Bien entrado el siglo XXI, el peronismo sigue tan presente en la vida de la Argentina como cuando irrumpió, hace casi 80 años. En el campo económico, los dos primeros gobiernos peronistas estuvieron signados por la decisión de que el Estado tuviera una mayor intervención, en sintonía con el clima de la época. Esta concepción se tradujo en mecanismos de impulso explícito al sector industrial, la nacionalización de empresas y la reforma financiera, entre otros instrumentos. No fue, sin embargo, una perspectiva sin contradicciones internas. Cash dialogó sobre algunas de estas iniciativas con Claudio Belini y Marcelo Rougier, colaboradores junto a más de 170 autores, del Diccionario Histórico del Peronismo 1943-1955, editado por Carolina Barry y Samuel Amaral (EDUNTREF).

--¿Cómo impactó la reanudación del comercio internacional, finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la política industrial?

Claudio Belini: Con el proceso de industrialización iniciado una década antes se había duplicado el número de obreros y empleados en la industria. En la posguerra, tanto empresarios industriales como sindicatos temían que la reanudación del comercio internacional destruyera las industrias que habían crecido hasta ese momento. A partir del ‘46, el gobierno de Perón adoptó una serie de instrumentos explícitos para alentar la inversión en la industria, que incluían la política crediticia y el control de cambios.

--Uno de esos instrumentos fue la nacionalización del Banco Central. ¿Qué implicancias tuvo sobre la economía?

Marcelo Rougier: El Banco Central se había creado como entidad mixta en 1935 y hacia los años ’40 se propuso su nacionalización. En ese contexto, en el año ‘44 se creó un Banco de Crédito Industrial para proveer de crédito específico a ese sector. La nacionalización del Banco Central forma parte de una serie de pasos dentro de una reforma financiera más abarcativa, que se combina con la nacionalización de los depósitos. Esto le dio la posibilidad al Estados de orientar la política financiera de manera directa de acuerdo a definiciones más generales de la política económica.

--¿Cómo se concretó la nacionalización de los depósitos?

MR: Tanto los bancos oficiales como los privados tomaban depósitos, pero no los podían usar de manera directa. La orientación del uso de esos depósitos la decidía el Banco Central, que otorgaba créditos de acuerdo con distintas definiciones de política sectorial, priorizando al sector industrial, que recibía créditos con tasas de interés diferenciales. El Banco Industrial, cuya misión era prestar a largo plazo, se quedó sin capital rápidamente, así que este mecanismo logró resolver ese problema de descalce.

--¿Qué adversidades afrontó la transición de la primera a la segunda etapa de industrialización?

CB: A partir de los años ‘48/’49 se produce la primera crisis de balanza de pago de posguerra, que responde al comportamiento de una economía de dos sectores: un sector industrial más dinámico, que crecía a tasas más altas y demandaba divisas, y un sector agrario estancado, sobre todo la agricultura. Ese primer cimbronazo obligó a un replanteo de las políticas crediticias, aunque se creía que el sector externo podía subsanarse rápidamente. Pero en el ‘52 se produjo otra violenta contracción, producto de la caída de la producción exportable y un ciclo de sequías, lo que obligó a las autoridades económicas a pensar una sustitución de importaciones más rigurosa. Concretamente, contener las industrias que ya se habían desarrollado y poner el foco en las pocas divisas disponibles para comprar insumos o maquinarias para las industrias básicas.

Estado empresario

--¿Con qué objetivo se creó la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DINIE) en 1947?

CB: La DINIE surgió fortuitamente cuando, terminada la Guerra, las empresas alemanas en la Argentina tuvieron que ser intervenidas debido a los acuerdos internacionales. La idea del gobierno de Perón era recuperarlas para mantener algunas empresas en sectores importantes, como el metalúrgico o el eléctrico, por ejemplo. Aunque fuera poco común en América Latina en ese periodo, aquí se pensaba en un Estado empresario. La DINE se creó para administrar las fábricas que habían quedado en el país y construir nuevas, pero se encontró con los límites de la disponibilidad de divisas. De manera que no se avanzó en ese plano. Además, hacia los años ’50, Alemania Federal reclamó nuevamente sus empresas.

-- ¿Qué tipo de rol asume el Estado con la nacionalización de algunas empresas de envergadura entre 1946 y 48?

CB: El discurso de Perón en un primer momento apuntó al apoyo al Estado empresario; pero hacia el ‘52/’53 se planteó que el Estado no debía ocuparse de administrar empresas y que éstas debían volcarse a la iniciativa privada. Con esta concepción de Perón convive otra, promovida desde las Fuerzas Armadas, según la cual era necesario tener algunas industrias vinculadas a la producción de insumos básicos en manos del Estado, tales como el acero o los productos químicos y petroquímicos. Lo interesante del peronismo histórico, que se distingue de otros países de la región, es que avanza sobre el sector industrial para suplir la falta de dinamismo del empresariado local. Por caso, la acería Somisa (Sociedad Mixta Siderurgia Argentina) implicaba una inversión millonaria para la época y la rentabilidad era baja en relación al capital invertido. Como  no había ningún interés de los empresarios locales en implantar esa industria, debía hacerlo el Estado.

-- Es que la concepción del Estado empresario no atendía meramente a la rentabilidad.

CB: Claro. Sin abandonar la idea de Manuel Savio, de evitar que los costos sean muy altos, el Peronismo tenía la convicción de que la Argentina debía tener su propia producción de acero. Si Brasil la tenía desde el año ‘41 con Volta Redonda, la Argentina no podía no tenerla.

Crisis

--¿Cuáles fueron los efectos de la crisis del “stop-and-go” sobre las cuentas externas?

MR: La primera manifestación de la crisis del “stop-and-go”, vinculada al propio proceso de industrialización, se dio a fines del año ’48 y principios del ’49. El estímulo al sector industrial vía crédito generó un crecimiento importante de las actividades industriales, así como de las importaciones que requería el sector industrial. En la medida en que el sector industrial crecía, esos insumos y maquinarias que se requerían provenían del exterior. Pero dado que el sector industrial no exportaba, los requerimientos de insumos se cubrían básicamente con las exportaciones del agro. En este contexto, las exportaciones estaban desalentadas por la política de precios, que favorecía a los precios industriales y no a los agrarios. Por eso, las exportaciones se veían limitadas para crecer al mismo ritmo que lo hacían las importaciones de insumos y equipos industriales. Eso desencadenó un estrangulamiento —un cuello de botella— del sector externo y, por ende, una tendencia a una balanza comercial negativa y la pérdida de reservas.

--¿Qué resolución cabía ante este escenario?

MR: Esa crisis del sector externo, a la que se sumaron las malas cosechas de 1949 y 1952, se intentó resolver con políticas favorables al agro a partir del ‘49 y, con más fuerza, después del ‘52. El cambio de rumbo en la política económica se tradujo en políticas crediticias, políticas de precios y políticas del IAPI favorables al agro. Este modelo cíclico, llamado “stop-and-go”, era propio de la industrialización por sustitución de importaciones y se repitió en el ‘55/56, el ‘62/63, el ’66 y el ‘74/75. A partir de 1976, las restricciones externas pasaron a depender del endeudamiento externo.

--¿Cómo se modificó la concepción del Estado empresario luego del '55?

CB: Somisa fue el ejemplo de la concepción de inversión estratégica del Estado. Comenzó como una sociedad mixta: el proyecto original de Manuel Savio era que también la integrara una empresa norteamericana. Si bien Somisa se fundó en el ‘47, la construcción fue muy lenta. Recién en el ‘55 se consiguió financiamiento del Exim Bank y la planta empezó a producir durante el gobierno de Arturo Frondizi. Esa concepción de inversión estratégica del Estado fue revisada a partir del ’55, cuando el informe Prebisch planteó la necesidad de achicar el tamaño del Estado y concentrar la intervención estatal en las empresas necesarias para desarrollar industrias. Es decir, después del ‘55 el planteo fue racionalizar el Estado y privatizar empresas que se consideraban no prioritarias, sobre todo en el sector industrial. Pero no se trataba de una postura liberal sino desarrollista.

--¿Qué diferencia encuentra entre el planteo liberal y el desarrollista en aquel momento?

CB: El informe Prebisch decía que el Estado debía concentrarse en las industrias básicas, como los ferrocarriles, y que en cambio Aerolíneas Argentinas o las empresas de la DINIE ya no estaban vinculadas a los sectores dinámicos. En el gobierno de la Revolución Libertadora había economistas claramente liberales, que pensaban que había que desmontar el sistema de intervencionismo estatal. Pero Raúl Prebisch venía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y su informe mantenía la idea de que había que invertir en ciertos sectores. Somisa era un claro ejemplo. En eso se diferenciaba de Federico Pinedo, que sí era liberal y planteaba que no había diferencia entre producir acero y producir trigo.

Inflación e inversión

--¿Cuáles fueron los factores que activaron la inflación en el peronismo?

MR: A inicios del peronismo, la disparada de la inflación se intentó explicar por los precios internacionales. Allí hubo un mecanismo que no acompañó el crecimiento de la producción. En ese contexto, el desfasaje entre depósitos y créditos solo se explicaba por el incremento de la masa monetaria. Luego, hasta los años ‘50/’51, la inflación de costos se vinculó a los incrementos salariales. Y, por otro lado, se evidenciaban trabas estructurales de la economía argentina, que no podía acompañar estos procesos con el crecimiento de la producción y de la productividad. De hecho, una de las grandes discusiones que surgieron en una etapa posterior versaba alrededor de los aumentos salariales y los incrementos de la productividad del trabajo.

--¿Cómo caracterizan la política de inversión extranjera impulsada por ley 14.222 de 1953?

CB: En consonancia con la expansión de las multinacionales, durante el peronismo surgió la necesidad de financiar el desarrollo con aportes del capital extranjero. Esto tomó fuerza en 1953 con la crisis en el sector externo. Frente a unas exportaciones que se habían estancado en los 1000 millones de dólares de la época, había mucho pesimismo justificado alrededor de la poca capacidad del sector agrario de proveer las divisas necesarias para importar equipos, maquinarias y combustible. Aunque se la pensó como un giro hacia la ortodoxia, la ley de inversiones extranjeras de 1953 era bastante lúcida en los problemas que implica la transnacionalización de la economía.

--¿En qué sentido?

CB: Establecía un régimen de control estatal de la inversión extranjera para evitar la llegada de capitales de corto plazo y, en paralelo, mecanismos para estimular esa inversión hacia ciertos sectores. Por otro lado, la política de giro de utilidades imponía restricciones para asegurar el ahorro de divisas. Y, finalmente, la inversión inicial hecha en maquinarias o en divisas solo podía retirarse a partir de los 10 años desde la instalación de la fábrica. Estos eran algunos de los planteos explícitos que hacía el propio ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales.