El ciclo lectivo en contexto de encierro del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvo dio inicio al ciclo 2023. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, estuvieron presentes en el comienzo de las clases del Programa Educativo en Contexto de Encierro y también inauguraron la Escuela Primaria 701, ‘Islas Malvinas’ y el Centro Educativo de Nivel Secundario 452 ‘Sor Gregoria Tapia’. Actualmente son más de 18.000 las personas privadas de la libertad que cursan estudios en los tres niveles de enseñanza.

Las nuevas instalaciones servirán para atender, según indicaron desde la cartera de Justicia, la demanda que se registra en esa unidad penitenciaria en la que 7 de cada 10 personas privadas de la libertad estudian diariamente. Es una unidad penitenciaria de mujeres. La obra realizada permitió reacondicionar un sector de la infraestructura de la cárcel que estuvo en desuso por 13 años. Se construyeron tres aulas con capacidad para veinte estudiantes cada una, dirección, sala del personal docente, sanitarios y una nueva sala de informática.

El ministro Alak celebró el inicio del ciclo lectivo e indicó que "la educación constituye uno de los ejes centrales del nuevo paradigma penitenciario que impulsamos desde la asunción del gobernador Axel Kicillof, como una herramienta esencial para la inclusión social y la reducción de la reincidencia”. La cartera prevé crear otras cinco escuelas para fortalecer el nuevo paradigma de capacitación, con el fin de que las personas que egresan del SPB puedan incluirse a la vida social con equidad y títulos certificados de validez nacional.

Los nuevos establecimientos educativos del SPB estarán ubicados en las unidades 21 de Campana; 23, de Florencio Varela; 29, de Melchor Romero; 30, de General Alvear y 51, de Magdalena. Esas escuelas comenzarán su camino, según anunciaron, con todo el equipamiento y personal necesario. “Contarán con plantel docente, bibliotecas equipadas con los textos y libros aportados por la Dirección General de Cultura y Educación, y el equipamiento digital indispensable para fomentar la formación cultural y artística y acceder a la sociedad del conocimiento”, destacaron desde la cartera judicial.

“Si el Estado vale para algo es para mejorarle la vida a las personas”, señaló Sileoni y agregó que hay un derecho a educarse, tanto como un derecho a la palabra. “Tómense el permiso de escribir, pensar y soñar”, propuso. En este sentido, afirmó que el Estado bonaerense “va a hacer todo lo posible” para que se cumplan los objetivos.

Desde el ministerio de Justicia señalan que el objetivo del Programa Educativo en Contexto de Encierro es el acceso a la formación integral y la inclusión de las personas que cumplen su condena para contribuir a reducir la reincidencia y mejorar la seguridad pública. El pasado 9 de marzo, la cartera presentó un informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) titulado ‘Penal de Magdalena’ en el que expuso la labor realizada en materia penitenciaria y el descenso de la reincidencia en 20 puntos respecto al 2019. En este sentido, el documento señala que ya son 16 las nuevas alcaidías construidas y 8 las nuevas unidades con 12 mil nuevas plazas para detenidos. A su vez, se desarrollaron programas de formación laboral y oficios, que de los que participan 28 mil alumnos, en un trabajo orientado a la revinculación familiar y al vínculo post penitenciario. En continuidad con la línea de acción educativa, está prevista la instalación de más de 1300 notebooks para aulas virtuales en todos los complejos carcelarios de la Provincia que permitirán digitalizar la educación formal y fortalecer el acceso a cursos informáticos de los y las estudiantes.

La jornada incluyó un operativo de documentación como parte del Plan Documentario en Contexto de Encierro, en el que se tramitaron DNIs. El programa, impulsado junto al ministerio de Gobierno que conduce Cristina Álvarez Rodríguez, garantiza a los internos e internas del SPB el derecho a la identidad y permite acceder a otros derechos como la educación, la salud, y la capacitación laboral. Desde que se implementó, asta política lleva 26 mil documentos entregados en toda la Provincia.

El diputado provincial y presidente del bloque del Frente de Todos, César Valicenti, destacó el anuncio de la construcción del nuevo edificio para el Instituto de Formación Docente N°2 de Azul. “Le acercamos esta demanda al gobernador y es una alegría enorme estar entregando hoy la resolución firmada del llamado a licitación de la obra”, contó el diputado oriundo de Olavarría y agregó que allí "se forman maestros de todos los distritos de la región, con siete carreras de formación docente”.

Participaron también de las actividades, el subsecretario de Inclusión Penitenciaria, Diego Rao; la directora provincial de Educación, Formación Laboral y Documentación, Ana Sanguinetti; la directora de Educación y Formación Laboral, Yamila Olariaga; El director de Documentación e Identidad, Federico Carrique; el director de Fortalecimiento de la Escrituración Social de la Escribanía General de Gobierno, Sebastián Tangorra; la oficial pública del Registro Provincial de las Personas, Andrea Giménez y el subjefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Javier Cáceres.