El Gobierno estudia la posibilidad de suspender la vigencia de la Ley de Alquileres que, a menos de dos años de su puesta en vigor, continúa siendo resistida por el mercado inmobiliario, a través de una reducción de la oferta de inmuebles y estrategias contractuales para incumplir las nuevas condiciones.

Según trascendió, la decisión se habló durante un encuentro entre el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa.

Lo que debe resolver el Poder Ejecutivo es cómo avanzar con la suspensión de la norma, puesta en vigencia en junio de 2020, y sancionada por el Congreso medio año antes. El presidente Alberto Fernández debería firmar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para dejarla fuera de vigencia. 

Entre los puntos más resistidos por los dueños e inmobiliarias es la extensión del plazo de vigencia de los contratos a tres años, la forma de actualización anual del valor de los alquileres, y la aplicación de un índice para establecer esos aumentos.

El Indice de Contrato de Locaciones (ICL) --que publica todos los días el Banco Central (BCRA) en su sitio oficial-- se conforma con la evolución del RIPTE (evolución de salarios y de la inflación).

A pesar de los reclamos de propietarios e inmobiliarias, los alquileres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según un informe publicado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO),  aumentaron más de 110 por ciento interanual en febrero. 

La mediana de los precios de los monoambientes ofertados se ubica en 78.000 pesos al mes, más que un salario mínimo. Así, las subas superaron el Índice para Contratos de Locación, que mostró un incremento interanual de 85,9 por ciento en febrero.

Algunas de las estrategias para saltear el cumplimiento de la norma fue comenzar a ofrecer los alquileres en dólares, a partir de febrero de 2022, o pasar los contratos  a alquileres temporales, donde la ley no tiene injerencia.

Además, los propietarios que ponen su inmueble nuevamente en el mercado, tras la finalización de un contrato, deciden pedir un monto mensual muy elevado para cubrirse de la evolución de la inflación.

A tono con los reclamos del mercado inmobiliario, en junio pasado se debatieron nuevos proyectos de ley en el Congreso. Desde la oposición, Juntos por el Cambio, el Interbloque Federal y Provincias Unidas plantearon volver al plazo de los contratos por dos años; que la actualización de los valores sea pactada entre las partes, con la posibilidad de que sea cada 3 meses; y que los propietarios puedan pedir hasta 6 meses de alquiler por adelantado.

"El dictamen de Juntos por el Cambio es una ley redactada por el mercado inmobiliario para defender sus intereses y para que nosotros una vez más volvamos atrás en una pelea que es justa y que no vamos abandonar", señaló por aquellos días Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados. 

Hasta fines de junio de 2020, antes de ser promulgada la Ley de Alquileres (27.551), el precio se definía cuando se firmaba el contrato, y ese monto total se dividía por los 24 meses de duración del alquiler y, en general, se pactaba con subas semestrales.

Otro de los cambios de la normativa fue que el mes anticipado y el depósito de garantía que deben abonar los inquilinos no pueden ser mayores que el equivalente a un mes de alquiler. En tanto, el plazo mínimo del contrato se amplió de dos a tres años.