló. "El juez aceptó a la apelación, aunque no correspondía y ahora es el juez de impugnación quien tiene a su cargo la responsabilidad de otorgásela o no, y lo hará cuando se cumpla el plazo de 30 días", sigue el relato de Fernanda. 

Lo que se pregunta sobre el devenir de la casa es "por qué esos privilegios. Por qué tardan, lo van corriendo y no lo resuelven". Y asegura que "todos en San Juan dicen lo mismo". Tiene claro que "no le pueden dar la probation. Porque es violencia de género y también porque no hubo acuerdo de las partes". 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Góngora”, para todos los casos de violencia de género, niega expresamente la posibilidad de que se conceda la suspensión del juicio a prueba. Esa resolución, del 23 de abril de 2013, es taxativa. "La concesión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar" los hechos que fueron calificados como "violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de comerternos y de la sanción que, en su casso, podría corresponderle". 

Para aquella Corte, en la que todavía estaban Carmen Argibay y Eugenio Zaffaroni, no llegar a juicio con una medida sustitutiva "implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la Convención de Belem do Pará, para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar" la violencia contra las mujeres. Si bien hay una discusión en curso sobre la procedencia de la probation en estos casos, lo cierto es que Fernanda no está de acuerdo, y que la disparidad de poder e influencia está acentuada en este caso. 

El colectivo Ni Unx Menos acompaña a Fernanda, realizó una manifestación pública frente a Tribunales el día de la última audiencia, en febrero, cuando Benedicto Correa escuchó a las partes. Si el magistrado decide rechazar el pedido de probation, se realizará el juicio.