“Ahora quisiera que mi hija pudiera reencontrarse con sus hermanos. Y si la pregunta es qué es lo que yo quiero, es volver a tenerlos conmigo. También lo que quiero es poder verlos y que sepan que yo nos los abandoné, que no quise que los dieran en adopción, que nunca bajé los brazos. Solo quiero que sepan eso. Desde que tengo mi libertad no paré de reclamar ver a mis hijos y antes de salir, cuando aún estaba detenida, también peleé”. Quien habla es Roxana, una mujer de 34 años, madre de dos hijos y dos hijas, que hoy solo convive con la mayor y la más chiquita. A los dos varones, los del medio, que hoy tienen 12 y 11 años, no los ve desde que se la llevaron presa. Ellos fueron dados en adopción sin su consentimiento, habiendo ofrecido familiares que podían tenerlos a su cuidado y en contra de la voluntad de los niños que siempre quisieron volver con su madre. Roxana no es la única mujer presa a la que le sacaron los hijos. La organización ACIFAD denuncia las consecuencias invisibilizadas de la pena privativa de la libertad. “Roxana pagó con seis años de cárcel, además le sacaron dos hijos, a los que no ve hace diez años y por ahí no los vea nunca más, y a la hija de Roxana le prohíben que vea a sus hermanos. Entonces ¿hasta dónde llegan las consecuencias del encarcelamiento y del sistema penal?”, dicen.

Leer el resumen de la causa en la que Roxana reclama por sus hijos genera impotencia y bronca. Es como crónica de eventos desafortunados que no tiene nada que envidiarle a cualquier película de terror. Cada medida tomada por el juzgado es una puerta que se cierra, un obstáculo para el acceso a la justicia, para que a la pena que el sistema penal le puso por haber robado no se le sume otra, la de haberle quitado a sus hijos. Sin embargo, al día de hoy, esto es así. Desde diciembre de 2021 sus dos hijos, L y D, están con una familia adoptiva. El Juzgado de familia número 6 de San Martín, a cargo del juez Alejandro Brissolese, los dio en adopción plena, lo que quiere decir que ya no pueden tener ningún contacto con su familia de origen. Todo esto desoyendo los pedidos de la madre por vincularse con ellos, y luego también los de su hermana Y.

En julio del 2014, Roxana fue detenida por un robo. En ese entonces vivía con Y, L y D en una casa “tomada” en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires; allí también vivía una amiga de Roxana con su hija. Cuando Roxana fue detenida, su amiga quedó a cargo de sus hijos e hija, así lo acordaron entre ellas. Sin embargo, al carecer de recursos económicos, en septiembre del mismo año su amiga pidió ayuda al Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la zona, que en 2015 tomó una “medida de abrigo” y dispuso que Y, D y L fueran a vivir a un hogar convivencial.

“Mientras tanto Roxana continuaba privada de su libertad en calidad de procesada, sin estar condenada. Tampoco tenía condenas anteriores, por lo que su Defensora Penal solicitó que continúe el proceso en la modalidad de arresto domiciliario para poder de esa manera estar con sus hijxs. Así, apenas unos días después de llevarse a lxs niñxs al hogar y antes de que se declare legal la medida de abrigo, a Roxana le concedieron el arresto domiciliario”, describe un informe de la Asociación de Familiares de Personas Detenidas (ACIFAD).

El 15 de abril Roxana llegó a la casa de Villa Ballester y se enteró que se habían llevado a sus hijes cuatro días antes. Inmediatamente la Defensora Penal de Roxana notificó al Juzgado de Familia interviniente sobre la nueva situación de Roxana pero el juez resolvió que los chicos siguieran en el hogar.

De vuelta en la cárcel “la comunicación entre Roxana y lxs chicxs fue menos que escasa. Desde la cárcel era difícil y costoso llamar al hogar, sobre todo teniendo en cuenta que en ese entonces no había celulares en las cárceles”, dice el informe. “Roxana sólo quería, con desesperación, que le informasen cómo estaban lxs chicxs y qué pasaría con ellxs, sin embargo no había respuestas. Incluso, en más de una ocasión Roxana llegó a autolesionarse para que la escuchen, quería hablar con su Juez Penal y por eso, tal como ella cuenta, se lesionaba y presentaba habeas corpus todo el tiempo, para que alguien la escuche. Finalmente, consiguió que le designen una Defensora de Familia y comenzó a ser representada ante el Juzgado en el que se encontraba tramitando el proceso originado por la medida de abrigo dispuesta respecto de sus hijxs”, sigue el informe.

En noviembre del 2015, el Servicio Local consideró agotadas las medidas y solicitó al Juzgado que declarase que los chicos estaban en condiciones de ser adoptados. En abril del 2016, un año después de tomada la medida de abrigo sin notificar a la madre, Roxana tuvo la primera audiencia en el Juzgado de Familia. Allí se le informó del pedido de adoptabilidad y ella se opuso y ofreció que Y, D y L fueran cuidados por su tío o la hermana del padre de D y L hasta que ella recuperara la libertad.

Su propuesta no fue considerada y el tiempo seguía corriendo sin que Roxana pudiera tener contacto con sus hijos. En marzo del 2018, Roxana obtuvo otra vez el arresto domiciliario, había tenido una beba en la cárcel, C, y tenía una casa en la que podían ir a vivir. “La Defensora Civil puso en conocimiento del Juzgado y de la Cámara de Apelaciones la nueva situación de Roxana en miras de que le restituyan a lxs chicxs, que aún se encontraban viviendo en el hogar, sin embargo no fue así. Durante el proceso judicial, tal como surge del expediente, en varias ocasiones lxs chicxs fueron entrevistadxs por el Equipo Técnico del Juzgado, incluso por el Juez. En las entrevistas lxs tres manifestaban su deseo de volver con su mamá y si eso no era posible expresaban que querían permanecer en el hogar hasta que ella estuviera libre, negándose a ser incluidos en una familia alternativa”, dice el informe de ACIFAD.

Sin embargo, en marzo de 2019, la Sala Tercera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial San Martín confirmó la medida que daba en adopción a Y, D y L. Un mes después Roxana obtuvo la libertad condicional y solicitó régimen de comunicación y rehabilitación de la responsabilidad parental de Roxana respecto de sus hijos e hija. En simultáneo Y logró comunicarse con su mamá a través de una cuenta de facebook y se enteró que estaba con libertad condicional. Entonces se escapó del hogar y a las horas ya estaban viviendo juntas. Así siguen hasta hoy.

Luego Roxana pidió que su hija pudiera vincularse con sus hermanos, pero tampoco tuvo respuesta del Juzgado, que además rechazó el pedido de restitución de la responsabilidad parental de Roxana respecto sus hijos varones.

A pesar de todos estos intentos de vincularse con sus hijos, el 19 de diciembre de 2019 D y L comenzaron a vivir con sus futuros adoptantes. Y finalmente el 7 de diciembre de 2021, el Juez resolvió la adopción plena, es decir, pudiendo optar por resolver una adopción simple, que permitiría que Roxana e Y pudieran vincularse con D y L, optó por una plena, que, como dice el artículo 620 del Código Civil y Comercial de la Nación “confiere al adoptado la condición de hijo y extingue los vínculos jurídicos con la familia de origen…”.

Por otro lado, Y pidió ayuda a la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, a cargo de Marisa Graham, ya que a pesar de que le viene pidiendo al Juzgado tener contacto con sus hermanos, se lo deniegan. En ese marco la Defensoría presentó un amicus curiae acompañando el pedido de Y. "En principio la Cámara dice que no corresponde porque el amicus curiae no está regulado para estos casos en provincia, algo técnico, pero le pide instrucciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para ver la modalidad a seguir. La cuestión de fondo es que se escuche el principio de no separar a los hermanos. Una hermana tiene todo el derecho a ver a los hermanos", dijo Graham a este diario.

-¿Cómo estás y cómo está tu hija sin poder ver a tus hijos y ella a sus hermanos después de tantos años? -le preguntó Página/12 a Roxana.

-Yo destrozada, con un dolor inexplicable, no hay día que no nos acordemos, cualquier cosa que nos recuerde a ellos como una película. Algún otro nene que se parezca o haga cosas como algunos de ellos nos trae nostalgia. Siempre hay algo que nos hace lagrimear, pero tenemos fe que ya los vamos a ver.

-¿Cómo te sentís en relación a que teniendo opciones para que tus hijos sean cuidados y criados por familiares, el juzgado haya dado en adopción a tus hijos?

-Siento que, como todo en esta vida, por ser pobre y no tener recursos pueden hacer lo quieran. No tuve derechos para él (el juez), aunque sé que el error fue mío lo reconozco, pero el día que yo recuperé mí libertad mis hijos estaban en el hogar, todavía no se habían vinculado con ninguna familia y aún así él los dio en adopción.

Adopciones no consentidas de madres encarceladas

Según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP 2021), en 2021 la población penitenciaria estaba compuesta por 97.095 varones, 3.998 mujeres, 151 mujeres trans y 23 varones trans. Es decir que las mujeres presas constituyen el 3,9 por ciento de las personas detenidas en el país. Se contabilizaron en el mismo año 68 casos de mujeres que vivían con sus hijos e hijas en establecimientos penales.

La investigación “Más allá de la prisión: Paternidades, maternidades e infancias atravesadas por el encierro”, realizada en por la Procuración Penitenciaria de la Nación, ACIFAD, la oficina Regional de Church World Service (CWS) para América Latina y el Caribe, y con el apoyo de UNICEF, en Argentina, dice que la población privada de libertad y la cantidad de familiares de presos y presas viene aumentando año tras año. En 2019 se estimaba que había cerca de 146 mil niños, niñas y adolescentes con al menos un padre o madre detenidos. Otra investigación de 2021, “Las múltiples vulnerabilidades que afectan especialmente a NNAPES”, de la Universidad Católica Argentina y la CWS, habla de 217 mil niñas, niños y adolescentes en esa situación.

Ese contexto enmarca la historia de Roxana. En el 2020 Roxana se comunicó con ACIFAD y pidió ayuda para encontrar a sus hijos. En la organización por esos días empezaron a recibir llamados de mujeres en situaciones similares, entonces en 2020 armaron una “Comisión de adopciones no consentidas de madres encarceladas”. Recibieron unas 30 consultas de situaciones no todas exactamente iguales. “Sí que pierden el contacto con sus hijos y los quieren ver. Alguien corta el vínculo y ellas los quieren ver. Hay otro caso que es de una madre que sí consintió porque la jueza le dijo: “ si vos aceptás la adopción yo lo doy en simple, si no aceptás lo doy en plena”. Entonces ella consintió, sigue en cana y es la única que está pudiendo tener un vínculo con sus hijos, que igual está complicado porque el juzgado de familia le dice que ya no puede garantizar el espacio para que se mantenga el vínculo y como la familia adoptiva no quiere llevar al nene a la cárcel, hay que ver cómo se va a hacer para mantener. En todo caso que el defensor penal pida una salida extraordinaria una vez por mes y pueda salir a verlo”, contó a Página/12 Lucina Buzio, integrante de ACIFAD. Pero mantener el vínculo es complicado: “Yo digo que le den una salida extraordinaria, y el Servicio Penitenciario no tiene ni móviles para garantizar el traslado. Es que el Servicio Penitenciario está pensado para varones. Esto de encarcelar a mujeres, de no darles los arrestos domiciliarios, que sean mujeres que no tienen donde sostener ese arresto, que sean madres…ejercer la maternidad o la paternidad desde la cárcel es muy difícil”, apuntó Buzio. Lo cual es más preocupante aún si se tiene en cuenta el número de niñas, niños y adolescentes que tienen padres o madres detenidos.