Crece la polémica por la tenencia de perros con posible peligrosidad letal, a raíz de la muerte el pasado lunes de Trinidad, una chica de 15 años  atacada en Córdoba por dos dogos argentinos escapados de una casa en el barrio Estación Flores que después de atacar a la víctima en la calle, entraron a una casa donde un hombre defendió a sus hijos a cuchillazos y los mató.

En declaraciones a Página/12, Celeste Ávila -–rescatista de perros y presidenta de la Fundación Garra en Córdoba-- dijo que la cadena de responsabilidades sobre esta tragedia es larga: va desde el criadero al dueño de los animales: “el origen del problema está en los criaderos que, por razones comerciales, hacen cruzas de razas que son un peligro cuando caen en manos de personas irresponsables que nos les brindan herramientas para socializar y tener todas sus libertades garantizadas para que no constituyan un peligro. Tengo entendido que el dueño de los dogos blancos tiene campos en Catamarca y los llevaba allí a cazar pumas. Como proteccionistas, estamos en contra de los criaderos que además infringen la Ley de Maltrato Animal. Consideramos que estos Perros Potencialmente Peligrosos (PPP) deben ser castrados al nacer, pero no hay una ley que exija eso”.

El factor genético

Para Celeste Ávila, los PPP tienen por un lado, un factor genético: el dogo argentino es una raza usada para cazar jabalíes con mandíbula muy fuerte. Considera que cuando un animal reacciona violentamente, un porcentaje muy alto de la causa tiene que ver con la genética que, además, ha sido manipulada y así potenciarlos físicamente para que hagan ciertas actividades. “El otro 40 por ciento de la causalidad tiene que ver con el tipo de crianza”, plantea la conservacionista de animales: “si hay un instinto genético muy fuerte, es poco probable que vaya a ser extremadamente dócil. Por eso es tan importante la manera en que se los cría y educa. Si vive en un patio sin socializar con personas y otros animales, será menos dócil. La buena crianza implica respetar sus libertades también, como el derecho al paseo y una buena calidad de vida, como no vivir a la intemperie ni atados. No son objetos de defensa o de alarma, sino sujetos de derechos”.

La legislación canina

Córdoba tiene la Ley Provincial 9685 que regula la tenencia de perros PPP y establece una pena máxima para los dueños, ante potenciales daños por sus mascotas, de cinco días de prisión. Según Ávila, “la ley está muy por debajo de la realidad del peligro; habla de manera tenebrosa de los perros, pero la pena es un chiste; establece que no pueden circular sueltos y que deben llevar bozal. Pero el Estado no controla el cumplimiento. Nosotros le exigimos al gobierno la regulación de los criaderos; no se puede pretender extinguir a los PPP de una día para el otro; eso va a ser muy difícil. Pero sí comenzar una regulación y obligar a que todos salgan del criadero castrados y que el comprador esté obligado a contratar un seguro contra terceros. Además debe tener de por vida, un adiestrador que sea especializado en PPP. El criadero debería registrar a cada cachorro como ya dicta la ley y al venderlo, debe traspasar la tenencia al comprado para que esté siempre registrado y haya un historial. Hay perros que pueden tener defectos genéticos, como dolores crónicos, lo cual los hace más agresivos. Eso se tiene que controlar también con estudios permanentes. Esto tiene que ver con las cruzas que hacen ciertos criaderos, que tienen resultados aberrantes”.

Soluciones de fondo

Desde la Fundación Garra –que rescata perros y luego les busca una familia que los adopte— dicen que “el proteccionismo está muy compungido por la muerte de la niña” y reclaman que el Estado se haga presente. Ávila evalúa que “en la sociedad está habiendo un cambio de paradigma acerca de la tenencia y cuidado de los animales, y el punto a focalizar es la irresponsabilidad del dueño, porque el animal es consecuencia de la acción humana. Ojalá este hombre reciba una condena ejemplar y que el Estado empiece a legislar y controlar. Estamos muy cansados de rescatar animales agresivos que ya no tienen posibilidad de ser reinsertados por la pésima crianza que tuvieron, por el daño que les hicieron. Muchos son criados como animales de pelea. Pero son animales sintientes y con derechos. El hecho es que como sociedad, no estamos preparados para tener a esta clase de perros y ya tenemos demasiados casos trágicos, no podemos tenerlos en el mercado como a cualquier raza, porque sus dueños no cumplen con los requisitos y condiciones necesarios. El primer paso es cerrar los criaderos, después castrarlos de una manera no dolorosa y registrar a los que queden para que el Estado pueda hacer un seguimiento de cada uno de los casos hasta que se extingan”.