Todo comenzó por Mercado Libre. Allí, entre los curiosos que buscan cosas totalmente diversas, a la Dirección de Protección del Patrimonio Cultural llamaba la atención que usuario ponga a la venta "documentación oficial histórica", por ejemplo, notas que firmó Julio Argentino Roca para sus ministros. Es que se trataba de manuscritos que, en caso de ser verdaderos, eran poner a la venta un patromonio del Estado Nacional. Tras una investigación judicial, la Justicia allanó el domicilio del sospechoso donde quedó constatado el robo y el hombre fue procesado por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro por la Cámara Federal.

La investigación comenzó tras un “ciberpatrullaje” del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la oficina de Interpol Buenos Aires de la Policía Federal Argentina (PFA), que detectó que un usuario de Mercado Libre ofrecía a la venta “documentación oficial histórica”. "Tras una consulta con el Archivo General de la Nación, una especialista determinó que los documentos cuestionados poseían características de originalidad" y que, en consecuencia, se encontraban dentro del ámbito de protección de la Ley N°15.930, por lo que no debían estar a la venta ni en manos de particulares, expuso el Tribunal de Apelaciones en su fallo.

Qué documentos se vendían en Mercado Libre

El Tribunal de Apelaciones remarcó que los manuscritos "en algún momento de su historia fueron extraídos en forma ilegal de su repositorio original". Según detalló el texto, uno de los documentos, fechado en 1867, es una "nota oficial dirigida al Ministerio de Guerra y Marina Brigadier General Paunero, documento original, con sello del Archivo General de la Armada".

Otro está fechado el 24 de marzo de 1867 y es una "Nota al Sr. Subsecretario del Departamento de Guerra y Marina, firmado por Francisco Seguí, folio original con filigrana y sello del Archivo General de la Armada como así también foliatura".

Un tercer documento corresponde a  "dos folios unidos, fechados en el año 1879, incompletos con firma de Julio A. Roca, originales, con marcas de haber pertenecido a un expediente del cual fueron arrancados", según una pericia incorporada a la causa judicial.

Luego de constatar la originalidad de los manuscritos, la Justicia solicitó a Mercado Libre que facilite los datos referidos al usuario que los ofrecía a la venta, y allí comenzó a develarse una trama de enriedos familiares. 

Según la plataforma de compra y venta, los documentos habían sido publicados por una mujer, empleada administrativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que tenía como domicilio registrado un departamento situado en Balvanera.

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento del departamento vinculado a la cuenta de Mercado Libre para dar con los folios de 1879 firmados por Roca, la nota oficial de 1867 dirigida al ministro Paunero y la nota firmada por el vicealmirante Seguí.

Sin embargo, la investigación dio un giro cuando se descubrió que la mujer no era la responsable de este delito sino su hijo, identificado con las sigas R.J, empleado de la Jefatura de Gabinete. De ello dan cuenta las publicaciones con características similares, realizadas desde dos usuarios, uno a su nombre y a otro a nombre de su madre.

A su vez, los documentos secuestrados "fueron hallados en el domicilio en el que él reside”, según consta en los fundamentos del juez Casanello para procesar al sospechoso.

Al ser indagado, R.J intentó explicó que siempre había tenido “un gusto especial” por los libros y, sobre todo, por la “temática relacionada con la tinta y el papel”. Asimismo, intentó despegarse del delito al asegurar que compró los “documentos históricos originales” en una oferta por internet. Fue septiembre de 2021, dijo, y pagó el equivalente a 20 dólares. 

Luego, según continuó su relato, "después de un tiempo decidió venderlos y los publicó en la Web", pero nunca pensó que podía tener consecuencias penales por eso. Sin embargo, las tuvo: fue procesado, sin prisión preventiva, por encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, puesto que los manuscritos que había puesto a la venta tenían “interés histórico” y no podían estar en manos de particulares. 

Además, se trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 164.700 pesos.

En tanto, los documentos recuperados fueron entregados al Archivo General de la Nación.