A nueve días de la desaparición de Santiago Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, y la fiscal del caso Silvina Ávila no tomaron declaraciones testimoniales a quienes presenciaron los hechos porque “tienen temor de lo que pueda pasarles si van a la comunidad”. Así se lo expresaron a la delegación que los visitó integrada por Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo (LF), Roberto Cipriano García y Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Además, ante el reclamo de que la Gendarmería deje de estar apostada en la zona del Pu Lof Cushamen, lo que implica un control constante sobre la comunidad mapuche, los funcionarios respondieron que no ven mayores “problemas” al respecto.
La Madre de Plaza de Mayo y sus compañeros de la CPM llegaron el martes a Bariloche y ayer viajaron temprano a Esquel para entrevistarse con los funcionarios judiciales, con la propia comunidad mapuche. Hoy visitarán en la cárcel al lonko del Pu Lof, Facundo Jones Huala.
Cipriano García comentó que les dijeron a Otranto y Ávila que “es central para la investigación que se tome declaración a los integrantes de la comunidad mapuche y que para eso hace falta que ellos se constituyan allí con el fin de garantizando la seguridad de esas personas, con identidad reservada”. Y agregó que “a pesar de lo que les expresamos a los funcionarios no están dispuestos a hacerlo, lo cual es muy grave”.
El juez Otranto propuso que organismos de derechos humanos como la CPM y el Centro de Estudios Legales y Sociales medien entre el Poder Judicial y los mapuches para avanzar en la investigación.
