A más de tres semanas de la última vez que fue visto Santiago Maldonado, la fiscalía federal de Esquel solicitó al juez Guido Otranto “la recaratulación de la causa que ha quedado registrada como expediente 8232/2017 N.N. s/ desaparición forzada de personas, según el artículo 124 del Código Penal”. La fiscal Silvina Alejandra Ávila aclaró que tomaba esta decisión “sin perjuicio de ser la hipótesis delictiva inicial de la causa”, lo cual no se condice con los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sigue afirmando que “todas las hipótesis están abiertas”, ni tampoco con la actividad que hasta ahora desarrollaron tanto el juzgado como la fiscalía. El cambio de carátula había sido solicitado hace diez días por la abogada Verónica Heredia, que representa a la familia Maldonado. Varias de las medidas que la letrada pedía en ese escrito fueron aceptadas por la fiscalía.

Por su parte, Sergio Maldonado confirmó que Ávila les informó en persona sobre la “recaratulación”, así como que “a fin de continuar con las medidas adoptadas en tal sentido solicitó el secreto de sumario por diez días corridos más”.

La iniciativa de la representante del Ministerio Público fue evaluada por una parte de la querella como un “buen mensaje”, sobre todo hacia el gobierno macrista que persiste en una actitud negacionista respecto de la responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Maldonado. “Al menos ahora los funcionarios de Cambiemos ya no podrán negar más qué es lo que se está investigando en la causa”, comentaron a PáginaI12. Cabe destacar que el juez Otranto sigue instruyendo los habeas corpus presentados inicialmente, y es quien ahora debe expedirse sobre el cambio de calificación del delito.

“Se continúa investigando la desaparición forzada de Santiago Andrés Maldonado hecho ocurrido el día 1 de agosto de este año en el marco de tareas realizadas por Gendarmería Nacional como así también de otras conductas disvaliosas en perjuicio de miembros de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Departamento Cushamen que ocupa el predio en conflicto territorial desde el 15 de marzo de 2015”, escribió la fiscal. “Por la gravedad del caso relativo a la desaparición de un joven en el marco de un procedimiento realizado por una fuerza federal es que se impulsaron medidas tendientes no solo a determinar las circunstancias concomitantes a su desaparición sino también a la atribución de responsabilidad de las personas que pudieran ser responsables de su desaparición el día 1 de agosto”, agregó. 

La fiscal describió que “en este contexto se han ordenado medidas de georreferencia tendientes a ubicar a la víctima y a cada uno de los vehículos que pertenece a la fuerza preventora. Se obtuvieron diversas declaraciones tanto en el predio ocupado y testimoniales en esta dependencia”. Ávila aclaró que “también se han solicitado medidas irreproducibles al juzgado federal que, por razones de lógica investigativa no pueden ser informadas”.

Cuando la fiscal dictó en primer término el secreto de sumario adujo que lo hacía por las “filtraciones” que se habían producido a la prensa, cuando por esas mismas horas los medios reproducían el detalle de episodio de Epuyén, donde fuentes del Ministerio de Seguridad ubicaban a un “puestero” que habría apuñalado a un desconocido, dando a entender que esa persona podría ser Santiago Maldonado. Nada dijo ayer la fiscal sobre esas versiones que PáginaI12 y otros medios pusieron en evidencia como falaces y destinadas a desviar el foco de la Gendarmería, tal como sostuvo anteayer la familia. Ávila también se habría molestado con las dependencias de la Procuración General de la Nación, pero ahora anunció que “se encuentran cooperando de forma coordinada diversas dependencias” del Ministerio Público Fiscal. “En efecto, actualmente se cuenta con la activa participación del fiscal general Félix Crous de la Procuraduría de Violencia Institucional, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia y la Dirección de Orientación a la Víctima, conducida por Cristina Caamaño, que ha iniciado su intervención de asistencia a los familiares de Santiago Andrés Maldonado”. Según publicó este diario, la familia ya estaba siendo asistida por una profesional psicóloga.

“En el marco de esta causa, los familiares, como víctimas, se han constituido como parte querellante, han sido informados en forma personal y a través de sus asesores letrados sobre las diligencias impulsadas”, agregó la fiscal Ávila. Y sobre el secreto de sumario que prorrogó, dijo que “dicha medida si bien limita a las partes a tener acceso a la tarea investigativa tiene como principal objetivo minimizar cualquier riesgo que pudiera ocasionar la publicidad de la misma, tanto en su producción como en su resultado”.