Luego de ocho años de acusaciones, denuncias mediáticas y judiciales, un largo procesamiento y un juicio oral que ayer culminó con el sobreseimiento del ex vicepresidente Amado Boudou. El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) lo favoreció al entender que se produjo la prescripción de la causa en el juicio por la falsificación de papeles de la transferencia de un auto cuando determinaron que la principal implicada en la causa, la titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, María Graciela Taboada de Piñero, resultó absuelta.

En rigor, los jueces Gabriel Eduardo Vega, José Antonio Michelini y Adrián Grünberg no se expresaron sobre la culpabilidad o inocencia de Boudou sino que a partir de que determinaron la absolución de Taboada de Piñero, el resto de los acusados, la entonces pareja del ex vicepresidente Agustina Seguín y Andrés Alberto Soto, el gestor que había realizado los trámites de transferencia del auto, terminaron automáticamente sobreseídos.

Lo curioso de la causa que se inició contra el ex vicepresidente fue que se consideró como el comienzo de una acción delictiva la transferencia de un auto de su propiedad. Lo acusaron de falsear la documentación en 2001 de su Honda CRX del año 1992 que no cambiaba de propietario sino que continuaba siendo de Boudou, quien al abandonar su ciudad natal, Mar del Plata, decidió realizar la radicación de su vehículo en la Capital Federal, donde reside desde entonces. Por lo tanto, al continuar siendo su propietario el ex ministro de Economía no perjudicaba a nadie y, como tal, no podría haber un delito.

Estos datos poco le importaron al fiscal Guillermo Marijuán y mucho menos al juez Claudio Bonadio, quienes avanzaron con la investigación y con el procesamiento contra Boudou. Incluso el gestor Soto admitió que fue él quien llenó los formularios. Es decir que las firmas, los sellos, la verificación vehicular y la declaración de un domicilio inexistente, todo presentado en 2001 ante el Registro del Automotor de Taboada de Piñero, estuvieron en sus manos. La acusación, no obstante, le atribuía la responsabilidad a Boudou por ser el titular del automóvil. Según el dictamen de Marijuan, tanto él como Seguín habrían actuado “coordinadamente” para transferir “de manera irregular el vehículo”.

De todas formas, quedó probado por pericias caligráficas y scopométricas que tanto la letra con la que se llenaron las planillas y las firmas no pertenecen a Boudou y tampoco a Seguín e incluso se determinó que los sellos son falsos. Por lo tanto, habrá que esperar los fundamentos del fallo de los jueces para saber si consideraron que la principal acusada, la titular del registro Automotor, sabía de la maniobra o que no se enteró. Es muy factible que los jueces se hayan inclinado por esta última posibilidad ya que fue absuelta.

Ayer, ante el tribunal y previo a que emitiera su dictamen, Boudou habló y aseguró que “nada quise ocultar, nada quise esconder. Lo único que yo quise fue que la situación registral de un automotor que yo poseo hace más de 20 años reflejara los hechos de la realidad. Nada quise ocultar, nada quise esconder, muy por el contrario”. “No hubo riesgo ni perjuicio real a terceros”, agregó el ex vicepresidente frente a los jueces, antes de reiterar su condición de inocencia.

Por la tarde Boudou regresó al tribunal para escuchar el veredicto junto a sus abogados Jacobo Grossman y Martín Magram. Cuando los magistrados anunciaron su sobreseimiento el ex funcionario hizo un esfuerzo para que su rostro no expresara una lógica alegría. Luego, ya en los pasillos de Tribunales se abrazó con sus representantes legales y los amigos que lo acompañaron pero prefirió no hacer declaraciones ante la prensa que allí lo esperaba.

La causa contra Boudou duró ocho años y sin duda formó parte de la batería de investigaciones de neto sesgo político que se realizaron contra funcionarios del entonces gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los fundamentos del fallo se conocerán la próxima semana. La fiscal de la causa, Stella Maris Scandura, quien había solicitado una pena de tres años, ya anunció que apelará el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal. El ex vicepresidente tiene abierta la causa sobre la ex Ciccone Calcográfica, donde está acusado de los delitos de “cohecho” y “negociaciones incompatibles con la función pública”.