Teoría y práctica
Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno.Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno.Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno.Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno.Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno.
Adolfo Pérez Esquivel, investigado por el gobierno en relación con los mapuches, extremistas kurdos y el anterior gobierno. 

Pablo Noceti fue defensor de los militares Naldo Miguel Dasso, Juan Ignacio Alemán, Miguel Galeano, Héctor Amarillo, Horacio Alberto Goris, Gonzalo Jaime López Belzue, Jorge Echeverría y Antonio Osvaldo Larocca, procesados por las desapariciones forzadas de Jorge Emilio Papetti, Julio Solaga, Sixto Zalazar y Mario Valerio Sánchez en el área de seguridad de Concordia, Entre Ríos. La Cámara Federal de Paraná rechazó por unanimidad los argumentos de la defensa de que se considerara inconstitucional la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. También defendió al teniente coronel Fabio Carlos Iriart, ex comandante de la subzona militar 14 en La Pampa. Noceti sostuvo que los procesos eran la “legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político”. Argumentó que su procesamiento por 31 privaciones ilegales de la libertad y 26 tormentos se basaba en “ligerezas e imperdonables desprolijidades” y que en el juicio “la verdad material interesa muy pero muy poco” ya que se trata de “la legalización de una venganza, estructurada y diseñada en el poder político, desde el cual se pretende hacer un uso extorsivo del poder judicial al servicio de inconfesables intereses”. Agregó que el Poder Judicial se ponía al servicio de los “nuevos vientos políticos”, con “poco interés en respetar la Constitución y el debido proceso”. Concluyó que en esos juicios en los que el poder político manipulaba al judicial “la conclusión a la que habrá de arribarse en el futuro es la venganza y el encarcelamiento de los imputados” con “violación de las reglas elementales del proceso”. También atacó la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y sostuvo que la ley del Congreso que declaró la nulidad de la obediencia debida y el punto final “debería avergonzar a todos los juristas serios de la República”. Sus argumentos fueron rechazados e Iriart sólo evitó el juicio porque los dictámenes médicos dijeron que no estaba en condiciones de enfrentarlo. Durante la gestión de Patricia Bullrich tuvo a su cargo liquidar el área del Ministerio de Seguridad que relevaba información de las fuerzas federales que pudiera servir en apoyo de los procesos por crímenes de lesa humanidad. Como defensor de represores, Noceti formuló la reivindicación teórica de la política de desaparición forzada de opositores. Con Santiago Maldonado, realizó su primer trabajo práctico en la materia.