Desde Santiago

El asesinato de la sargenta Rita Olivares, de un disparo en la cabeza, la madrugada del domingo no sólo golpea a Carabineros de Chile, sino que también al gobierno que debe enfrentar la segunda muerte de un funcionario policial en menos de un mes. A tal punto que el propio presidente Gabriel Boric se comunicó personalmente con los presidentes de la cámara de Diputados y el Senado para acelerar los proyectos de ley de seguridad. La carabinera fue muerta en un enfrentamiento a balazos en medio de un procedimiento policial en la ciudad de Quilpué (a unas dos horas de Santiago).

Boric, que viene llegando de una gira internacional, se ha tomado el hecho como algo personal, al punto de suspender todas sus actividades y viajar hasta Quilpué, conocer a los compañeros de la carabinera fallecida. También ha debido asumir las críticas de la oposición por su anterior postura, cuando era diputado, de reformar a la policía chilena y por haber indultado a fines del año pasado a los llamados “presos del estallido”, muchos de ellos con causas penales. “Estos pueden ser momentos en los que es fácil tratar de sacar provecho político, pero les aseguro como Presidente de la República que no vale la pena en el largo plazo (…) lo que la ciudadanía nos exige es que nos pongamos de acuerdo, y no (estemos) peleando”.

Falta de recursos

Olivares, 43 años, madre de dos hijos, integraba el conjunto folclórico de carabineros y era una líder nata. Sin embargo, para el operativo, donde hubo más de 30 intercambios balísticos, fue en un auto sin blindaje y se había quedado dentro sin casco. Toda esta situación sólo muestra la falta de recursos y lo sobrepasados que se encuentran los carabineros en el país. Algo que ha ido elevando las tensiones entre la institución y la clase política, pero sobre todo el gobierno.

Porque en Chile, una cosa son las fuerzas especiales, caracterizadas por su brutalidad sobre todo en el contexto de las protestas, y otra muy distinta, los carabineros que siguen siendo muy valorados por gran parte de la sociedad. Eso explica las manifestaciones fuera de la Tenencia El Belloto a la que pertenecía la carabinera y varias manifestaciones tanto en Concepción (donde falleció el carabinero Álex Salazar hace un par de semanas) y en Santiago.

Todo esto contexto, permite entender una de las declaraciones del presidente que llamó la atención: “Personalmente, junto con el subsecretario (del interior) Manuel Monsalve y la ministra del interior (Carolina Tohá), estaré acompañando a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y donde está la autoridad”. Una frase que posiblemente matice o se aclare en el transcurso de los días, ya que un presidente actuando junto a carabineros en enfrentamientos, decomisos o cualquier acción peligrosa sería algo extremadamente delicado.

Quizá se podría interpretar como un intento por demostrar que el gobierno -integrado en su núcleo- por quienes participaron en protestas cuyos cánticos no era muy amigables con la policía, ha aprendido que la única forma de reaccionar ante esta la ola de violencia que invade el país, es por una parte legislando a favor de mejoras para la policía y por otro, ofreciendo apoyo explícito.