Su vínculo con Costa Salguero, bajo la lupa
Otro candidato exigió la declaración jurada de Carmen Polledo
El marido de la segunda precandidata a diputada nacional por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo, es uno de los beneficiados por la concesión del predio en el que murieron cinco personas durante una fiesta electrónica. Quieren saber si la actual legisladora participa de las ganancias de esa explotación y si viola la ley de Ética Pública.

A través de un pedido de acceso a la información pública, el abogado ambientalista y precandidato a diputado nacional por el Frente Sur en Marcha, Enrique Viale, exigió que Carmen Polledo, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de Cambiemos que encabeza Elisa Carrió, y quien preside hoy la Legislatura porteña, haga pública su declaración jurada para determinar el “vínculo y la incompatibilidad de la funcionaria” con la explotación del centro de convenciones Costa Salguero SA, cuya concesión está en manos de una empresa de su marido, Fernando Polledo Olivera.

Además de ser la sede del búnker PRO en todas y cada una de las elecciones en las que participó en los últimos años, Costa Salguero es, en realidad, un predio estatal de 16 hectáreas zonificado como parque, que fue concesionado en 1991 por 30 años a la empresa Telemetrix SA a un precio irrisorio. Viale señaló que la sociedad debe figurar como "bien ganancial" en la declaración jurada de Polledo. "Costa Salguero es el paradigma de los negociados con los espacios públicos", advirtió.

Actualmente, la concesionaria paga poco más de 300 mil pesos por mes y subconcesiona 24 espacios dentro del mismo predio, que le abonan un canon millonario a la empresa. Estos locales funcionaron sin habilitación hasta el año 2010, cuando fueron clausurados por un amparo patrocinado por Viale. “En 24 horas obtuvieron una habilitación express de parte del Gobierno porteño, presidido entonces por Mauricio Macri”, dijo el abogado.

En el mismo pabellón que el PRO utiliza como búnker se celebró la trágica fiesta electrónica de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes, cuya investigación acaba de volver a foja cero con la decisión de la Sala II Cámara Federal de apartar al juez Sebastián Casanello. “El juez venía investigando, venía avanzando. No tengo dudas de que en la decisión pesó el poder político. Estamos hablando de la segunda candidata a diputada nacional. Si Casanello seguía investigando, llegaba a Polledo”, señaló Viale a Página/12.

Para el abogado “cuando habilitaron la fiesta electrónica Time Warp en un lugar inadecuado para ese tipo de actividad, el Estado se cubrió a sí mismo y a los empresarios inescrupulosos”. Viale recordó que la Coalición Cívica, entonces oposición al PRO y hoy parte de Cambiemos, salió a “socorrer a Larreta, bloqueando una comisión investigadora”. “Parece que para la impoluta Carrió y sus discípulos los acuerdos políticos coyunturales son más importantes que la búsqueda de la verdad”. 

La protección  judicial sobre la familia Polledo se extendió a una causa que tramita desde hace casi ocho años en la Justicia porteña, en la que se le ordenó a Telematrix y al Gobierno porteño a brindar acceso público al Río de la Plata. Recientemente, el juez subrogante Martín Converset declaró la “caducidad de la instancia judicial”  y dilató el cumplimiento de varias sentencias que obligan a la empresa y al Gobierno a cumplir con la construcción de un camino costero público.

La declaración jurada de Polledo también esclarecería si la candidata ha blanqueado o no su participación en una offshore radicada en Panamá, Rank International Corporation, abierta por el estudio Mossack Fonseca y Asociados, el mismo estudio implicado en el escándalo de los Panamá Papers.