El Comité de Derechos del Niño de la ONU convocó a La Garganta Poderosa para ampliar un informe sobre los casos de violencia policial contra niños, niñas y adolescentes registrados por la organización en todo el país desde diciembre de 2015 hasta junio de este año. “Estos casos exponen la relación entre aparato represivo y los barrios históricamente vulnerados”, aseguró Nacho Levy, referente de La Poderosa, y advirtió que  “si bien siempre hubo una sensación de carta blanca para las fuerzas de seguridad en los barrios, desde diciembre de 2015, se intensificó para peor, ya no es carta blanca sino un protocolo de la ilegalidad”. “Es aplicar en el territorio la mano dura que no pueden conseguir en el Congreso”, denunció Levy y volvió a exigir el tratamiento de una ley de control popular de las fuerzas de seguridad.

La Garganta se sentará frente al Comité en Ginebra el próximo 3 de octubre para presentar en conjunto con el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos, un informe alternativo al que presente el Estado nacional y de allí surgieron las “observaciones finales” del los expertos independientes de la ONU. Los diez casos fueron relevados en el territorio a través del registro de Control Popular de las fuerzas de seguridad, que llevan adelante las 44 asambleas de la organización villera en todo el país en coordinación con el CELS y la Procuvin desde que en septiembre de 2013, Kevin Molina, de 9 años, fue asesinado en Zavaleta, luego de que la Prefectura y Gendarmería liberaran la zona.

Entre los casos que la organización llevará a Ginebra está el de Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, e Iván Navarro, de 18 años, quienes en septiembre del año pasado fueron detenidos arbitrariamente por efectivos de la Prefectura Naval, golpeados y torturados a la vera del Riachuelo. Los jóvenes fueron quienes denunciaron cómo les ordenaron rezar un padre nuestro por sus vidas mientras les apoyaban un revólver en la cabeza frente a la Iglesia de Caacupé, la misma que dirige el padre Lorenzo “Toto” De Vedia, quien semanas atrás denunció amenazas de efectivos de la misma fuerza tras denunciar otro caso de gatillo fácil en la 21-24.  

La detención arbitraria de Iván y Ezequiel inició en uno de los controles de “prevención” de la Policía Federal cuando pararon al joven de 15 años para pedirle documentación y luego golpearon a Ezequiel, cuando intentó intervenir para frenar el verdugueo policial. “No hubo registros de la detención por parte de la Federal, que los dejó en manos de la Prefectura y ellos los amenazaban con pasarlos a la Gendarmería. Ese es el aparato represivo que funciona dentro de los barrios”, resumió Levy.

El abuso de las fuerzas de seguridad trascendió por la difusión de la organización villera y los organismos de derechos humanos, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, no se pronunciaron respecto a los abusos hasta que un comunicado de Prefectura informó que se había dado “de baja” a los efectivos, proceso denunciado por irregular desde los organismos. Cuando los funcionarios de Cambiemos se pronunciaron, 6 prefectos ya estaban detenidos en el penal de Marcos Paz, donde siguen once meses después, a la espera del inicio del juicio oral por “imposición de torturas y robo con armas”. Sí, robo, porque desnudaron a los jóvenes luego de torturarlos y antes de hacerlos correr bajo amenaza de fusilarlos. Un séptimo prefecto continúa investigado.  

“Las respuestas desde el Estado fueron impresentables, de la misma forma en la que nos habían ninguneado por otras denuncias que no llegaban al extremo de la de Iván y Ezequiel”, apuntó el referente de La Poderosa.  “Podemos discutir cuánto tiempo se pueda tardar en depurar fuerzas que vienen podridas desde hace años, pero si desde el Gobierno no denuncian las irregularidades terminan siendo encubridores como ocurre con Santiago Maldonado”.  

Tres adolescentes y un niño de cinco años en una carreta perseguidos durante diez cuadras por la policía de Santiago del Estero al grito de "¡Tirale a la cabeza, a la cabeza!". Un joven de 14 años golpeado hasta quedar inconsciente por la policía de Córdoba como respuesta al pedido de que no discriminen a un amigo durante una requisa arbitraria. Son otros de los diez casos que presentará La Garganta en Ginebra.  

“Cacheos que no corresponden, allanamientos sin órdenes judiciales, decomiso de drogas de las que no dejan registro, armado de causas y el uso de picana por parte de la Gendarmería y Prefectura; son moneda corriente en nuestros barrios”, advirtió Levy a partir del relevamiento popular que realiza la organización y agregó faltas tan elementales y anticonstitucionales como la recurrente falta de identificación de las fuerzas que operan en los barrios.

“Si bien siempre hubo una sensación de carta blanca para las fuerzas de seguridad en los barrios, desde diciembre de 2015, se intensificó para peor, ya no es carta blanca sino un protocolo de la ilegalidad”, denunció Levy la política de seguridad implementada por Bullrich, quien desde su llegada habilitó el denominado “Protocolo de Actuación para la realización de allanamientos y requisas personales” y puso los Operativos de Control Poblacional Conjunto (OCPC), profundizando una política que había iniciado la gestión del exsecretario de Seguridad Sergio Berni.

“Las fuerzas de seguridad cada vez que detienen a un pibe arbitrariamente, con el aval del Gobierno, ponen en marcha la usina del boca a boca, para infundir el terror y aplicar en el territorio la mano dura que no pueden conseguir en el Congreso”, sostuvo Levy e insistió que así “los pibes son torturados en silencio en forma sistemática como lo fue Luciano Arruga”, caso que fue denunciado en 2010 ante el Comité.

La Garganta llevará no solo denuncias en su exposición sino que insistirá en la respuesta que viene construyendo desde los barrios ante la violencia policial. Un proyecto de ley para el control popular de las fuerzas para que las villas “no sean zonas liberadas ni territorios de abuso de autoridad”, para que “los fiscales reciban otra campana” y para “crear organismos que permitan a los vecinos no pasar por las comisarías, que son las que administran el delito”.