La aparición del nieto 133 impactó de lleno en el juicio que se viene llevando adelante por los crímenes cometidos en las brigadas de investigaciones de Banfield, Lanús y Quilmes durante la última dictadura. La fiscalía y Abuelas de Plaza de Mayo pidieron ampliar la acusación contra siete de los genocidas que están en el banquillo –entre ellos, el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart y el médico policial Jorge Bergés– por la sustracción del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho.

Durante la última jornada del juicio de las brigadas, la auxiliar fiscal Ana Oberlin solicitó ampliar la acusación contra los represores que son parte del debate por una serie de hechos: casos de violencia sexual, torturas y homicidios. Además, anticipó que el Ministerio Público respaldaría el pedido de Abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron los abogados Colleen Torre y Emanuel Lovelli.

El 27 de julio pasado, Abuelas de Plaza de Mayo anunció que había encontrado al hijo que Cristina Navajas parió mientras estaba en cautiverio. Él había buscado conocer su identidad y se había reencontrado con su padre, Julio Santucho, y con tres hermanos. Su hermano Miguel fue quien continuó la búsqueda a la que estuvo consagrada su abuela materna, Nélida Navajas, hasta que murió en 2012.

Cristina Navajas fue secuestrada el 13 de julio de 1976 de un departamento de la calle Warnes en el que estaba viviendo junto con su cuñada Manuela Santucho y una compañera del PRT-ERP, Alicia Raquel D’Ambra. Con ellas estaban los dos hijitos de Cristina, Miguel y Camilo, y el hijo de Manuela, Diego.

Los chicos fueron dejados en el lugar. Cristina le dijo a un vecino el número de teléfono de su mamá y ella fue a buscar a las criaturas. El llanto de Miguel y de Diego se escuchaba desde la entrada del edificio, relató Nélida en una entrevista brindada a Memoria Abierta. La mujer agarró a los chicos y unas pocas pertenencias. Entre esas cosas, se llevó una cartera de su hija en la que encontró unas cartas que le estaba escribiendo a su marido, que había sido destinado al frente internacional del PRT-ERP. En esas notas, le decía que sospechaba que podría estar embarazada.

Las tres mujeres fueron llevadas primero hasta la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF), desde donde Cristina llamó a su mamá para cerciorarse de que los chiquitos estuvieran con ella. Después, las llevaron a Automotores Orletti y, al tiempo, las trasladaron a Protobanco-Puente 12. Cristina, en todos los lugares, dijo que estaba embarazada.

Al Pozo de Banfield llegaron antes de la Navidad de 1976, según declaró en el juicio Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices. Se estima que Cristina tuvo a su bebé entre enero y febrero de 1977. Adriana Calvo y Ana María Caracoche la vieron en abril de ese año, pero ya no estaba con su hijo.

El bebé fue apropiado por un policía bonaerense que integró el circuito Camps. Lo inscribió como nacido el 24 de marzo de 1977 --en una alusión siniestra al primer aniversario del golpe-- y lo anotó en Santiago del Estero, de donde es oriunda la familia Santucho. El apropiador, de 90 años, fue procesado el mes pasado por el juez federal Ernesto Kreplak.

Ahora, Abuelas de Plaza de Mayo reclama que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condene a siete represores por lo que pasó con el hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. La ampliación de la acusación incluyó a Smart, Bergés, Juan Miguel Wolk (responsable del Pozo de Banfield), Federico Minicucci (jefe del Regimiento de La Tablada), Luis Horacio Castillo (policía), Guillermo Domínguez Matheu y Carlos Gustavo Fontana, del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.

“Los responsables del cautiverio de Cristina se han mantenido en silencio durante 47 años”, remarcó la abogada de Abuelas y resaltó que el Pozo de Banfield fue una de las maternidades clandestinas más grandes de la provincia de Buenos Aires.