Desde Rosario

“Indagatoria y detención” a 31 policías y 5 civiles pidieron ayer los querellantes de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud en la causa por la desaparición forzada de Franco Casco, fondeado en el río Paraná tras haber estado en la comisaría 7ª, hace casi tres años. La teoría del caso del fiscal federal Marcelo Degiovanni y de los abogados de la Asamblea por los Derechos de la Niñez y la Juventud es que el joven que llegó desde Florencio Varela a visitar a familiares del barrio rosarino Empalme Graneros murió por la golpiza que recibió adentro de la seccional, específicamente por un golpe de su cabeza contra la pared, que le hizo perder tres dientes. En la causa se presentó también otro escrito de la querella a cargo de la Oficina contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, a cargo de Ramón, el padre de Franco. Esta querella pidió la indagatoria de 28 personas, en su mayoría funcionarios policiales, con la misma hipótesis y a partir de la “contundente prueba sobre las torturas sufridas por Franco Casco, que fue detenido de manera ilegal, por averiguación de antecedentes”, expresó Nicolás Laino, co-titular de la Oficina. La DGN consideró además que esta desaparición no fue un caso aislado sino que se dio “en el marco de una sistemática violación de los derechos humanos por parte de la policía de la provincia de Santa Fe”. 

Los abogados de la Asamblea pidieron al Ministerio de Seguridad provincial que “cambie de actitud” y analice la situación de los agentes, ya que consideran que hay riesgo de fuga ante la acusación de “privación ilegítima de la libertad seguida de muerte”. Otros efectivos, una médica policial y profesionales del Instituto Médico Legal (IML) están sindicados por encubrimiento. La querella sospecha sobre la autenticidad del cuerpo inhumado para nuevos exámenes. 

El pedido de indagatorias fue presentado al juez Carlos Vera Barros esta semana por el fiscal Degiovanni, para 18 policías y tres civiles. También la Defensoría General de la Nación presentó su propio escrito, con pedido de indagatoria a 28 personas. En tanto, ayer los abogados de la Asamblea hicieron un pedido ampliado para 31 policías (incluido el jefe de la seccional 7ª, Diego Alvarez) y cinco civiles, entre ellos el médico Raúl Rodríguez, dos odontólogos del IML y la médica de policía, María Elena Zelaya. “Además de las indagatorias los querellantes estamos pidiendo privación de libertad para estas personas. Entendemos que se trata de un delito gravísimo, con sobrada evidencia de entorpecimiento de prueba y peligro de fuga”, dijo el abogado Salvador Vera.

En la puerta del Tribunal Federal, Vera detalló: “Entendemos que estos pedidos de indagatoria y detención son un acto trascendente en la causa, porque se trata de un delito gravísimo, cometido por la policía de la provincia, donde torturaron, vejaron y asesinaron a Franco, dentro de un calabozo de la seccional 7ª. Hay sobrada evidencia de esto en la causa, y un estado de preocupación en la familia que tiene que ver con la falta de certeza en relación al cuerpo de Franco, y esto es parte de la responsabilidad endilgada al IML, en el encubrimiento de la violencia policial sobre el cuerpo del chico”, dijo el abogado ante las dudas sobre los restos inhumados para nuevas pruebas, que arrojaron resultado negativo dos veces al ser cotejado con los padres y el hijo de Franco. 

Con el bulevar de calle Oroño copado por miembros de la Asamblea y la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que acompaña a la familia Casco, Vera se refirió a los policías involucrados. “Son 26 agentes que estuvieron de guardia los días 6 y 7 de octubre; y 5 de Asuntos Internos, además de los civiles del IML, el vecino que denunció a Franco –y mintió– y la médica de policía”. Al mismo tiempo exigieron que el fiscal provincial Guillermo Apanowicz se inhiba en la causa que se le abrió a la médica de policía, porque “mintió al decir que había revisado a Franco”. 

En tanto, el fiscal Degiovanni dijo en su presentación que los testimonios recolectados durante la instrucción y demás elementos “certifican que la víctima estuvo detenida en la comisaría 7ª la madrugada del 6 de octubre de 2014. Se suscitaron gritos y golpes que escucharon los internos, por lo que la falsedad de las actuaciones policiales confeccionadas en torno al caso resulta palmaria”, expresa el portal de Fiscales. 

Tal como indicaron ayer los querellantes de la Asamblea, el informe del fiscal dio cuenta de que “la víctima recibió al menos un fuerte golpe en vida que le provocó el desprendimiento de tres dientes”. La misma teoría indica que fue arrojado al río “sin vida”. Incluso, la querella dio cuenta de que había signos de ataduras en las extremidades, por lo que se analizan responsabilidades de personal de Prefectura, que retiró el cuerpo del agua.

“De veinticuatro testimonios de personas que estuvieron detenidas en la comisaría 7ª, se concluye, como dato inocultable y concluyente, que el personal de esa dependencia realizaba –cotidianamente– tratos crueles, inhumanos y degradantes”, señala el portal Fiscales.gob.ar, sobre la investigación fiscal.

La presentación de Degiovanni también apunta al “aporte indispensable de personal de la División de Asuntos Internos, a cargo de la investigación de la justicia provincial” por averiguación del paradero, quienes “desatendiendo indicios concretos con los que contaba la búsqueda, desviaron interesadamente su investigación hacia pistas falsas con el objeto de eludir cualquier posible determinación de responsabilidades funcionales en cabeza de los funcionarios policiales. Los encargados de investigar la desaparición no tomaron medidas de prueba fundamentales en relación a la comisaría, ni analizaron las irregularidades del sumario policial”, expresa.

El cuerpo de Franco Casco estuvo 21 días desaparecido hasta que fue hallado en el río Paraná, el 30 de octubre de 2014. Había sido visto por última vez entre el 6 y el 7 de ese mes en la comisaría 7ª de Rosario, cuando debía estar tomando un tren a Retiro. A la familia le dijeron que había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, que “estaba drogado, como perdido, y que esto lo había corroborado un médico de la policía”, aunque afirmaron que luego fue liberado. Sin embargo, nunca llegó a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, quien falleció hace poco más de un año reclamando justicia. Desde Fiscalía indicaron que “fue la intervención de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) la que planteó el caso como una desaparición forzada de persona y el traslado de la investigación a la justicia federal”.