A ocho años del 3 de junio de 2015, en que los movimientos feminista y de mujeres dijeron “basta” a la violencia por razones de género dando lugar al surgimiento del movimiento #Niunamenos, las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+ que atraviesan situaciones de violencia y piden ayuda a la justicia todavía se encuentran con muchísimas trabas. Según una investigación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, algunos de los principales obstáculos para el acceso a la justicia son la demora excesiva en la respuesta de la justicia, la falta de investigación o archivo de las causas y el maltrato por parte de funcionaries judiciales. Incluso identificaron connivencia entre funcionaries judiciales y varones denunciados por violencia.

El estudio, cuyos datos son provisorios, se realizó a través de la confección de una encuesta en el que se incorporaron los principales fenómenos en los que el Programa Acercar Derechos (PAD) interviene en materia jurídica en todas las provincias del país y fue presentado. El PAD es una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia a través de acompañamiento integral e intercultural en todo el país y funciona desde hace dos años.

El relevamiento, de alcance nacional, consistió en una encuesta en la que se incorporaron los fenómenos más relevantes en los que el PAD interviene en materia jurídica. Cada respuesta del relevamiento fue elaborada sobre la base de la experiencia en casos concretos.

Según el estudio, los principales obstáculos en el abordaje de las violencias son:

Violencia física

El 86 por ciento fue por demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia; el 70 por ciento por falta de investigación o archivo de causas; y el 48 por ciento por la fragmentación de las causas e incomunicación entre diferentes jueces/juzgados. También se relevó maltrato de mujeres y/o LGBTI+ por parte de funcionaries judiciales en un 44 por ciento; connivencia entre funcionaries judiciales y varones denunciados por violencia en un 30 por ciento. "Esta situación se verifica de manera más notoria en localidades más pequeñas y con menor cantidad de habitantes”, dijo a este diario Florencia Sotelo, directora nacional de Fortalecimiento del Acceso a la Justicia en Casos de Violencia por Razones de Género, Ministerio de las Mujeres. También se relevaron sentencias contrarias a los derechos de mujeres y/o LGBTI+ en un 28 por ciento y que no se convoca ni consulta a la víctima antes de dictar la suspensión de juicio a prueba (Ley de Víctimas) en un 26 por ciento.

Medidas de protección

Cuando una mujer denuncia violencia de género la justicia toma ciertas medidas de protección para impedir que la violencia se repita. Según la encuesta, en el 82 por ciento de los casos se dictan medidas, pero no son efectivas y persiste la situación de violencia; en el 78 por ciento, la víctima debe solicitar e impulsar la prórroga o una nueva orden cuando se vencen las medidas; en el 54 por ciento existe escasez y/o ausencia de dispositivos.

Además, hay nuevamente una demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia en el 50 por ciento de los casos y también se repite el maltrato de mujeres y/o LGBTI+ por parte de funcionaries judiciales en un 28 por ciento.

No se adoptan medidas de protección más efectivas (exclusión del hogar del agresor, alimentos provisorios, secuestro de arma reglamentaria u otras) en un 48 por ciento. Hay una fragmentación de las causas (distintas causas sobre una misma situación de violencia) e incomunicación entre diferentes jueces/juzgados en el 48 por ciento de los casos, así como mal funcionamiento de los dispositivos electrónicos (botón antipánico, rastreadores con geolocalización que se les dan a víctima y victimario) en el 30 por ciento.

Causas de alimentos

En las causas de violencia de género suele haber niñas, niños y adolescentes de por medio, por lo que el pago de la cuota alimentaria ante la separación de los cónyuges debe ser fijado por la justicia.

Según el informe, en este tema los principales problemas son que en el 76 % de los casos las sentencias no se respetan; en el 74 % hay una demora excesiva en la respuesta del sistema de justicia; en el 66 % las sentencias fijan montos insuficientes y/o que no contemplan actualización periódica.

Otro de los problemas es que en la mayoría de los casos (92 por ciento) las defensorías civiles no patrocinan gratuitamente a mujeres en causas de alimentos, lo que empobrece todavía más a mujeres y las expone a situaciones de violencia al tratar de conseguir una cuota alimentaria que le permita mantener a sus hijes (que también son, en la mayoría de los casos, hijes del agresor).

“Los resultados coinciden en que los sistemas de administración de justicia son ineficaces para contener y dar respuestas a mujeres y LGBTI+ que están atravesando o han atravesado situaciones de violencia de género”, señaló Sotelo.

--A partir de este diagnóstico ¿cómo piensan mejorar el acceso a la justicia de las mujeres y personas del colectivo lgtbiq+? --le preguntó Página/12.

--En primer lugar, recordar que en nuestro sistema constitucional vigente, es responsabilidad primaria del Poder Judicial garantizar el acceso a la justicia. Desde el MMGyD creemos fundamental fortalecer y profundizar las acciones del Programa Acercar Derechos a través de la ampliación de los equipos profesionales para dar respuesta a la enorme demanda que recibimos en todo el país. A pesar de que suele ponerse el acento en la necesidad de abogades, la información cuantitativa disponible nos muestra una mayor demanda de acompañamiento psicosocial (de espacios terapéuticos tanto grupales como individuales). El fortalecimiento subjetivo es una condición necesaria y fundamental para el acceso a la justicia. También entendemos que es clave la ampliación del Cuerpo de Abogades a todo el territorio nacional con el objetivo de garantizar el patrocinio jurídico gratuito en las causas de alimentos. Pero nada de esto será suficiente si no se modifican las lógicas de funcionamiento de los poderes judiciales, si estos no abandonan las prácticas burocráticas que reproducen la violencia y revictimización. Necesitamos sistemas de justicia que brinden un trato digno y respetuoso a familiares y víctimas de delitos, y que den respuestas comprometidas y efectivas en cada caso.