El Estado argentino se escudó en la independencia de los tres poderes para comunicarle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no cumplirá con su sentencia en el marco del caso Fontevecchia. Fue durante una audiencia de seguimiento del cumplimiento del fallo que, en 2011, ordenó a la Nación tanto restituirles a dos periodistas de la revista Noticias el costo jurídico y las indemnizaciones que debieron pagarle al ex presidente Carlos Menem tras ser condenados por la Justicia argentina por violar su intimidad, como dejar sin efecto las condenas civiles y sus consecuencias. A pesar de las insistentes preguntas de los jueces interamericanos, los representantes del gobierno nacional no aportaron datos concretos: estimaron que “a la brevedad” llegaría un decreto presidencial para concretar los pagos, mientras citaron el fallo con el que la Corte Suprema de Justicia argentina consideró opcionales las órdenes provenientes de la Justicia internacional para excusarse en que “no corresponde al Poder Ejecutivo en ninguna circunstancia sustituir la competencia atribuida constitucionalmente al Poder Judicial”. Desde la Corte Interamericana advirtieron que la división de poderes no es excusa. “Nos están diciendo que el Estado argentino no va a cumplir con la sentencia de esta Corte”, concluyeron los supremos regionales, ante lo cual los representantes del Ejecutivo asintieron. 

El asesor de Asuntos Internacionales en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Ciro de Martini, fue el encargado de leer la explicación de cómo el país estaba cumpliendo con la sentencia de la Corte Interamericana que, en 2011, favoreció a Jorge Fontevecchia y Héctor D´Amico. Lo acompañaron funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de Cancillería. Por las víctimas, expusieron el director del Ärea de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, Diego Morales, y el asesor del consejo directivo de ese organismo, Damián Loretti. Por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron su presidente, Francisco Eguiguren, y el relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza. 

“Tenemos pocos elementos novedosos”, evaluó el presidente de la Corte Interamericana, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, cuando las partes culminaron sus exposiciones. Es que, tal como recordó el CELS, el Estado argentino no retribuyó a las víctimas lo planteado por la Corte, mientras que la condena civil que les recayó sigue en pie.

“Estimamos será a la brevedad”, apuntó De Martini respecto del pago a las víctimas, que a seis años de la sentencia de la Corte regional sigue sin concretarse. En cuanto a las condenas, se lavaron las manos valiéndose del principio republicano de la independencia de los tres poderes del Estado y del fallo de la Corte Suprema de Justicia que, en febrero pasado, rechazó la sentencia de su par interamericana y relativizó el cumplimiento de estos fallos por parte del Estado argentino. 

Los jueces preguntaron mucho sobre este punto. Incluso uno de ellos, Eduardo Vio Grossi, advirtió que la separación es “una cuestión de ordenamiento interno”, que para la Corte Interamericana “el Estado argentino es uno solo” y que “la separación de poderes no implica la falta de diálogo entre ellos”. Ese mismo juez le consultó a la delegación si el Ejecutivo había “argumentado o hecho algo más que remitirle la sentencia de esta Corte a la suprema de su país”. La respuesta de De Martini fue: “Le presentamos la sentencia a la Corte Suprema, que es quien actúa en estas cuestiones. El Ejecutivo no va a hacer nada más, no hay posibilidades de hacer nada más”.

Frente a esta cuestión, Morales advirtió que la sentencia de la Corte Suprema argentina “tiene efecto sobre todo el sistema jurídico” nacional y “cercena la autoridad de los órganos del Sistema Interamericano”. El organismo espera que la Corte Interamericana resuelva insistiendo en que el Estado argentino no está cumpliendo con la sentencia y le ordene hacerlo. El presidente de la CIDH solicitó, además, que la Corte Interamericana declare que el fallo de la Corte argentina “es un grave obstáculo para el cumplimiento de las normas internacionales cuyas consecuencias sobrepasan al caso” Fontevecchia. Ese fallo “genera un efecto sistémico regresivo general para Argentina”, apuntó Lanza, quien al igual que Eguiguren expresó su “profunda preocupación por el cambio que puede significar este fallo en la conducta tradicional del Estado argentino en este campo y de la propia Corte Suprema”.