Dora Bernárdez, abogada por la masacre de Monte: "Llevamos cuatro años de intimidaciones" 

La madrugada del 20 de mayo de 2019, Gonzalo Domínguez (14), Rocío Guagliarello (13), Camila López (13) y Danilo Sansone (13), fueron a la plaza principal del pueblo, esa que nadie llama por su nombre, Adolfo Alsina. Era "su" lugar, el punto de encuentro donde los de su generación se juntaban a charlar, rapear o, simplemente, estar. Más tarde se les sumó Aníbal Suárez (22), el amigo grande y con auto. Les propuso dar una vuelta en su 147, que había comprado apenas dos meses antes.  Aceptaron enseguida, sin imaginar que serían perseguidos y baleados por dos móviles policiales, que producto del impacto de bala Aníbal perdería el control del vehículo y chocaría contra un camión y que, luego del choque, los policías se acercarían a rematarlos. Ese hecho, el cuádruple homicidio, la masacre de Monte, es juzgado por estos días. Dora Bernárdez es la abogada querellante en representación de las familias Suárez y Domínguez.

“Soy de Monte, de toda la vida”, es lo primero que dice Dora Bernárdez, a quien en su pueblo todos llaman Dorina. Tiene 49 años, se graduó en la UNLP y es la abogada de los familiares de Gonzalo Domínguez y Aníbal Suárez, porque, aclara, “soy amiga de Susana Ríos, la mamá de Gonzalo. Estaba con ella esa noche”. Tal vez por esto, Dora no suena como la abogada de dos familias sino como la de todo un pueblo al que, en una noche a la que todavía no le encuentran explicación, le robaron la inocencia, la tranquilidad.

“Lo primero que recuerdo son vecinos llegando a la casa a los gritos”, cuenta. Eso y que, la primera vez que tuvo acceso a la causa no podía creer el nivel de encubrimiento. “Por eso hay dos causas paralelas: una por homicidio cuádruple doblemente agravado por uso de arma de fuego y por la condición de policía y otra por el encubrimiento posterior, con 19 imputados”. 19 es casi todo el personal de la comisaría de aquella noche. Lo que más le duele, es que muchos de ellos eran del pueblo.

“Somos un pueblo campero”, dice todavía con un dejo de orgullo. “Esto no es el conurbano, no hay inseguridad. Menos en Montemar (N de la R: el barrio donde ocurrió la masacre), que es una zona muy humilde. Se podrán robar una garrafa de vez en cuando, nada más”, dice como para graficar el shock colectivo que representó para ellos la noche del 20 de mayo de 2019. “Apenas tuve contacto con Lisandro Damonte, de la Ayudantía Fiscal, me miró y me dijo: esto no es un accidente, es otra cosa”, rememora.

Aprietes

Cuenta que los testigos tuvieron problemas con la policía desde el primer minuto. “Declaraban haber escuchado disparos de arma de fuego y les cambiaban la declaración, les escribían en las actas que eran contraexplosiones de motos o fuegos artificiales. Como se negaban a aceptar, los amenazaban, les retenían el documento”. Los policías negaron sistemáticamente haber disparado, hasta que los informes de las pruebas balísticas dieron por tierra con su versión. "A uno de ellos, las cámaras de seguridad lo muestran disparando, pero el decía que lo que tenía en la mano era una linterna", recuerda.

A otra vecina de la zona cercana al choque, la fueron a ver a su casa, para intentar desviar su testimonio. Ella estaba sola, con su pequeño nieto en brazos. Al cabo de una conversación muy tensa, recuerda que le preguntaron "¿pero usted vive sola acá?". Dora cuenta que la señora nunca más pudo sacarse esa pregunta, en tono amenazante, de su cabeza.

“Lo que hubo acá”, sintetiza, “fue un vademecum de delitos de gravedad institucional. El encubrimiento llegó al nivel de la policía científica. Por eso el fiscal retiró a la policía bonaerense de la investigación y se la encargó a gendarmería. Hasta hubo que desenterrar un cuerpo porque la autopsia de la policía no era confiable”.

Desde entonces, muchas casas del pueblo tienen custodia permanente. De Gendarmería, claro. “Los familiares y los testigos hace cuatro años que viven con un gendarme parado en la puerta de la casa. Los amenazaron, los intimidaron. Pasaban por delante con el móvil, despacito, mirando para adentro, una vez, otra vez, y otra”, relata. Esas presencias incorporadas al paisaje, esas marcas verdes, son las que recuerdan, junto con el mural en memoria de las víctimas, en la plaza en la que solían reunirse, que este pueblo ya no es el que era.

Aunque aún se desconoce el móvil de la furia asesina de los policías, sí está comprobado que siguieron disparando después de que el auto se incrustara debajo del camión semi remolque. Los testimonios coinciden en la secuencia: escucharon 4 disparos, el choque, luego una orden, “quedate quieto”, y por último cuatro disparos más. “Pero en total, yo cuento 11 tiros”, aporta.

Los policías declararon que estaban “persiguiendo unos chorros”. “¿Qué chorros? Pibes que iban al secundario, ninguno tenía un solo antecedente policial. Nada. Y el mayor, Aníbal, era un pibe de trabajo. Hacía poco lo habían despedido de la chanchería y con la indemnización se había comprado ese autito, pero no le había alcanzado la plata para transferirlo. Dos meses antes del episodio, el 10 de marzo, lo detuvieron por los papeles del auto y le sacaron de coima los 4 mil pesos que había juntado para hacer la transferencia”. Con ese auto, un Fiat 147, paseaban por la colectora de la ruta 3, hasta que fueron perseguidos y acribillados por fuerzas policiales.

La masacre ocurrió menos de un año y medio más tarde del origen de la “doctrina Chocobar”, cuando en diciembre de 2017 un policía bonaerense persiguió, disparó y mató a un joven que minutos antes había apuñalado a un turista y recibió una encendida defensa de la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Para Bernárdez, esto es otra cosa.  “Lo de Chocobar puede ser una especie de emoción violenta, exceso o imprudencia. Pero acá hubo un acuerdo previo de cuatro personas para matar.” Los acusados estuvieron en prisión preventiva durante toda la instrucción de la causa.

Lo inexplicable

El móvil del hecho sigue siendo un misterio y ese desconocimiento, fuente de angustia para los allegados. Una de las hipótesis es que los confundieron con otro auto similar, otra es que los chicos en su recorrido vieron algo que comprometía seriamente a los policías. "Es lo que muchos piensan acá", comenta. En estos 4 años, ninguno de los imputados confesó al respecto.   

El juicio por jurados comenzó el pasado lunes 8 y se extenderá hasta el próximo miércoles 17. Los jurados, según la ley, son convocados por sorteo entre los habitantes de los pueblos vecinos y alrededores de La Plata. Son 18 en total, 12 titulares y los 6 restantes suplentes. El proceso está a cargo de la jueza Carolina Crispiani, titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de La Plata y el fiscal es Mariano Sibuet. 

También actúan como querellantes el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires fue incorporada como amicus curiae. El otro juicio, por encubrimiento agravado, no tiene aún fecha fijada. 

“Esperamos que los condenen por homicidio cuádruple y tentativa de homicidio por Rocío Quagliarello, la única sobreviviente", dice la abogada. "Los de menor rango intentaron alegar algo así como obediencia debida, pero la verdad es que no aplica, porque los protocolos policiales son claros. Si alguien comete un delito flagrante, deben impedirlo y detenerlo, aunque sea otro policía, aunque sea el superior”. 

Monte es un pueblo chico, de 24 mil habitantes, a sólo 110 kilómetros de Buenos Aires, pero con un estilo de vida bien del interior, de esos en los que la gente se conoce, los negocios que cierran para la siesta, las fiestas populares son de a caballo y persiste la costumbre de tomar mate frente a la laguna. Esa paz es la que no se restablecerá sin justicia.